EcoPress – Periodismo Ambiental

En la actualidad, el mercado de carbono se presenta como uno de los sectores de mayor crecimiento financiero, su valor aumenta cada vez que una gran multinacional lanza su compromiso “carbono neutro”. Aunque cada año genera miles de millones de dólares, las emisiones no han hecho más que aumentar. Además, varias organizaciones advierten que algunos mecanismos de compensación de carbono tienen graves efectos socioambientales.   

En las últimas décadas, al calor de la crisis climática, las principales empresas globales anunciaron sus compromisos “carbono neutro” para contribuir en la lucha contra el cambio climático. Las compañías aseguran que pueden compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero –GEI- apoyando a proyectos de absorción de Co2 o de reducción de emisiones alrededor del mundo, recurriendo al mercado de carbono para comprar créditos que les permitan seguir contaminando, ya que en algún lugar del planeta existirá una forestación, o una granja solar, o una reserva natural privada que compensará sus emisiones, disminuyendo la concentración total de estos gases en la atmosfera y, por tanto, “colaborando en la batalla contra el calentamiento global”.

Bajo esta lógica, la mayoría de las corporaciones pronostican que alcanzarán las emisiones “cero neto” para la década del 2050, desembolsando sumas millonarias en el mercado de carbono para ese fin, de hecho, la demanda de créditos de emisiones es tal que se vaticina que el valor del mercado de carbono se multiplicará más de 7 veces de cara al 2030. Sin embargo, más allá de los discursos verdes y la expectativa financiera, numerosos reportes y análisis de especialistas advierten que el comercio de emisiones genera graves impactos en la biodiversidad, afectando también a comunidades indígenas, sin contribuir significativamente en la reducción de GEI en la atmósfera. En ese sentido, señalan que la “neutralidad de carbono” es un concepto utilizado por los grandes contaminantes para blanquear su imagen y justificar sus emisiones, en lugar de esforzarse en reducirlas.

Pero antes de zambullirnos de lleno en el mercado de carbono, es preciso hacer un pequeño repaso histórico acerca de la política internacional y los acuerdos multilaterales que fueron gestando el comercio de emisiones. Podemos marcar el punto de partida en el año 1990, cuando el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC- de la ONU publicó su primer Informe de Evaluación, que advertía que las emisiones producidas por las actividades humanas aumentan sustancialmente la concentración atmosférica de Gases de Efecto Invernadero, produciendo un calentamiento adicional a nivel planetario. Aquel documento señalaba que la temperatura media del aire en superficie había aumentado entre 0,3 y 0,6 ° C en el último siglo, y alertaba que los cinco años más cálidos registrados hasta la fecha se habían desarrollado en la década del 1980.

El informe fue tan contundente que puso en la agenda global a la crisis climática y sentó las bases para que dos años después se constituyera la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC-. Así, en 1995 jefes de Estado y delegados nacionales de todo el mundo se congregaron en Berlín para celebrar la primera Conferencia de las Partes –COP-, dando inicio a una larga serie de discusiones y debates que, en la mayoría de los casos, no condujeron a resultados concretos. En aquella ocasión, los gobiernos admitieron que sus compromisos en el marco de la Convención no serían suficientes para ralentizar el calentamiento global, y acordaron una nueva ronda de negociaciones para trazar acuerdos más ambiciosos y detallados para ponerle un límite a las emisiones.

Al año siguiente el IPCC publicó su segundo informe, que concluía que el clima ya había comenzado a cambiar como consecuencia de la actividad humana. En ese panorama, se desarrolló la COP 2, en Ginebra, donde los delegados nacionales adoptaron una resolución que reconocía la necesidad de establecer objetivos cuantitativos vinculantes para la reducción de las emisiones de los países industrializados. El informe del Panel también instaba a los Estados a tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones al nivel del 1990 para el año 2000, pero esa recomendación fue rechazada por varios países que reconocieron que no cumplirían esa meta.

A fines del 1997 las partes volvieron a reunirse para celebrar la COP 3, esta vez en Japón, buscando ponerle un punto final a la discusión sobre los compromisos de reducción o limitación de las emisiones. Allí diseñaron el Protocolo de Kioto y reglamentaron el mercado de carbono, delineando un sistema de tope y canje que establecía un esquema de derechos de emisión asignado a empresas, países y otras entidades productivas del mundo desarrollado, la lógica era que aquellos que emitiesen menos del límite pudiesen vender créditos de emisiones a otros que se hayan excedido, estableciendo un incentivo económico para reducir la contaminación.

