EcoPress – Periodismo Ambiental

Los delitos ambientales constituyen la tercera actividad más lucrativa de la delincuencia organizada, recaudando hasta 280.000 millones de dólares anuales. La deforestación ilegal, la minería ilícita, el tráfico de fauna, la caza furtiva y el tráfico de basura son las principales actividades de este opaco entramado que involucra a clanes, milicias, mafias, empresarios y funcionarios corruptos. A pesar de la gravedad del asunto, estos crímenes son percibidos como “delitos menores, y no como un crimen contra nuestro futuro”.

El tráfico de flora y fauna, la caza furtiva, el vertido clandestino de residuos tóxicos, la explotación ilegal de recursos naturales y la depredación ilícita de los océanos generan ganancias milmillonarias para el crimen organizado, grupos paramilitares, empresarios y funcionarios corruptos. La ecuación “gran beneficio/bajo riesgo” convierte a estos delitos en una fuente segura de ingresos para las bandas criminales: mientras generan ganancias multimillonarias comparables al narcotráfico, las autoridades no los persiguen con la misma intensidad con la que luchan contra el narco u otros delitos.  

En este contexto, el crimen ecológico crece año tras año y su rentabilidad aumenta exponencialmente. En 2016 estos delitos constituían la cuarta actividad más lucrativa de la delincuencia organizada, mientras que hoy se ubican en el tercer lugar. Según estimaciones de la Interpol, el crimen ambiental recauda hasta unos 280.000 millones de dólares al año.

Para tomar noción de la gravedad del asunto, tengamos en cuenta que entre el 15 y el 30% del comercio mundial de madera proviene de la deforestación ilegal, que en Argentina el 93% de los residuos industriales y especiales son desechados ilegalmente, que el 20% de la pesca mundial es capturada de manera clandestina, que en África cada año mueren unos 20.000 elefantes víctimas de la caza furtiva o que centenas de guardabosques son asesinados por combatir los crímenes contra la fauna.

La deforestación ilegal, la minería ilícita y el tráfico de vida silvestre son las tres actividades más lucrativas de este género criminal. La deforestación ilegal genera ganancias de hasta 152.000 millones de dólares anuales, la minería ilegal unos 48.000 millones y el tráfico de fauna hasta 23.000 millones. 

El informe La Crisis de Delitos contra el Medio Ambiente, de la Interpol y el Programa Ambiental de la ONU, advierte que la explotación ilegal de recursos naturales suele ser utilizada por grupos paramilitares para financiar sus actividades, así se garantizan “ingresos que no dependen de su éxito en el campo de batalla, lo que les permite resurgir una y otra vez luego de una aparente derrota militar”. 

Esta explotación ilegal militariza zonas ecológicamente importantes y sensibles, al tiempo que la destrucción ambiental exacerba la violencia entre comunidades, fomenta la delincuencia, la corrupción y la inestabilidad, advierte Interpol. Las zonas en conflicto proporcionan una tapadera de inestabilidad bajo la cual las organizaciones criminales transnacionales operan con libertad, facilidad e impunidad.

En la República Democrática del Congo, milicias como el Ejército de Resistencia del Señor –grupo de Uganda liderado por Joseph Kony-, los Yanyanuid –agrupación paramilitar de Sudán- o los Mai-Mai Morgan controlan varios yacimientos de cobalto y otros minerales valiosos. Estos yacimientos suponen cerca del 20% de la explotación de cobalto del país, mientras que empresas multinacionales operan como intermediarias en la comercialización internacional del codiciado mineral. En las minas congoleñas el trabajo forzoso y la explotación infantil son características arraigadas en la explotación de cobalto, además casi no existen medidas de seguridad y los accidentes suceden con frecuencia. En paralelo, las comunidades locales asediadas por los grupos armados sufren amenazas, intimidaciones, trata de personas, reclutamiento de niños soldado y/o esclavitud sexual, asegura Interpol.

Por su parte, en Colombia hace tiempo que las milicias han hecho de la minería ilegal una de sus principales actividades, cerca del 60% de las minas de oro del país son explotadas ilegalmente, contaminando irreversiblemente la exuberante biodiversidad de la Amazonía. Grupos como el Clan del Golfo, Los Pelusos y milicias residuales de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, controlan centenas de yacimientos y cobran significativas regalías a los mineros informales por la explotación de las minas.

