Aunque el derecho al acceso a la información pública ambiental está consagrado en la ley provincial, nacional e internacional, las autoridades ambientales de la provincia desoyen los pedidos y obstaculizan el acceso a la información pública.
El funcionamiento opaco y la falta de transparencia en los organismos gubernamentales es un gran problema que ha propiciado grandes casos de corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público e impunidad ante la mala gestión a lo largo de los diferentes gobiernos. Muchos proyectos gubernamentales se implementan con hermetismo, sin informar a la sociedad ni ponderar su participación democrática, en asuntos ambientales esta situación conlleva problemáticas verdaderamente preocupantes, como la aprobación irregular de una actividad sumamente contaminante.
Ante esta situación, “el acceso a la información pública adquiere vital importancia para la defensa de otros derechos constitucionales como el derecho a un ambiente sano”, acceder a la información “permite monitorear y controlar la gestión pública” y “fomenta la transparencia”, explica la Ma. Eugenia Perez Cubero en “La Importancia del Acuerdo Regional de Escazú en la Construcción de una Democracia Ambiental en América Latina y El Caribe” -2021-.
El derecho al acceso a la información pública es entendido como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos y, al mismo tiempo, es un elemento esencial en las escasas instancias de participación ciudadana. Asimismo, se vincula con el derecho a la libertad de expresión y de prensa. En ese sentido, la legitimidad de los ciudadanos para acceder a la información se ha consagrado en la ley provincial, nacional e internacional.
El Régimen Provincial de Acceso a la Información Pública, la Ley Nacional N° 27.275 y N° 25.675 y el Acuerdo Internacional de Escazú garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública ambiental. El acuerdo regional, con valor constitucional en Argentina, indica que todos pueden solicitar la información sin necesidad de justificar las razones de la solicitud o la profesión en la que uno se desempeña.
Entre los documentos alcanzados por la norma se incluye la “información de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de otros instrumentos de gestión ambiental, cuando corresponda, y las licencias o permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas” -Art 6.3-, también respecto de las sanciones realizadas, entre otras.
Sin embargo, a pesar de todo este marco legal, las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Luis desoyen frecuentemente los pedidos y obstaculizan el acceso a la información pública. En las últimas semanas, EcoPress ha recabado testimonios de activistas y estudiantes que denuncian dificultad para acceder a la información ambiental solicitada.
“No nos permiten acceder a la información en Ambiente, nos hemos cansado de ir”, tenemos “una nota presentada, mails mandados y un formulario llenado”, denuncia una estudiante que ha solicitado información en reiteradas ocasiones, sin obtener respuestas favorables. Además, subraya que no le dieron el número de expediente de la solicitud.
Otros testimonios similares también recalcan que no se les entregó el número de expediente del requerimiento, un claro indicio de que la solicitud no ingresó formalmente a la burocracia estatal. En contrapartida, ante un pedido de acceso ante la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, este organismo contesta a la brevedad con el número de reclamo para que el ciudadano pueda seguir el estado de su solicitud.
En casos más favorables, los consultados indican que se les permitió ver alguna documentación, como estudios de impacto ambiental, pero que no pudieron llevarse una copia digital para analizarlos con el detenimiento que amerita.
Esta situación colisiona directamente con el Acuerdo de Escazú y las normativas locales, también pone de manifiesto el opaco polarizado que cubre a la Secretaría de Ambiente de la provincia. No obstante, lo que más llama la atención, es que la Ma. Eugenia Pérez Cubero, catedrática especialista en el acuerdo regional, se desempeña como Directora de Coordinación General de la cartera.
Foto de portada: ANSL.
EcoPress - Periodismo Ambiental 
Una respuesta a “El opaco polarizado de la Secretaría de Ambiente”
[…] unas semanas EcoPress advirtió sobre la dificultad para acceder a la información pública en la Secretaría de Ambiente de la Prov…, ya que activistas y estudiantes señalaron tener problemas respecto al acceso a la información […]
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