Se trata de un emprendimiento inmobiliario que se desarrolla en El Palmar de Papagayos, allí están erigiendo un country en categoría roja y amarilla del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Además, el Estudio de Impacto Ambiental no es de dominio público, lo que infringe la ‘Declaración de Río’ de la ONU que, entre otras cosas, establece que estos documentos deben ser públicos. Para ahondar más en el caso, EcoPres se comunicó con “En Defensa del Palmar”.
Al norte de la Provincia de San Luis se encuentra la localidad de Papagayos, al píe de la Sierra de los Comechingones y rodeada por un inmenso palmar, El Palmar se intentó convertir en Parque Nacional en diversas ocasiones, según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- el primer proyecto de reserva data de la década del ‘50: la intención planeaba proteger unas 40.000 hectáreas de palmar mediante la Ley 2.356/53, pero esta nunca prosperó. Sin embargo, en el 2014 el ex gobernador Claudio Poggi, mediante el decreto 8.938/14, estableció la creación del “Área Natural Protegida Palmar de Papagayos- El Recuerdo- Estanzuela” protegiendo una superficie de miles de hectáreas.
Hace unas semanas una página de instagram bajo el usuario “en defensa del palmar papagayos” publicó una denuncia acerca de un loteo irregular en el ecosistema en cuestión. Desde EcoPress nos comunicamos con quien está denunciando públicamente el hecho (que desea resguardar su identidad por temor a represalias) para ahondar en el caso.
En la comunicación comentó que se trata de un country llamado “Altos del Palmar, -y específico que- quien está detrás del proyecto se llama Sergio Mattina”, este plan se está erigiendo sobre categoría amarilla y roja del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos -OTBN- y no se ha hecho público el Estudio de Impacto Ambiental. “Mattina me escribió cuando publiqué el reclamo, me dijo que ‘él tenía los permisos, que sabía lo que hacía, que no era ningún improvisado y que nos podía dar cátedra de manejo de flora y fauna’, note una actitud un poco prepotente de su parte”, agregó.
El mencionado estudio del INTA detalla que El Palmar es un ecosistema que “se encuentra en franca regresión“ por acciones humanas relacionadas a la ganadería y la agricultura. El Palmar no solo está conformado por palmeras caranday, también por molles de beber, molles morados, talas, piquillines, usillos, chañares y tabaquillos, entre otros. Entre esa flora habitan más de 120 especies de fauna, entre los mamíferos destacan los pumas, los huroncitos, los zorros colorados, los zorrinos, y los gatos monteses, entre otros. Además habitan aves de especies como el cóndor, el águila mora o el halcón peregrino.
Es decir, se trata de un ecosistema con una alta diversidad biológica y de alto valor. Sin embargo, distintas acciones humanas perjudican la conservación de El Palmar, una de las actividades que lo deterioran es la inmobiliaria.
La denunciante explicó que “el reclamo principal es que la persona que está detrás -del proyecto inmobiliario- se negó a dar el Estudio de Impacto Ambiental: según el señor tenía que bajarlo un profesional matriculado de la página de ambiente de la provincia, él dijo que no lo podía pasar por mensaje porque tiene 500 páginas, yo le dije que lo podía subir a Google Drive pero no me hizo caso”. Además “viola la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, este country esta construido sobre rojo y amarillo, yo estimo que podría haber corrupción”, añadió.
La Ley de Bosques sancionada en 2007 establece, entre muchas otras cosas, categorizar a los ecosistemas boscosos en diferentes rangos según su importancia ecosistémica:
Los territorios rojos poseen un gran valor de conservación y no deben transformarse. Su uso queda limitado a ser hábitat de comunidades originarias y a ser objeto de estudio científico para fines de conservación.
Los sectores categorizados en amarillo son de mediano valor de conservación y su uso queda limitado al aprovechamiento sostenible, al turismo, la recolección y la investigación cientifica.
Los ecosistemas de categoría verde tienen bajo valor de conservación y pueden transformarse parcial o totalmente.
Ante la negativa del Country de proporcionar el Estudio de Impacto Ambiental, la denunciante se comunicó con Ambiente de la Provincia y de la Nación: “primero, llamé por teléfono unas 20 veces a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de San Luis, pero no fuí atendida, luego llene la planilla que está en la web de la secretaría y tampoco recibí respuesta, posteriormente me comunique mediante el correo electrónico de la institución y no me respondieron. Ante ello, me comunique por correo electrónico al Ministerio de Ambiente de la Nación y ellos fueron quienes me contestaron y me dijeron que mi reclamo era válido porque esa información debería ser de conocimiento público, aparentemente el Ministerio Nacional le dio tiempo a la Secretaría Provincial hasta el 19 de abril para compartir el documento”, agregó.
Otra de las cuestiones a destacar es que “al haber loteado todo, lo que suceda con -esa parte- de El Palmar va a depender de las personas que hayan comprado un lote, la salud del ecosistema loteado va a depender de las 150 familias que se muden allí: que no le quieran pegar ‘un tiro’ a las yarará, que no quieran tirar pesticida por que se llena de alacranes, ya no va a ser solo responsabilidad de la inmobiliaria, sino de la gente que habite el country” reflexiono, y específico que aunque la deforestación es evidente a los ojos “el problema es que al no estar disponible el Estudio de Impacto Ambiental, tampoco hay mucho para objetar porque no sabemos que se va a hacer exactamente”, reiterando su reclamo de que este documento sea de dominio público lo antes posible.
A pesar de que este proyecto inmobiliario viola la Ley de Bosques (EcoPress constató que se está erigiendo sobre zona roja, amarilla y una mínima porción de verde) y que infringe la ‘declaración de Río’, en sus redes sociales se promocionan como “la primera eco urbanización serrana de San Luis” ya que está “impulsada al 100% con tecnología solar”.
Según un reciente informe de la Fundación Vida Silvestre, el estado nacional destina 2 pesos por hectárea a la conservación de bosques. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación sostiene que entre 1998 y el 2018 la Argentina perdió 6,5 millones de hectáreas de bosques.
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