Baja el caudal del río, los caños de efluentes quedan expuestos y aumenta la concentración de contaminantes en el agua. El control ambiental y la fiscalización estatal brillan por su ausencia. A grandes rasgos eso es lo que explica el reciente informe realizado por el Instituto Soberanía.
Ante la ausencia de datos oficiales, transparentes y públicos; un reciente informe del Instituto Soberanía relevó como la contaminación del río Paraná se agudiza con la merma del caudal y con el constante vertido de contaminantes al cauce. Los investigadores recorrieron el río en el trayecto que va desde Villa Constitución hasta Timbúes, en Santa Fe.
En agosto de este año recorrieron la zona con una avioneta y en octubre navegaron el río, con estas dos ‘expediciones’ pudieron capturar imágenes del vertido de contaminantes, tomar muestras de los efluentes, contabilizar los caños por los que se vierten los tóxicos y ubicarlos en un “mapa interactivo”.
El informe detalla que pudieron contabilizar 100 caños, los “enemigos ocultos del Paraná”, 75 de ellos pertenecen a las industrias y los otros 25 vierten efluentes cloacales.

Este vertido de contaminantes, junto a caída del caudal a menos de la mitad -7.000 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es 17.000 m3/s- aumentó la concentración de contaminantes en el agua.
El Paraná, que en promedio transporta 17 millones de litros de agua por segundo, tiene en ese caudal, en la microfauna y la microflora que lo habita la capacidad de depurarse y evitar niveles de contaminación insostenibles. Pero la merma del caudal y el aumento del vertido de contaminantes -relacionado con el crecimiento demográfico-, no permiten que el río se depure.
La actividad bacteriana generada por el aumento de los desechos cloacales y la baja del caudal reduce los niveles de oxígeno en el agua, que se va acercando a niveles peligrosos para la fauna ictícola. Por otra parte, decenas de empresas vuelcan residuos industriales que repercuten seriamente en la salud del ecosistema.
Algunas de las empresas que vuelcan residuos industriales al río son;
-Cargill.
-Paladini.
-Swift.
-Molinos.
-Vicentín.
-Axión.
-YPF.
-Alumbrera.
La mayoría, por no decir todas, de estas empresas no tienen el Certificado de Aptitud Ambiental de la provincia de Santa Fe, menos del 1% de las industrias de la provincia tienen el certificado vigente. Además, según un estudio de la Universidad de Buenos Aires -UBA- y la Universidad Nacional de Rosario -UNR-, solo el 10% de las empresas tratan de manera adecuada sus residuos industriales.
Los investigadores del Instituto Soberanía advierten de la escasa fiscalización estatal respecto a este problema, así como la ausencia de autoridades en el río y la privatización de la costa, facilita que esta práctica se desarrolle con total impunidad.
“Desde la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (CATRIES) afirman que es necesaria una mayor fiscalización, integral y estratégica, en resumen un estado que deje ser bobo y cómplice de quienes contaminan”, se lee en el informe.
Además de relevar, contabilizar, ubicar y mapear los caños por donde se vierten los contaminantes, los investigadores tomaron muestras que, luego de ser analizadas, determinaron que “la mayoría de los efluentes industriales sobrepasan los parámetros ‘normales aproximados’ de contaminantes que se pueden encontrar en el Paraná”.

Además, muchos de estos caños se encuentran cerca de las tomas de agua de las ciudades, pero también donde miles de ciudadanos pescan, se bañan o utilizan el río para esparcimiento.
Los niveles de contaminación detectados atacan a la salud humana y a la biodiversidad, reduciendo el nivel de oxígeno en el agua e impulsando el crecimiento de otro tipo de fauna que vive de estos organismos.
El informe concluye que, si esta situación continua, en un futuro cercano el problema no va a ser solo la disponibilidad de agua, sino la calidad de la misma.
Insta a avanzar urgentemente con los planes previstos, y demorados, de instalación de plantas de tratamientos de afluentes.
Y exhorta a aumentar el control y la fiscalización ambiental en el río, y, por consecuencia, aumentar las sanciones.
“La ausencia del estado en el patrullaje y control de lo que sucede en nuestro río se parece más a la complicidad que a la desidia. Sin la recuperación de nuestra soberanía ambiental, económica y geográfica, es imposible pensar en el cuidado de uno de nuestros más preciados valores, el ambiente sano”, finaliza el informe.
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