En Buriticá se encuentra la mayor mina de oro del país, desde el 2020 es operada por la minera china Zijin Continental Gold; pero el Clan del Golfo ha tomado control de gran parte de la infraestructura de la mina. El Clan controla varios túneles que conectan bocas de mina clandestinas con la infraestructura de la empresa asiática, una vez dentro de la mina militarizan secciones enteras y acceden a las vetas de oro más provechosas, Zijin denuncia que ha perdido cerca del 70% de las secciones a manos del Clan del Golfo, y en los enfrentamientos entre el Clan y el personal de seguridad de la mina se han lamentado víctimas fatales de ambos bandos.

El Clan opera como un Estado paralelo, brinda operatividad a los mineros informales de Antioquia para explotar el yacimiento y les cobra regalías de un 10% sobre la extracción, también participa en la comercialización del codiciado mineral. Se estima que genera ganancias de unos 10 millones de dólares anuales solo con esta mina, y alrededor de la Amazonía colombiana controla centenas de explotaciones ilegales, de las cuales la mayoría se encuentran en zonas prístinas y se desarrollan sin ningún reparo por la contaminación que genera la actividad.

“El alto precio internacional del oro es un gran incentivo. (…) Tiene ventajas sobre la cocaína, entra fácilmente en un comercio legal, no hay mayor trazabilidad”, explica Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, en diálogo con Mongabay. 

Junto a la minería clandestina, la deforestación ilegal es otro bastión del crimen ambiental. Estimaciones de la Interpol indican que entre el 15 y el 30% del comercio mundial de madera proviene de la deforestación ilegal, con ganancias que ascienden hasta los 152.000 millones de dólares. En los principales países tropicales de El Caribe y África entre el 50 y el 90% de la explotación forestal es ilegal, sostiene la agencia policial. 

La madera de la deforestación ilegal es utilizada para fabricar muebles de árboles exóticos, empleada en la industria del papel, convertida en carbón vegetal o comercializada como leña. En Latinoamérica, el Sudeste Asiático y África la tala y el tráfico de especies madereras muy valiosas, amenazadas y escasas pone en grave peligro a la biodiversidad nativa. Especies como el palo de rosa, la prunus africana o la caoba son altamente codiciadas por los traficantes de madera, por ejemplo, la madera de palo de rosa alcanza un valor de hasta 50.000 dólares por m3 en el mercado negro.

En comparación al tráfico de fauna, el contrabando de madera conlleva un riesgo mucho menor para los traficantes, ya que puede mezclarse fácilmente con cargamentos de madera legal, trasladarse de forma abierta y, además, “prácticamente no existe riesgo alguno en la aduana ni protección sobre el terreno”, señala Interpol. 

Además, la madera ilegal también se utiliza como materia prima en la industria del papel, dificultando aún más la trazabilidad. Al contar con redes de empresas fantasma, los traficantes blanquean la madera con gran facilidad y hasta logran certificarla como sostenible. 

En Brasil, el ex ministro de Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, fue imputado en una causa de tráfico de madera. En 2021, cuando aún era ministro, la Policía Federal brasileña allanó la casa de Salles y varias dependencias del Ministerio de Medio Ambiente en una causa que investigaba la exportación ilegal y el blanqueo de madera. El por entonces jefe de la Policía Federal del Estado de Amazonas, Alexandre Saravia, lo había demandado penalmente asegurando que el ministro bloqueó el avance de una investigación contra la deforestación ilegal.

Alexandre De Morais, el juez de la Corte Suprema que autorizó los allanamientos, indicó que se había identificado un “grave esquema criminal de carácter transnacional” en el que estaba involucrado Salles, varios funcionarios públicos y empresas jurídicas. También apuntó contra una resolución ministerial que facilitaba la exportación de madera ilegal. Un mes después de los allanamientos, Salles renunció a su cargo.

En agosto del 2023, el exministro quedó imputado en una causa federal por estas acusaciones. La denuncia del Ministerio Público Fiscal también señala a Eduardo Bim, expresidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, y a otros funcionarios de la agencia ambiental. La acusación sostiene que varios funcionarios, con Salles a la cabeza, emitieron certificados que no cumplían con las normas técnicas de la institución para liberar madera ilegal incautada en Estados Unidos. Anteriormente, Salles había sido condenado por hechos de corrupción sucedidos cuando era secretario de Ambiente de Sao Paulo.

