EcoPress – Periodismo Ambiental

La justicia mendocina ordenó la detención de Federico Soria, un reconocido activista de las Asambleas por el Agua, acusado de formar parte de una “agrupación que busca imponer sus ideas por medio de la violencia o el terror”. “Una acusación agarrada de los pelos sin ningún tipo de prueba objetiva”, denuncia Marcelo Romano, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

Este lunes, la justicia mendocina arremetió nuevamente contra activistas ambientales de las Asambleas por el Agua de la provincia al ordenar la detención de Federico Soria, un reconocido activista de las asambleas, impulsor del Área Protegida Uspallata-Polvaredas y técnico profesional de Parques Nacionales. En el meollo de la cuestión está el proyecto minero San Jorge, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno impulsado por la minera Solway Holding y el Gobierno de Mendoza. A pesar de que la iniciativa contradice la Ley 7722, que regula la actividad minera en la provincia, y que el proyecto fue rechazado por la Legislatura provincial en 2011, el gobierno y las empresas buscan insistir con la explotación minera en la zona.

En enero, empresarios mineros, junto al intendente de Las Heras y una “patota” de la UOCRA, se presentaron en Uspallata para inaugurar las oficinas de la Cámara de Proveedores Mineros, evidenciando el interés oficial de avanzar en la extracción de minerales, anteriormente se había presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto. Aquel 24 de enero se produjeron enfrentamientos entre miembros de la UOCRA e integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, quienes reclamaban contra el proyecto San Jorge.

En ese marco, el Presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Egardo Vera, denunció a varios integrantes de la Asamblea, mientras que el fiscal Juan Manuel Sánchez acusó a Soria y a Mauricio Cornejo, quien cumple prisión domiciliaria, por pertenecer a una “agrupación que intenta imponer sus ideas por medio de la violencia o el terror” –Art 213 bis, del Código Penal- y por amenazas –Art 149-. En este contexto, el lunes Soria, acompañado del defensor oficial Alfredo Guevara, se presentó en el Polo Judicial a declarar y defender su inocencia, pero la jueza Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N°2, ordenó su detención y el traslado al complejo penitenciario.

Soria, quien padece ataques de pánico y ansiedad, se descompensó en los pasillos del Poder Judicial tras conocer la noticia de su detención. “Hay diez policías; pero no hay ni un solo médico” para atenderlo, denunció en ese momento Marcelo Romano, abogado de la Asamblea de Uspallata, fueron los compañeros de militancia quienes asistieron a Soria para que pueda recomponerse.

Por su parte, el abogado defensor calificó de “arbitrario” el accionar del fiscal Sánchez y señaló que se trata de “una persecución arbitraria e ilegal a miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata”. También dijo que la acusación carece de pruebas y denunció “declaraciones falsas y adulteración de declaraciones por parte de la fiscalía”. “Se demostró que ni Soria ni Cornejo tuvieron participación en ningún hecho de violencia, y además se demostró por expedientes, videos y documentos, además de testimonios, que la violencia tuvo su origen en una patota de la UOCRA, que fue trasladada a la localidad de Uspallata para simular apoyo a la minería e infundir temor a los vecinos de Uspallata, y que esa patota atacó al militante Flavio González, hecho que ha sido cuidadosamente ocultado a la opinión pública y que no quieren investigar”, advirtió Guevara en un texto titulado “El crimen de defender el agua”.

La detención de Federico Soria se suma al encarcelamiento de Mauricio Cornejo, quien estuvo 21 días detenido y lleva una semana bajo prisión domiciliaria por la misma causa. “Es una acusación agarrada de los pelos sin ningún tipo de prueba objetiva, por la que tienen presos a dos asambleístas solo como pena de escarmiento del poder político y económico, tanto del gobernador Cornejo como de las mineras, que están usando toda su influencia sobre el Poder Judicial”, sostiene Romano.

En ese sentido, agrupaciones ambientales de todo el país manifestaron su solidaridad con los detenidos y catalogaron el caso como persecución política. “Sabemos que las estrategias de intimidación buscan sembrar miedo para evitar que las comunidades se organicen y participen activamente en la resistencia a modelos productivos que van en contra de su elección de vida. Los gobiernos identifican a ciertas personas que consideran que ocupan roles de liderazgo para luego perseguirlas, estigmatizarlas, desprestigiarlas y judicializarlas con el objetivo de generar temor y desmovilización”, advirtieron decenas de organizaciones a través de un comunicado conjunto. Días antes de ser detenido, Soria difundió una carta abierta titulada “Soy y denuncio”, en el texto se presenta como “Técnico Superior en la Conservación de la Naturaleza, Licenciado en Turismo y Posgraduado en la Administración de Parques Nacionales”, y relata su actuar en pos del bienestar ambiental, destacando su labor en el Parque Nacional El Leoncito, el diseño de guías botánicas virtuales y el asesoramiento en el proyecto del Área Natural Protegida Polvareda-Uspallata, una iniciativa popular que se presenta como alternativa a la mina San Jorge. En la misiva, el activista denuncia “persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física”, por parte de las autoridades gubernamentales, en complicidad con las empresas mineras.

“Estoy siendo perseguido, tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Así como por estar en contra de Minera San Jorge y por proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”, denuncia Soria en la carta.

Desde las Asambleas recuerdan que en Argentina rige el Acuerdo Interamericano de Escazú, que “establece la obligación de los Estados a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, protegiéndolos de amenazas, persecución y violencia. Argentina, como país firmante, debe cumplir con este compromiso, en lugar de criminalizar a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos como el acceso al agua potable”, sostienen en el comunicado.

En ese sentido, ayer se realizó una masiva movilización en la Ciudad de Mendoza pidiendo por la libertad de Cornejo y Soria. Mientras que el próximo jueves la jueza Tula decidirá si ratifica la acusación o deja en libertad a los activistas detenidos.

Actualización 3 de abril: