Escazú: un análisis del primer acuerdo ambiental latinoamericano

El Acuerdo de Escazú va desde el derecho al acceso a la información ambiental, pasa por el derecho a la participación ciudadana en tomas de decisiones que influyan en la ecología, busca proteger a los defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales y facilita el acceso a la justicia en términos ambientales. Es el primer acuerdo latinoamericano en la materia.

Luego de dos años de negociaciones y nueve intensas reuniones del comité de negociación, en marzo del 2018 surgía el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, conocido popularmente como Acuerdo de Escazú, ya que se formó en aquella ciudad de Costa Rica. 

Se trata del primer acuerdo de América Latina y el Caribe sobre temas ambientales, y es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores ambientales. Es un hito en materia de Derechos Humanos -DDHH- en una región conocida como la más hostil para los defensores de la naturaleza. 

Costa Rica y Chile fueron copresidentes de la iniciativa, mientras que Argentina, México, San Vicente y Las Granadinas, Perú, y Trinidad y Tobago integran la Mesa Directiva. 

Muchas de las políticas depredadoras de la naturaleza se han desarrollado a espaldas del pueblo y con secretismo. Mientras que las protestas ante estas acciones se han visto limitadas por la falta de información al respecto y, como consecuencia, con dificultad de fundamentar profundamente el reclamo. La aprobación de la importación de basura en Argentina se hizo sin instancias de participación ciudadana, las demandas ambientales no suelen prosperar, y cuando lo hacen no avanzan con la agilidad que requiere un amparo para frenar una posible acción contaminante. 

Este contexto propició el surgimiento del Acuerdo de Escazú, un acuerdo interamericano que garantiza derechos base en pos de buscar una mayor participación ciudadana, un avance en la democratización de la información y garantías mínimas para la protección de los defensores de la naturaleza. Este tratado se enmarca en el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, plasmado en las Naciones Unidas y con valor constitucional en Argentina. 

En 1969 se firmó el Pacto de San José de Costa Rica sobre derechos humanos, en su artículo 13, se garantiza el derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión. Se salvaguarda el derecho de buscar y recibir información y de hacer públicas opiniones, ideas y hechos, entre otros. En ese momento los Estados se limitaban a no entorpecer estos derechos; pero no se involucraron para facilitarlos y promoverlos, conforme fue creciendo la concepción de la información como pilar democrático fueron surgiendo propuestas para que los gobiernos se involucren activamente para favorecer el acceso a la información y la pluralidad a la hora de poner en práctica la libertad de expresión. 

49 años después Costa Rica es nuevamente protagonista en un acuerdo internacional que marca un precedente en materia de derechos humanos. 

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Una de las herramientas más efectivas para lograr la sostenibilidad es la participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones ambientales, principalmente de aquellas poblaciones potencialmente afectadas por determinado proyecto contaminante. Cuando un gobierno pretende aprobar desmontes de miles de hectáreas de montes nativos, una exploración sísmica en busca de yacimientos petroleros en el Mar o megaminería en la cordillera, con todos los impactos ecológicos que ello implica, es crucial que la ciudadanía afectada participe en la decisión y es preponderante que participe con información acerca del hecho en cuestión. 

Por eso, el Acuerdo de Escazú garantiza el derecho al acceso a la información pública de carácter ambiental. Es pertinente destacar que todos pueden solicitar la información sin necesidad de justificar las razones de la solicitud o la profesión en la que uno se desempeña. Este pedido de información debe ser contestado con la mayor celeridad posible, en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

En caso de que el organismo solicitado no cuente con la información requerida, él mismo debe notificarlo por escrito y, en lo posible, facilitar a la dependencia que cuente con dicha información. 

Existen excepciones para denegar la información, y estas deben estar plasmadas anteriormente en la ley. Todos tienen el derecho de impugnar la negativa y recurrirla en caso de considerarla ilegítima. 

Esto compete, por ejemplo, a relevamientos territoriales, Estudios de Impacto Ambiental, análisis de la calidad del ambiente, sanciones en asuntos ambientales, información de concesiones; contratos y autorizaciones por parte del estado relacionado a lo ambiental o con probable perjuicio ecológico, entre muchas otras. 

Protestas en contra de la exploración petrolera en el Mar Argentino. /Tiempo Argentino/.

En ese sentido, el acuerdo obliga a cada Parte a producir información ambiental y divulgarla. Las naciones adherentes al acuerdo deben generar información ambiental vinculada al estado ecológico regional, nacional, local y mundial, realizar relevamientos de emisiones de contaminantes, informes sobre el Cambio Climático y del estado de conservación de la naturaleza. Asimismo, tiene que promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de privados e instar a las grandes empresas a que desarrollen informes de sostenibilidad que reflejen su desempeño socioambiental. 

Deben, además, generar y difundir un informe nacional sobre el estado del ambiente en intervalos regulares no mayores a 5 años.

Con el objetivo de democratizar la información, esta deberá redactarse de manera comprensible para el ciudadano común y debe ser de fácil acceso, los informes también deben ser inclusivos, es decir traducirlos a idiomas no oficiales en caso de ser necesario. Por ejemplo, si un proyecto potencialmente contaminante puede afectar a comunidades indígenas, la información tendrá que ser traducida a los idiomas de estas comunidades. Asimismo, estas comunidades pueden solicitar asistencia en el pedido de acceso a la información. 

Como bien dijeron los catedráticos Víctor Abramovich y Christian Courtis en “El Acceso a la Información como Derecho”, la información tiene el carácter de medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos, paralelamente es un elemento esencial en las instancias de participación ciudadana. 

Por eso, otra de las garantías del Acuerdo de Escazú es la Participación Pública en los Procesos de Tomas de Decisiones Ambientales. 

Cada parte se compromete a garantizar el derecho de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Esto compete a: aprobaciones u observaciones sobre Estudios de Impacto Ambiental, decisiones relacionadas al Ordenamiento Territorial, elaboración de políticas, programas y estrategias que tengan un impacto significativo sobre el ambiente, entre otras. 

El público podrá participar como observador y, si lo considera necesario, realizar sugerencias u objeciones, estas deberán incluirse en las decisiones. Cada parte deberá informar de manera clara las instancias de participación ciudadana desde el inicio del proceso de toma de decisiones, asimismo tiene que incluir la información relativa al asunto tratado y la modalidad de participación, en lo posible con lenguaje no técnico. 

Uno de los principales problemas en, por ejemplo, las aprobaciones de Estudios de Impacto Ambiental es que la ciudadanía recibe la información con poco tiempo antes de la audiencia pública, por lo que también es imperativo que esta información se facilite con anterioridad para que la ciudadanía pueda estudiarlo y/o contrastarlo con expertos. 

Además, si la decisión está relacionada con una actividad potencialmente contaminante, las autoridades deberán identificar a las poblaciones principalmente afectadas y preponderar su participación. Esto se correlaciona con el principio de ‘Licencia Social’ en proyectos potencialmente contaminantes. 

La decisión resultante debe esclarecer cómo se incorporó la opinión ciudadana y, en la medida de lo posible, especificar cómo influyó en la decisión final. 

Todas estas garantías se plasman por primera vez en América Latina y el Caribe en un acuerdo internacional; pero hay acuerdos similares en Europa. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú es el primero del mundo en incluir disposiciones sobre los derechos de los defensores ambientales, esto toma especial relevancia si tenemos en cuenta que Latinoamérica encabeza el ranking de asesinatos a defensores ambientales. 

Según la organización Global Witness, el 75% de los ataques mundiales hacia defensores de la naturaleza ocurrieron en América Latina. Se trata de casos de asesinatos, desapariciones forzadas y amenazas, entre otros. 

México, Colombia y Brasil son las naciones más peligrosas para los defensores ambientales. Asimismo, gran parte de las víctimas son indígenas y/o poblaciones vulnerables. Fernando Vela -un joven médico ambientalista colombiano-, Elías Garay -un joven mapuche argentino- Bruno Pereira -un indigenista brasilero- y Dom Philips -un periodista ambiental británico-, son solo algunas de los que perdieron la vida a causa de defender la naturaleza en América Latina. 

Potestas en Brasil por la muerte del periodista Dom Philips y el indigenista Bruno Pereira.

En ese sentido, cada parte buscará garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores de la naturaleza puedan actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad. Asimismo, tomará las medidas adecuadas para reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores. También tomará las medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar amenazas, ataques o intimidaciones. 

Además, el acuerdo garantiza el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Cada parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto a: 

Cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información, las instancias de participación ciudadana, que afecte de manera adversa al ambiente, que contravenga normas jurídicas relacionadas con la ecología, o simplemente con respecto a delitos ambientales plasmados anteriormente en la legislación de cada nación adherente al pacto. 

Además, debe facilitarse la producción probatoria y garantizarse procedimientos efectivos, oportunos y transparentes. 

Este acuerdo entró en vigencia el 22 de abril del 2021, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. Se necesitaban 11 firmas y ratificaciones para que el tratado comience a regir formalmente, y con la firma y ratificación de México y Argentina el tratado comenzó tener validez internacional. Luego Chile ratificó el acuerdo en mayo pasado y en noviembre Colombia también se adhirió al acuerdo. 

Si bien el Acuerdo de Escazú es todavía novedoso para analizar sus resultados, podemos destacar algunos de ellos: este tratado fue una herramienta clave para lograr que hicieran públicos informes sobre la exploración petrolera en el Mar Argentino que desencadenó en una medida cautelar que paralizó la actividad. También sirvió para instar al Gobierno de San Luis a hacer público el Estudio de Impacto Ambiental de la Terminal de Ómnibus del Potrero de los Funes, aunque aún no se realizó la audiencia pública correspondiente.

También se ha incumplido en varias ocasiones, por ejemplo en agosto pasado la Legislatura de la Provincia de Córdoba modificó la Ley -provincial- de Ambiente N° 10.208 eliminando las exigencias para la presentación obligatoria de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública para desmontes en zonas protegidas, entre otras. Esta medida fue tomada en una sesión express, sin citar a expertos en la materia y sin participación ciudadana, en violación a la Ley General de Ambiente de la Nación y al Acuerdo de Escazú. 

A pesar de ello, es innegable de que este Acuerdo trajo un importante avance en materia ambiental y de Derechos Humanos. Entre otras cosas, en caso de incumplimiento de lo firmado en el acuerdo no solo será competencia de los tribunales nacionales, sino que -en última instancia- es también competencia de tribunales internacionales. 

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