Paralelamente, la deforestación ilícita también está estrechamente vinculada con el avance de la frontera agrícola. En Argentina, la deforestación ilegal avanza imparable en la región chaqueña: en 2023 se deforestaron más de 126.000 hectáreas en el norte argentino. En la provincia de Santiago del Estero el 80% de los desmontes avanzaron ilegalmente sobre áreas protegidas o con permisos falsos, denuncia Greenpeace. 

Muchas veces, el avance agroindustrial sobre el monte nativo suscita conflictos territoriales con los campesinos locales o con los pueblos originarios. Ante esta situación, las empresas no titubean en emplear tácticas mafiosas para hacerse del control de las tierras: sobornan a funcionarios públicos para obtener permisos de tala, contratan a bandas para amedrentar a los campesinos del lugar o consiguen órdenes judiciales expedidas irregularmente para desalojar a las familias rurales. 

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denuncia que los empresarios suelen contratar a personas con problemas de adicciones o antecedentes de violencia, les entregan armas y los llevan a las tierras campesinas-indígenas que pretenden usurpar. En la última década cuatro personas han muerto en Santiago durante los conflictos territoriales que genera el avance de la agroindustria, y compañías como Porta Hermanos o Manaos están señaladas por este accionar.

En esa línea, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas –AAdeAA- recientemente denunció “la mafia del desmonte en Chaco”, luego de que la legislatura de aquella provincia aprobará deforestar sobre 1 millón de hectáreas de zona protegida, contradiciendo diversas leyes vigentes. “Tras una investigación exhaustiva, se descubrió la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos”, asegura la Asociación.

Son 7 funcionarios y empresarios denunciados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y/o trata de personas, entre otras. Entre ellos destacan Hernán Halavacs, ministro de Producción de Chaco, que previo a ser funcionario “tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, -para obtener- permisos irregulares de desmonte” y Luciano Olivares, ex subsecretario de Desarrollo Forestal, que le otorgaba los permisos de tala al primero. “Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normas ambientales locales”, sostiene AAdeAA. Según Interpol, el soborno para obtener certificados de tala puede ascender hasta los 50.000 dólares.

También resuenan Miguel Ángel López, ex director de Bosques de la Provincia y propietario de uno de los mayores aserraderos de Chaco, y Ana Victoria Hupaluk, empresaria maderera que tenía a 76 personas en condiciones de trabajo esclavo, incluidos niños, en uno de sus establecimientos. Ambos tienen relaciones comerciales con Halavacs.

En respuesta, la Fiscalía Federal de Chaco imputó a Olivares, a López y a Halavacs, como así también a varios legisladores vinculados en la deforestación ilegal. Asimismo, empresas como Vicentin, Las Guindas o Triad también son investigadas por estar involucradas en esta ‘mafia’. Al respecto, la jueza federal Zunilda Niremperger dictó una medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia durante tres meses, con posibilidad de prórroga, hasta que se esclarezca la situación.

Otro de los frentes de la delincuencia ambiental es la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre, un negocio que embolsa unos 23.000 millones de dólares al año, según estimaciones de Interpol. Incontables especies animales son víctimas del tráfico y la caza furtiva, y algunas de ellas se encuentran gravemente amenazadas por la caza ilegal, como el yaguareté o el rinoceronte blanco.

En África los diversos conflictos internos de varios países propician las condiciones para la caza furtiva generalizada, por ejemplo: durante las Guerras Civiles de Mali, Burkina Faso, Zimbabue o Uganda suscitadas a finales del siglo XX, ambos bandos recurrían al marfil y a los cuernos de rinocerontes como una fuente de financiamiento para el combate. Por caso, en Uganda el rinoceronte blanco se extinguió localmente en la década del 1970 ya que los diferentes grupos que se enfrentaban en la pugna por el poder abatían a cualquier rinoceronte que se les cruzaba en su camino para vender sus cuernos en el mercado negro, ahora, con una relativa estabilidad política, habitan unos pocos rinocerontes que fueron donados por países vecinos y que están fuertemente custodiados por los guardafaunas.