Este sistema presentaba tres mecanismos de transacciones para disminuir o compensar la contaminación: el Comercio de Emisiones entre Países con Objetivos Vinculantes, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (reemplazado en 2015 por el artículo 6.4 del Acuerdo de París), donde los países pueden comprar créditos de proyectos en las naciones en desarrollo, y la Implementación Conjunta, donde los países desarrollados pueden obtener bonos de proyectos realizados en otros Estados desarrollados. En este contexto, en 1999 gigantes petroleros como British Petroleum, Shell o Chevron fundaron la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones –IETA-, el primer grupo dedicado únicamente al mercado de carbono.

Sin embargo, pasaron ocho años hasta que el Protocolo de Kioto entró en vigor, ya que era necesario que al menos 55 países ratificaran el acuerdo. En 2005, con la firma de Rusia, el Protocolo comenzó a aplicarse a nivel internacional y, para cumplir con los objetivos pactados, los países comenzaron a experimentar con diferentes sistemas de comercio y compensación de carbono, diseñando esquemas en el Reino Unido, Australia, Nueva Galés del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea.

En paralelo, el gran flujo de dinero movilizado a través del mercado de carbono sentó las bases para el surgimiento del mercado voluntario de emisiones, donde certificadoras privadas se asegurarían de que los bonos emitidos sean legítimos, es decir, que por cada crédito lanzado se absorbió o evitó la emisión de una tonelada de Co2 –o su equivalente en otros GEI-. Por entonces, se fundaron grandes certificadoras, como Verra o American Carbon Registry, y se crearon varias plataformas financieras para operar en el mercado voluntario.

Este paradigma mercantilizó los gases de efecto invernadero y, a pesar de que el sistema estaba diseñado para las industrias y los proyectos de mitigación de emisiones, grandes bancos, fondos de inversión y brokers ingresaron al mercado, influyendo en los precios y desvirtuando su posible beneficio ambiental. Pocos meses después de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, las naciones se congregaron nuevamente para celebrar la COP 11, en Montreal, donde continuaron debatiendo acerca de los detalles del comercio de emisiones. En aquella ocasión, la IETA estaba presente con 402 representantes, mientras que el promedio de las delegaciones oficiales era de 15 personas. A fuerza de lobby, la Asociación creada por las petroleras logró imponer mecanismos débilmente reglamentados y facilitar la financiarización del mercado de carbono.

La millonaria estafa del mercado de carbono

Esta combinación de factores llevó a que se emitan infinidad de créditos sin sustento, sin ir más lejos, actores infames como Goldman Sachs se metieron de lleno en el comercio de GEI, generando mecanismos bursátiles para operar en el mercado de carbono, permitiendo que cualquiera pueda especular con los créditos de emisiones. Sin embargo, mientras en las principales ciudades globales se movían cifras millonarias, en diferentes regiones de América Latina, África y del Sudeste Asiático desembarcaban proyectos de reducción de emisiones que, lejos de beneficiar al ambiente, dañaron en gran medida a la biodiversidad y a las comunidades originarias.

En la COP 13, celebrada en 2007 en Bali, se avanzó con un nuevo mecanismo de compensación de carbono, la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques –REDD+-, que genera créditos a partir de proyectos que reduzcan la deforestación o aumenten las reservas de carbono forestal, mediante el manejo sostenible de los bosques. No obstante, aunque el programa se promociona como un mecanismo para facilitar la conservación, diversas organizaciones critican que REDD+ reduce los ecosistemas forestales a simples cosas que absorben carbono, llevando a priorizar la forestación con monocultivos de rápido crecimiento, perjudicando a la biodiversidad y a las comunidades originarias.  

Tal es el caso de la comunidad Kichwa de la Amazonía peruana, despojada de sus tierras ancestrales después de que el Parque Nacional Cordillera Azul comenzará a emitir bonos de carbono y a concesionar forestaciones en el marco del programa REDD+, en 2008. Muchas familias indígenas denuncian que se vieron obligadas a desalojar el lugar e instalarse afuera del Parque, también señalan que se les privó del aprovechamiento de la selva, como la recolección de plantas o la caza de subsistencia. Además, no se beneficiaban de ninguna manera por las cuantiosas ganancias generadas por los créditos.

Desde hace años, los Kichwas le reclaman al Estado la demarcación de sus territorios ancestrales, una participación activa en la gestión del Parque y la distribución de los multimillonarios ingresos de los créditos de carbono (tan solo Total Energies desembolsó más de 84 millones de dólares en la compra de bonos de Cordillera Azul). A fines del 2024, luego de un largo proceso judicial, la Justicia dio lugar a un amparo presentado por el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwas de la Amazonía, ordenando la titulación del territorio de la Comunidad Puerto Franco y la declaración de la nulidad de las concesiones forestales, también garantizó el acceso Kichwa a los recursos naturales de la selva y su participación en la gestión del Parque, incluyendo el reparto de los beneficios de los créditos de carbono.

