La Defensoría del Pueblo de la Provincia emitió un informe advirtiendo sobre irregularidades ambientales en la Ciudad de la Punta.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia señaló serias irregularidades ambientales en la Ciudad de La Punta, identificando desmontes desmedidos, la proliferación de microbasurales, el desarrollo urbano incontrolado y obras sin transparencia y –presuntamente- sin contar con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. El documento, elaborado en base a visitas in situ, evidencia la falta de fiscalización ambiental en la ciudad.
Uno de los puntos más alarmantes del informe son los desmontes y la destrucción de los espacios verdes de la localidad. En una zona adyacente a la Escuela Rosenda Quiroga se documentó una zona desmontada de “aproximadamente unos 19500 metros cuadrados de extensión” que estaría destinada a la construcción de proyectos comerciales. Allí, aún permanecen vestigios del monte talado.
En otro punto, en la zona del Barrio 125 viviendas donde se han producido desmontes que suman aproximadamente 1 hectárea de cubierta vegetal afectada, mientras que los pocos árboles que quedaron en pie presentan heridas innecesarias, “por lo que se supone no hubo ninguna protección de los ejemplares en las operaciones de desmontes”.
Otro caso se da en cercanías a la Plaza de los Niños, donde se observa un lote “talado muy intensamente”, con ejemplares arbóreos erradicados de troncos de hasta 20 centímetros de ancho. Asimismo, al noreste de la ciudad se está construyendo el Hotel Takurá, allí se abrió un camino de ingreso con “desmontes excesivos” y otra calle que dividió “un área verde”. En varios de estos casos se destaca la presencia de pasivos ambientales, como microbasurales relacionados con las actividades de construcción, con escombros y residuos urbanos.
El informe también destaca la alteración hidrológica y el riesgo de erosión, ya que en el área del Barrio 125 Viviendas se obstruyo un desagüe pluvial de suma “importancia por la sección que ocupa”, esto puede alterar el escurrimiento del agua y “aumentar la erosión sobre el suelo ya removido”, además pone en riesgo de inundación al barrio ubicado al oeste de la zona desmontada. Asimismo, los restantes desmontes documentados también dejan al suelo descubierto, propiciando su erosión.
Por otra parte, la Defensoría destaca que el sector ubicado al oeste de La Punta “encuentra grandes extensiones entre barrios, con descampados con muy pocas o nulas especies arbóreas o arbustivas, de baja o nula calidad escénica para ser catalogado como área verde”, el área total supera las 13.5 hectáreas.
Además, el informe subraya la opacidad y la presunta ilegalidad de estas intervenciones. En ninguno de los casos mencionados anteriormente se encontró la cartelería de obra que, por normativa, debe informar sobre las características y responsables. Peor aún, según surge de los pedidos de información pública, la Secretaria de Ambiente de la Provincia no tiene “constancia respecto de la realización de Estudios de Impacto Ambiental, ni de la intervención de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Audiencia Pública o emisión de Declaración de Impacto Ambiental”, dibujando un cuadro de crecimiento urbano incontrolado.
Frente a este diagnóstico, del área ambiental y técnica de la Defensoría, el 30 de diciembre pasado el Defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson, firmó la resolución N° 023 – 25 donde le requiere a la Secretaria de Ambiente de la Provincia que informe sobre la existencia y estado de tramitación de los procedimientos ambientales vinculados a dichas obras y sobre si se han iniciado actuaciones administrativas vinculadas a afectaciones al monte nativo en La Punta. Además, en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia, recomienda que se “considere y promueva la incorporación de dichas áreas como Área Roja.
También insta a la Municipalidad de La Punta a adoptar las medidas necesarias para erradicar los microbasurales detectados y a efectuar tareas de “reforestación y recuperación ambiental de las áreas verdes ubicadas al oeste de la ciudad”, priorizando la forestación con especies nativas. También exhorta a que el municipio garantice la “adecuada información y publicidad” respecto de las obras públicas y privadas y promover instancias de “participación ciudadana” en proyectos que impacten sobre áreas verdes o el monte nativo.
Finalmente, solicita la intervención de San Luis Agua para que adopte las medidas necesarias para prevenir procesos erosivos descontrolados y mitigar sus efectos.
Por su parte, hace unos meses el Programa Interinstitucional Transdisciplinario Socioambiental de la Universidad Nacional de San Luis manifestó su preocupación sobre estos hechos y se puso a disposición de la Municipalidad para abordar esta preocupante situación.
Las autoridades están advertidas y notificadas ¿Actuarán conforme a sus obligaciones o continuarán haciendo la vista gorda?
Foto de portada: PITSA / UNSL.
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