Hasta el día de hoy, la caza furtiva y el tráfico de marfil financia a diversas milicias en el continente, perpetuando la conflictividad social y agudizando la pobreza estrechamente vinculada con la inestabilidad política. El Ejército de Resistencia del Señor –ERS-, una milicia de Uganda declarada “grupo terrorista” por la Unión Africana, es temido por sus masacres, violaciones en masa y secuestros, hay una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Joseph Kony, su líder. El marfil y la minería ilegal son las principales fuentes de financiamiento de la milicia.

Aunque se desconoce el paradero actual del líder (ya que está en constante movimiento por ser uno de los terroristas más buscados del continente), sus pasos por diferentes regiones de África han dejado consecuencias catastróficas para las comunidades locales y la vida silvestre. En 2006 Kony se instaló en el Parque Nacional Garamba, en la República Democrática del Congo, por entonces allí habitaban unos 4.000 elefantes, y tan sólo nueve años después la población se redujo a 1.500 por la presión constante de la caza furtiva. 

El ERS tiene una estrecha vinculación con los Yanyanuid, un grupo paramilitar del gobierno de Sudán, y se han documentado intercambios de marfil por armas entre ambas milicias, a su vez los cazadores furtivos sudaneses han participado en las expediciones de caza junto a los soldados de Kony. Sudán es un punto clave en la ruta del tráfico de marfil y un refugio seguro para los traficantes, hasta 2015 el líder del ERS se escondía allí.

Además de las milicias, muchos campesinos pobres recurren a la caza ilegal como una forma de conseguir dinero o se alistan en los aceitados grupos de cazadores furtivos. En Tanzania la situación también es trágica, entre el 2010 y el 2015 la población de elefantes se redujo de 110.000 a 44.000, una merma del 60%. En el mismo periodo, Mozambique perdió cerca del 48% de la población. En 2013, Khamis Kagasheki, el por entonces ministro de Recursos Naturales de Tanzania, advirtió que el tráfico de marfil también “involucra a ricos y políticos que han formado una red muy sofisticada”, y acusó a cuatro miembros del parlamento de estar involucrados.

Según estimaciones de Interpol, cada año mueren abatidos unos 20.000 elefantes por el tráfico de marfil. En el mercado negro asiático –principal destino- el kilo de marfil alcanza un valor de hasta 2.850 dólares, y los cuernos de un elefante africano pesan entre 80 y 100 kilos en promedio, es decir que cada elefante abatido puede generar ingresos por más de 220.000 dólares, aunque una parte de ello queda en manos de los intermediarios que operan a lo largo de toda la ruta de contrabando.

Los guardaparques se ven superados en número y en artillería por los cazadores furtivos y las milicias, además en muchos países cobran salarios de miseria, propiciando la corrupción. Los milicianos están acostumbrados a matar animales, agentes forestales y a las fuerzas que luchan contra la caza furtiva, por ejemplo, en 2009 los soldados del ERS incendiaron el edificio principal de los guardafaunas de Garamba, destruyeron equipo y asesinaron a, al menos, ocho guardaparques.

Los guardafaunas se enfrentan a actores fuertemente armados y con experiencia militar, los soldados paramilitares suelen responder con ataques a los agentes que investigan la caza ilegal: en la década del 2000/2010 unos 1.000 guardafaunas fueron asesinados en 35 países del continente. Estimaciones de Interpol advierten que cada año son asesinados unos 100 agentes.

En ese sentido, los periodistas que se atreven a adentrarse en este opaco entramado e investigar el tráfico de fauna corren con el mismo riesgo, en 2021 los reporteros españoles David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina Faso mientras filmaban un documental sobre la caza furtiva en la Provincia de Kompienga, el convoy en el que se trasladaban fue atacado por una milicia vinculada a Al Qaeda –sospechada de operar en varios eslabones del tráfico de marfil-.

Sudamérica también sufre el flagelo de la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre. En Argentina se estima que ingresan unos 20.000 cazadores extranjeros cada año que pagan fortunas para cazar a todo tipo de especies, desde las numerosas vizcachas hasta el emblemático yaguareté. Algunos de ellos practican la caza de manera legal en lugares habilitados para tal fin; pero muchos otros la realizan de manera ilegal matando a especies protegidas, además el tráfico de trofeos de caza es una característica constante. 