Otro caso es el del pueblo Mbya Guaraní, en el norte argentino, que desde hace años enfrenta los embates de la forestoindustria en la Provincia de Misiones, donde la forestal Arauco posee más de 230.000 hectáreas, cerca del 10% del territorio provincial. La multinacional chilena arrasó con miles de kilómetros cuadrados para plantar monocultivos de pinos y eucaliptus utilizados en la elaboración de pasta de celulosa y madera aserrada, destruyendo la biodiversidad y el sustento de muchas familias indígenas. El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen señala que Arauco mantiene numerosos conflictos con las comunidades originarias Andrés Guazurari, Alecrín, Guqvira Poty, Kokue Poty, Isla, Guavira Mi y Kokuere’i, entre otras.

Por ejemplo, la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II denuncia que la empresa avanzó sobre cientos de hectáreas de sus tierras, arrasando con el monte nativo, a pesar de que cuentan con el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Sergio Ramos, líder de la comunidad, cuenta que no pueden hacer uso de los bienes naturales, que padecen los efectos de agroquímicos utilizados en las plantaciones y que, en definitiva, no pueden utilizar el territorio que les pertenece, también subraya el peligro constante de los incendios forestales. El relevamiento territorial le reconoce a la comunidad unas 650 hectáreas, pero denuncian que Arauco avanzó sobre cerca de la mitad de sus tierras, mientras que otros empresarios locales se apropiaron del resto.

Sin embargo, a pesar de las múltiples denuncias sobre los impactos socioambientales de la industria forestal, la multinacional participa en el mercado de carbono mediante la producción de energía renovable no convencional a partir de biomasa, incinerando los residuos de sus actividades industriales para generar electricidad, creando créditos de emisiones mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio y estándares del mercado voluntario.

La planta que posee en Valdivia, Chile, declara una reducción de unas 78.000 toneladas de Co2 al año, y entre 2007 y 2019 vendió más de 2 millones de créditos de carbono a empresas y fondos climáticos internacionales. Además, en 2024 la multinacional ingresó al Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, obteniendo cuantiosas ganancias por las miles de hectáreas que aún no ha explotado.

En ese sentido, se destaca que gran parte de los créditos emitidos en el marco del programa REDD+ son sobreestimados, es decir, que se venden más bonos de emisiones de lo que realmente se absorbe o evita. En 2023, un informe de The Guardian reveló que más del 90% de los créditos certificados por Verra en proyectos desarrollados en la selva tropical no tienen valor alguno. Verra, con sede en Washington D.C, aprueba tres cuartas partes de las compensaciones del mercado voluntario, pero cerca del 94% de los créditos generados por los proyectos que audita en la Amazonía no deberían haberse aprobado, ya que los pronósticos fueron excesivamente pesimistas en cuanto a las tasas de deforestación de referencia, sobreestimando los beneficios climáticos de los proyectos.

En respuesta, la certificadora estadounidense dijo que la conclusión del periódico era incorrecta, argumentando que el estudio científico que habían tomado como fuente no había sido revisado por pares. Aun así, el CEO y fundador de Verra, David Antonioli, dimitió en mayo de aquel año. Meses después, el artículo fue revisado y publicado en la revista Science, ratificando la denuncia periodística. Ante ello, la certificadora reestructuró varios de los procedimientos de auditoría, aunque sigue siendo objeto de críticas.

A su turno, un duro informe de la organización Corporate Accountability señala a Chevron por comprar créditos fantasmas para promocionarse como una empresa alineada con los compromisos climáticos, la organización destaca que el 93% de las compensaciones que la petrolera compró en los mercados voluntarios entre 2020 y 2022 “tienen poca integridad ambiental y parecen inútiles para la lucha climática”. Además, subraya que el 32% de los créditos adquiridos por Chevron se retiraron a través del Estándar de Carbono Certificado de Verra, y que el 40% no solo carecen de sustento, sino que también están vinculadas a reclamos de impactos socioambientales.

Según InfluenceMap, casi la mitad de las comunicaciones públicas de la petrolera incluyen reivindicaciones ecológicas, a pesar de que solo el 0,23% de sus gastos en capital son inversiones bajas en carbono. Por si fuera poco, hay que subrayar que los créditos adquiridos por Chevron están enfocados en compensar sus actividades operativas, no en mitigar las emisiones producidas por los hidrocarburos que comercia. En ese sentido, la compañía tiene planeado invertir más de 57.000 millones de dólares para la expansión del petróleo de cara al 2030, posicionándose como la segunda empresa que más vaticina invertir en los combustibles fósiles, por detrás de Exxon.

