EcoPress – Periodismo Ambiental

Sin consulta ciudadana y sin citar a expertos, la Legislatura de la Provincia de Córdoba modificó la Ley de Ambiente. Organizaciones ambientales califican las modificaciones como un retroceso legal y advierten que beneficia a las ‘desarrollistas’, denuncian, además, que las modificaciones incumplen en Acuerdo de Escazú y la Ley General de Ambiente de la Nación.

Este miércoles, la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a través de un proyecto impulsado por el Gobierno provincial, modificó la Ley de Ambiente 10.208. El proyecto fue promovido por el Secretario de Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Scotto, y firmado por el Gobernador Juan Schiaretti. 

A diferencia de los proyectos legislativos que proponen avances en materia de conservación, que suelen tardar meses o incluso años en aprobarse, estas modificaciones se aprobaron en tiempo récord: el lunes las comisiones de ambiente y legislación dieron ‘luz verde’ a las modificaciones, y el miércoles la legislatura aprobó los cambios impulsados por Schiaretti.  

En concreto, se modificaron los Anexos I y II de dicha ley. Según publicó Sala de Prensa Ambiental, las modificaciones flexibilizaron sustancialmente la norma, favoreciendo a proyectos de desarrollo inmobiliario, agrícola y de telecomunicaciones. 

Estás modificaciones eliminan las exigencias para la presentación obligatoria de Estudio de Impacto Ambiental y convocatorias a Audiencias Públicas para desmontes sobre zonas protegidas. También implican que las obras públicas pueden desmontar en zonas rojas del Ordenamiento Territorial, además los silos y las antenas de telefonía sólo requerirán Avisos de Proyecto, no Estudio de Impacto Ambiental como hasta ahora, y permite a los ‘desarrollistas’ extraer agua de reservas hídricas.

Organizaciones ambientalistas, como el Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Verde o Jóvenes por el Clima denuncian que estos cambios fueron hechos a espalda de la ciudadanía, sin cumplir con la participación ciudadana establecidos por el Acuerdo de Escazú y violando el Principio de Progresividad impuesto por la Ley General de Ambiente de la Nación. 

Federico Kopta, biólogo e integrante del Foro Ambiental Córdoba, dijo que “hay un problema con la participación”, argumentando que “la legisladora Cecilia Irazusta -solicitó- la opinión de expertos, pero esto fue obviado y descartado”, en comunicación con Radio Universidad.

Por su parte, la legisladora Silvia Paleo -JxC- explicó que habían pedido la participación de expertos en el debate en comisiones, y que ante la negativa, surgió el desacuerdo con el oficialismo. “Nosotros entendemos que en materia ambiental siempre hay que fomentar la participación ciudadana y avanzar hacia la protección, siempre más estrictos” y criticó la flexibilización de la norma. 

Dentro del oficialismo, la legisladora Nadia Fernandez dijo que la modificación busca “actualizar algunos conceptos y adecuarlos al Sistema Legislativo Ambiental de nuestra provincia”, estás declaraciones generaron descontento en varias asociaciones ecologistas, quienes la catalogaron de “mentirosa” y “persona no grata”. 

Desde el Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Verde y Jóvenes por el Clima se posicionaron en contra de la reforma y adelantaron que pedirán el veto a las modificaciones hechas a la Ley de Ambiente. 

Apoya al periodismo ambiental autogestivo aportando mediante Billetera Virtual al alias “Eco-Press”.