Ante el rechazo del gobierno a las distintas solicitudes de Audiencia Pública para tratar las irregularidades ambientales de la obra Parque Acueducto Vulpiani, junto al hecho de que ya comenzó a arribar maquinaría al lugar: la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani se encuentra realizando un acampe por tiempo indeterminado. El principal reclamo es el dialogo con las autoridades y la garantía del resguardo ambiental.
La obra Parque Acueducto Vulpiani ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, se trata de una controvertida obra de 1.820 millones de pesos que prevé la construcción de edificios comerciales y administrativos, calles y senderos, miradores, instalación de servicios y un teatro al aire libre, entre otras. La controversia se dio desde el primer día, ya que la obra fue adjudicada el 5 de abril; pero cuando se solicitó la documentación ambiental correspondiente (el 18/4) la Secretaria de Ambiente admite que no tiene en su poder el Estudio de Impacto Ambiental –EIA-.
Es decir que la obra ya empezaba flojita de papeles, a ello se le suma la primera aparición de una maquina en el lugar (el 2/5) que realizó tareas de ensanchamiento de caminos y de desmonte: su tarea era hacer espacio para el ingreso de maquinaría de mayor porte. Lo cual consiste en un hecho ilegal, ya que aún no estaban aprobados los estudios ecológicos del proyecto, sin embargo, la empresa no figura en el registro de infractores ambientales: denuncia la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani.
Durante todo mayo la Asamblea se dedicó a “habitar” el lugar desarrollando acciones de protesta pacífica e informativas, acompañados con juegos y eventos artísticos. Mientras se asesoraban legal y técnicamente para hacer valer sus derechos a la participación ciudadana y, por, sobre todo, al de gozar de un ambiente sano. Finalmente, luego de al menos cuatro solicitudes para acceder a la documentación, la Secretaría de Ambiente de la provincia difunde los informes ecológicos (el 2/6), después de un mes y medio de la primera solicitud.
Inmediatamente la Asamblea comenzó a leer y analizar la documentación, y para ello solicitó el asesoramiento del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental –PITSA- de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL-. Ayer, en una Asamblea extraordinaria motivada por la aparición de las maquinas, hablamos con el biólogo Dr. Antonio Mangione, integrante del PITSA.
“Se trata de un asesoramiento de carácter técnico y disciplinar (…), les hemos comentado y asesorado en términos vinculados al ambiente sobre el Estudio de Impacto Ambiental de esta obra”, explica Mangione, y agrega: “-Luego de leer la documentación-, y ante la intención de la Asamblea de solicitar una Audiencia Pública, nosotros generamos un documento con una serie de argumentos que podían dar sustento y fundamentación al pedido de Audiencia Pública”.
La Asamblea, gracias al asesoramiento del PITSA, solicitó el 15 de junio la realización de una Audiencia Pública, junto a la solicitud presentaron un documento con 24 observaciones y/o objeciones del EIA. Paralelamente, el reconocido geólogo Héctor Lacreu, junto a Martin Cerdá y Carla Rodríguez, también solicitaron la Audiencia Pública.
Entre las principales observaciones destaca el hecho de que la zona está catalogada como protegida por la Ley Nacional de Bosques N°26.331, que parte de la base legal del EIA es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que la obra generaría un desequilibrio hídrico, y que se preveía la utilización de glifosato (actividad penada por la norma ambiental).
A finales de junio el gobierno, mediante un mail firmado por Ana Vinuesa (Jefa del Programa de Prevención e impacto Ambiental), responde las observaciones del EIA y rechaza la Audiencia Pública. Sin embargo, algunas de las objeciones presentadas no son respondidas y se les da lugar, razón por la cual debería realizarse la audiencia, denuncian desde la Asamblea. “El rechazo es un poco frustrante y nos trae un montón de emociones, porque esto te hace ver que no les importa la palabra ni la opinión de la gente”, opina Ayelen Rodriguez, vecina de Juana Koslay e integrante de la Asamblea.
A pesar de que Lacreu, Cerdá y Rodriguez desestimaron el rechazo a la Audiencia Pública y solicitaron que no se apruebe el proyecto hasta que se cumplan con los requerimientos para minimizar el impacto negativo de la obra, la Secretaria de Ambiente dio el visto bueno.
En ese sentido, ayer (3/7) comenzó a llegar al lugar maquinaría de la constructora SERVING S.R. (la adjudicada) y de la hormigonera HORPASS para iniciar las tareas de desmonte. Inmediatamente la agrupación vecinal se reunió en una Asamblea extraordinaria: realizaron un ‘semaforazo’ informativo, asambleas, colocaron una barricada para obstaculizar el avance de las máquinas y organizaron un acampe por tiempo indeterminado.
En el primer día de acampe se quedaron unas 15 personas, y la noche se vivió con cierta tranquilidad, más allá de que de vez en cuando se acercaba un patrullero, lo cual supone “hostigamiento”, según denuncia la Asamblea. Por la mañana realizaron una Conferencia de Prensa, y posteriormente se vieron obligados a armar un cordón humano para impedir el avance de la maquinaría.
El principal argumento del gobierno para avanzar con el proyecto es que la obra está declarada –mediante decreto- como “de interés público”, razón por la cual la empresa tiene el aval de avanzar sobre el bosque. Al respecto, Mangione opina que “no todo lo que se declara como ‘de interés público’ necesariamente lo es, porque ningún derecho puede estar por encima de otro, ni mucho menos estar sobre un Derecho Constitucional como el ambiente sano (…). Una obra de ‘interés público’ podría ser un hospital, un tendido eléctrico, un eventual tendido de líneas de gas; de ahí a hacer un ‘shopping’ es otra cosa. Así que enunciar una obra como ‘de interés público’ sin atender a las demandas y reclamos de la ciudadanía, me parece que es un error, por ser cautos con las palabras”.
Ayelen añade que el gobierno “nunca hablo con la gente, nunca hizo una encuesta, nunca tuvo en cuenta la opinión de la ciudadanía como para declarar esta obra como ‘de interés público’. La gente no está de acuerdo con la obra, somos muchas y muchos, y en definitiva no hay Licencia Social”. En ese sentido, la Asamblea tiene firmas de 38 organizaciones y unas 800 personas que se posicionan en defensa del Vulpiani, además del apoyo de la sociedad sumándose a las actividades de protesta y difundiendo mediante redes.
Además, Mangione sostiene que, “en general las obras no tienen un abordaje integral, los planes de mitigación y restauración –de impacto ambiental- generalmente no se cumplen y las autoridades de aplicación no las controlan. Y la legislación no prevé esto, la Ley Ambiental es todo lo dura que se propone ser al principio y, paralelamente, es todo lo blanda que le permite ser al final: por eso es momento de pensar en otro tipo de legislación, porque esta lógica claramente no ha funcionado”. Y añade “necesitamos los árboles, necesitamos el pasto, necesitamos los arbustos, las pendientes, necesitamos que el agua escurra libremente, necesitamos que esto que lleva mucho tiempo así permanezca como esta o se mejore; pero nunca empeorarlo”.
Finalmente, Ayelen sentencia que “el acampe durará lo que tenga que durar, nosotros vamos a estar acá, tenemos ayuda en logística y vamos a estar acá hasta el final: no vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos”.
En tanto la Asamblea aguarda una respuesta a su reclamo y se prepara para pasar otra noche en el Vulpiani.
EcoPress - Periodismo Ambiental 