Otras compañías energéticas también han sido objeto de críticas por utilizar el mercado de carbono para promocionarse ante el público como empresas comprometidas con los objetivos climáticos, sin tomar medidas significativas para reducir sus emisiones. Un dato ejemplificador es que los créditos vendidos en 2022 representaron 116 millones de toneladas métricas de Co2, tan solo el 0,3% de las emisiones anuales de la producción energética. Además, la organización señala que el planeta no tiene la capacidad física para absorber la cantidad de carbono que implican todos los compromisos “cero neutro”.

Otra faceta de este complejo entramado es la concentración de tierras. Un informe de la organización FIAN internacional y Focus on the Global South destaca el avance territorial de los grupos de gestión de activos y de las compañías dedicadas al mercado de carbono, por ello no es sorpresa que el ranking de tenencia de tierras lo lidere una empresa enfocada en los bonos de emisiones.

Se trata de Blue Carbon, una compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos que posee 24,5 millones de hectáreas en diez países de África y Oceanía, generando bonos de emisiones mediante proyectos REDD+ y diversos mecanismos del mercado voluntario, comercializando los créditos a través de plataformas financieras como la Air Carbon Exchange –ACX- de Abu Dabi. “Antes había acaparamiento de tierras, ahora hay acaparamiento de carbono”, resalta el informe, y recuerda que desde el 2016 se firmaron acuerdos de compensación de carbono por más de 5.2 millones de hectáreas en África.

En Argentina predomina el mercado voluntario de carbono, todas las provincias cuentan con proyectos enmarcados en mecanismos como REDD+ o el Programa de Pagos por Resultados del Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas, entre otros mecanismos. Pero en los últimos años el comercio de emisiones obtuvo un gran impulso empresarial e institucional, en 2022 la Asociación Forestal Argentina fundó la Mesa Argentina de Carbono para estimular el mercado de emisiones a nivel local, al año siguiente, el por entonces Ministerio de Ambiente sancionó la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono, con el objetivo de crear un marco común para el comercio de emisiones en todo el país.

Así, a mediados del 2025 la Bolsa Argentina de Carbono –BACX- creó la primera plataforma de trading digital para operar en el mercado voluntario de emisiones, “la idea es que se generen más proyectos y se registren más créditos de carbono. Al facilitar la compraventa de estos créditos certificados, BACX busca abrir una nueva vía estratégica para que Argentina genere divisas a partir de un nuevo activo financiero”, dijo Alejandro Guerrero, CEO de la entidad, en la inauguración del sistema de trading, además, detalló que el modelo opera con la colaboración del ACX y de Lockton, una empresa multinacional dedicada a la gestión de seguros.

Llegados a este punto, teniendo una mínima noción del mercado de carbono, su funcionamiento y sus consecuencias, es preciso preguntarnos ¿El comercio de emisiones es una herramienta eficaz en la lucha contra el cambio climático? ¿Es un fraude? O ¿Es una iniciativa bienintencionada y mal ejecutada? Por un lado, el establishment político, gubernamental, empresarial y financiero promociona al mercado de carbono como una poderosa herramienta en la batalla contra el calentamiento global, otorgando un abanico de posibilidades para financiar actividades sostenibles y mitigar las emisiones globales.

En contraposición, los más críticos catalogan al comercio de emisiones como un “fraude”, ya que es utilizado por empresas y gobiernos para desviar la atención de la crisis climática y promocionarse como actores comprometidos ambientalmente, sin hacer los esfuerzos necesarios para limitar y reducir las emisiones. De hecho, desde el nacimiento del mercado de carbono las emisiones no han hecho más que aumentar, y mucho, al igual que la temperatura media global.

Además, señalan que la compensación de carbono mediante proyectos forestales es virtualmente inútil, ya que la absorción de emisiones debe ser irreversible para tener un efecto real sobre el clima. Por ejemplo, si el Co2 capturado mediante proyectos REDD+ se libera tras unas décadas por deforestación o incendios forestales, vuelve a la atmosfera traduciéndose en un aumento neto de la concentración de gases de efecto invernadero. A ello hay que sumarle el enfoque parcial del mercado de carbono, orientado casi exclusivamente a las emisiones, descuidando factores como la conservación de la biodiversidad, con una tendencia a reducir los ecosistemas a simples sumideros de carbono.

Otros, más moderados, opinan que el sistema de comercio de emisiones es una buena idea implementada deficientemente. Consideran que es necesario contar con mecanismos que incentiven económicamente la reducción y absorción de emisiones, dándole el visto bueno al mercado de carbono. Sin embargo, no ignoran las consecuencias socioambientales de muchos de los proyectos de mitigación de emisiones, ni descuidan el hecho de que muchas compañías altamente contaminantes utilizan el comercio de emisiones como un recurso narrativo para promocionarse como respetuosas con el ambiente. Ante esta situación, abogan por una reestructuración del mercado de carbono para purificarlo de sus errores e inconvenientes, con el objetivo de consolidar un mecanismo que verdaderamente contribuya a mitigar el cambio climático.