Ilegitimo: elevan a juicio a un perseguido jubilado ambientalista

La ‘justicia’ de Catamarca notifico la elevación a juicio de un jubilado de 73 años que desde hace una década protesta en contra de la megaminería. La defensa considera que no hay pruebas que justifiquen la imputación.

Marcos Aldo Flores es un sociólogo y docente jubilado de 73 años que desde hace una década forma parte de la Asamblea El Algarrobo, una organización que lucha en “defensa del agua” y contra la mega minería que se quiere desarrollar en los cerros de Catamarca. Hoy está imputado por el crimen de “Apología del Delito”.

Isadora, su hija, lo define como un tipo inquieto. En parte porque “tiene muchas inquietudes” pero también “porque no se queda quieto, anda por todos lados”, relata en comunicación con Agencia Tierra Viva. De hecho, hasta antes de la pandemia un club de futbol de la capital catamarqueña le pagaba el pasaje para tenerlo en su plantel, y es habitual cruzarlo en su bicicleta por los caminos de Andalgalá.

 Su hija agrega que es un hombre “contemplador (…). Aprendió a ver más allá de las cosas, y es así como descubre injusticias donde muchas personas no ven, sobre todo donde el Estado no ve”.

Activista socioambiental y cultural, lucha junto a sus compañeros y compañeras en contra de la mega minería que se quiere desarrollar en su localidad, también dio clases de guitarra para las infancias del pueblo, proyecto que fue suspendido en pandemia y que busca retomar. Muchos de sus vecinos lo tuvieron como profesor, y cuentan que siempre pregonaba sobre el derecho a la expresión: acción que pone en práctica en las asambleas, en la calle, en la plaza o cuando agarra el megáfono en las ya históricas caminatas de la Asamblea.

Evidentemente esta militancia ambiental y política incomoda a los funcionarios gubernamentales y altos cargos mineros. Es por ello que fue detenido en varias ocasiones por delitos rebuscados, y ahora pretenden elevarlo a juicio por el presunto crimen de “Apología del Delito”.

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En abril del 2021 fue privado de su libertad durante dos semanas en el marco de una causa que investigaba el incendio de las oficinas del proyecto minero MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), aquel día los asambleístas denunciaron una “zona liberada” ante la ausencia de policías y bomberos que dejaron que las llamas avancen durante horas, a pesar de que estaban a escasas cuadras del incendio. La causa se baso en los testimonios de personas relacionadas a la actividad extractiva.

Luego, en mayo de este año, fue detenido nuevamente por una causa relacionada con presuntas amenazas, la detención fue ordenada por el Fiscal Martín Camps. Según explico la Asamblea, esta causa tiene su origen en una denuncia interpuesta por una persona “relacionada con la empresa minera” y sustentada en testimonios de personas allegadas al denunciante.

Cuando Aldo prestaba declaración indagatoria sufrió un inicio de infarto y tuvo que ser trasladado a la capital provincial para recibir asistencia médica. El 4 de junio dejo el hospital donde siempre estuvo custodiado por policías.

Sin dejarlo retomar sus fuerzas, un mes más tarde Aldo fue notificado de un nuevo delito por el que se lo acusa, “una más” dice con una sonrisa. Posteriormente -el 4 de noviembre- recibió otra notificación, con la firma del Fiscal Camps, en la que se le comunica la elevación a juicio por el presunto crimen de “Apología del Delito”.

Rápidamente la defensa de Aldo presentó una oposición al requerimiento, ya que consideran que no hay pruebas que justifiquen esta denuncia realizada por Claudio Cedrón (administrador de una página donde replica noticias de perfil pro-minero). Además, los testigos de la causa son policías que aportaron fotos de la legítima protesta en contra de la mega minería.

Finalmente, es imposible culminar esta nota sin recalcar que ninguna de las acusaciones contra Aldo Flores fue probada en las instancias correspondientes.

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