Luego de que se “transparentara” el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la obra de la Terminal del Potrero, vecinos y expertos analizaron el estudio y concluyeron que tiene serias irregularidades. Piden una Audiencia Pública correspondiente para tratar estos temas.
A finales de junio empezaron a talar los árboles del pinar ubicado entre El Biguá y la Oficina de Turismo del Potrero, allí quieren construir la terminal de colectivos de la localidad. Pero la obra inició incumpliendo normas ambientales provinciales, nacionales y acuerdos interamericanos.
Según el último relevamiento hecho por EcoPress, en el lugar han talado 63 árboles, veinte de ellos fueron derribados mientras las obras estaban “paralizadas” por las irregularidades ambientales y legales.
Los reclamos son varios, entre ellos la falta de transparencia y el incumplimiento a leyes ambientales. Al inicio, Concejales del Potrero presentaron notas ante el municipio y la provincia solicitando los datos y estudios que respalden la obra, sin respuesta.
Luego, vecinos autoconvocados reclamaron por la tala en el pinar, cortaron parte del circuito de carreras para visibilizar el reclamo. Días más tarde, el intendente se reunió con algunos representantes de la “asamblea en defensa del pinar”, allí dijo que las obras iban a ser paralizadas hasta que se resuelvan todas las irregularidades administrativas y ambientales. Ese mismo día, el Concejo Deliberante del Potrero sancionó una resolución que exige la paralización de la tala hasta que se regularicen todas las anomalías.
En esas semanas en las que las obras estuvieron “paralizadas” se cortaron 20 árboles, según corroboró este medio. Los reclamos principales se dividen en tres ejes: buscar otro predio para construir la terminal con el menor impacto posible, transparentar todos los estudios pertinentes y realizar la Audiencia Pública conforme a lo establecido por la Ley General de Ambiente de la Nación y el Acuerdo de Escazú.
El Estudio de Impacto Ambiental debió publicarse antes de que inicie cualquier desmonte en el lugar, así como la realización de Audiencia Pública. Pero el estudio nunca fue publicado en los canales oficiales, recién luego de más de un mes de reclamos y protestas la Secretaría de Ambiente de la Provincia dijo que quien quisiera podía ir a “realizar observaciones” a Terrazas del Portezuelo.
La semana pasada, haciendo cumplir el derecho al acceso de información pública establecido por la Ley 25.831, este reportero fue a las oficinas gubernamentales a apoderarse del estudio. Luego de más de 40 minutos de hablar con diferentes trabajadores, y citando diferentes leyes y acuerdos internacionales, EcoPress pudo acceder al estudio ambiental, ya que una de las trabajadoras aseguraba “que no me podía llevar el Estudio de Impacto Ambiental, -que- solo se pueden hacer observaciones”, una afirmación mentirosa.
Ante la falta de transparencia, el estudio que debiera estar publicado en la web de la Secretaría de Ambiente de la Provincia o, en su defecto, del Ministerio de Ambiente de la Nación, fue divulgado a la comunidad por este medio, haciendo cumplir el acceso fácil a la información de carácter público y ambiental.
Gracias a ello, decenas de personas descargaron el Estudio Ambiental, según informa el servidor web. Otros accedieron a él mediante mensajería privada una vez que la “asamblea en defensa del pinar” se apoderó del mismo y lo dejó a disposición.
La primera instancia administrativa fue cumplida -a medias-. Durante estos 6 días, los vecinos del Potrero, asesorados por expertos, leyeron y analizaron el Estudio de Impacto Ambiental, y concluyeron que tiene serias irregularidades.
A través de un descargo al que accedió EcoPress, los vecinos y expertos aseguran que el estudio realizado por FRONTERA ALVAREZ SRL (la empresa constructora) tiene varias anomalías y las enumeran:
En la página 48, “en riesgos asociados a la singularidad del medio potencial y real , no hace mención a alteración de riesgos florísticos, si haciendo mención en faunístico”, critican.
Apuntan que, si bien el pinar está conformado principalmente por especies exóticas, la ley provincial categoriza a estas forestaciones como servicios ambientales protectores, algo que se debería tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto.
En la página 73 del estudio se dice que “la empresa solicitará los permisos de desmontes requeridos”, pero no adjunta los permisos, por lo que solicitan que se transparente la aprobación de desmonte. También critican la falta de especificación en torno a la tala, porque no se menciona si esta será total, parcial o selectiva.
Ya en la página 116, reprochan la falta de un diseño eficaz para el desmonte y que no se esclarece cómo se realizará la reforestación establecida por ley.
“En conclusión el Estudio de Impacto Ambiental viola del decreto 7755 de la Ley IX-0876-2013 en cuanto:
a) No aclara la metodología utilizada, más bien parece un informe de impacto minero.
b) Especifica las áreas de influencia directa e indirecta; pero no se refiere al impacto que se produce en cada uno de los aspectos de las subcategorías del entorno y sus ambientes.
c) El estudio de impacto ambiental viola todos los derechos establecidos en los marcos legales que cita el mismo proyecto.
d) En relación al diagnóstico geológico y geomorfológico lo realiza de manera inespecífica y descriptiva sin señalar el impacto específico -y- sin considerar la degradación permanente de los suelos. Divaga en cuanto a la caracterización geológica, geomorfológica, edafológica y de recursos hídricos omitiendo específicamente cual es el impacto en todos los aspectos en la superficie afectada y alrededores. (…)
El informe no especifica:
a) Si los residuos de tipo cloacales serán procesados por el sistema municipal o si se hará pozo séptico.
b) Cantidad de decibeles emitidos y su impacto a la zona afectada.
c) Hacia dónde y cómo escurrirán los desagües pluviales y si las manchas de combustible de los colectivos escurrirán en el embalse.
d) La contaminación lumínica en la zona y su impacto en las especies de fauna y flora”. argumentan en el descargo que fue presentado hoy en la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Además exigen la Audiencia Pública correspondiente estipulada por la Ley General de Ambiente de la Nación, la ley provincial de “Procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental” y el Acuerdo de Escazú.
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