Recientemente, la Fiscalía y la Policía Federal, junto a la Brigada de Control Ambiental, desbarataron una organización criminal dedicada a ofrecer servicios de caza a extranjeros y al tráfico de trofeos de los animales abatidos. La causa inició en 2018 cuando la justicia ordenó el allanamiento de la casa de Jorge Noya en Buenos Aires, y de dos predios que tenía en la Provincia de Santiago del Estero. Noya es propietario y fundador de Caza y Safari Argentina, una especie de “empresa” que posee cotos de caza, alojamientos para cazadores y armerías de manera irregular. 

En los allanamientos, las autoridades hallaron animales en cautiverio como búfalos, antílopes y ñandúes, que fueron liberados en santuarios. También se incautaron 180 taxidermias de especies protegidas que se exponían como trofeos en los cotos y alojamientos, todas sin contar con la documentación correspondiente y, por si fuera poco, en uno de los cotos había un criadero de pumas y un gran felino congelado en un freezer. Mientras el operativo estaba en curso, Noya se encontraba promocionando sus safaris en Estados Unidos. 

Sin embargo y a pesar de los resultados de los allanamientos, el “empresario” siguió operando con total impunidad durante cinco años más -probablemente gracias a la corrupción-, hasta que en 2024 fue detenido. En agosto de este año, las autoridades federales realizaron trece allanamientos simultáneos en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero. 

Los resultados del operativo son sorprendentes: se hallaron orejas, patas y una cabeza de elefante embalsamadas, cueros de yaguareté y de gatos monteses; pieles, cráneos y astas de ciervos y antílopes. En síntesis: más de 3.000 trofeos de caza, unas 35 armas de fuego, miles de municiones, nueve vehículos, dos motocicletas, soportes electrónicos y una gran cantidad de material incriminatorio, todo ello valuado en casi 50 millones de dólares.  Además, en el coto de Santiago rescataron a un puma y a tres pecaríes de collar en cautiverio, que estaban condenados a ser abatidos si la justicia no hubiese intervenido (los animales fueron liberados). También se descubrieron fotografías en las que Noya aparece posando junto a animales abatidos con sus diferentes clientes a lo largo de décadas, en esas imágenes se pueden contabilizar al menos 40 cadáveres de yaguaretés cazados. 

Noya y otros tres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Federal por los delitos de depredación de fauna silvestre agravados por haberse cometido de modo organizado, así como la tenencia ilegal de armas de fuego y la asociación ilícita. Mientras que otras tres personas involucradas se encuentran prófugas y con pedido de captura.

Respecto del tráfico de animales y trofeos de caza, Interpol sostiene que “las rutas para el tráfico de fauna frecuentemente son las mismas que las del tráfico de armas, drogas y personas”. Las principales regiones de origen del tráfico son África, Latinoamérica y zonas del Sudeste Asiático, mientras que los principales destinos son Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón, por su parte, China es un país destinatario y de tránsito al mismo tiempo.

También advierte sobre rutas de tráfico nacionales, en ese sentido en Argentina es común el tráfico de animales pertenecientes a las yungas o al monte chaqueño hacía Capital Federal y los principales centros urbanos, muchas especies de aves son víctimas del tráfico y, según las estadísticas, el 90% de los ejemplares mueren durante el contrabando, los monos y los grandes felinos también son especies muy codiciadas en el tráfico nacional.

En otra arista, el tráfico de basura y la administración fraudulenta de residuos también son una importante actividad para la delincuencia ambiental, según estimaciones de Interpol el tráfico y el tratamiento fraudulento de desechos generan ganancias de más de 11.000 millones de dólares anuales. La basura suele ser traficada hacia regiones del Sudeste Asiático, Latinoamérica y África, mientras que los principales países exportadores de desechos son Estados Unidos, Canadá, los miembros de la Unión Europea y China, entre otras.

En el año 1989 se sancionó el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos, un tratado internacional que prohíbe él envió de residuos peligrosos a los países en vías de desarrollo (Argentina adhirió en el 1991). El tratado surgió a raíz de una catástrofe ambiental y humanitaria generada por la exportación de basura tóxica: en 1988 empresarios italianos tiraron ilegalmente unos 2.000 barriles de residuos peligrosos en un pequeño pueblo de pescadores de Nigeria, pocos meses después los contenedores comenzaron a derramar las sustancias tóxicas y los habitantes comenzaron a sufrir dolor abdominal, dolor de cabeza y ceguera, también se lamentaron varias víctimas fatales.

Si bien el Convenio de Basilea sirvió para luchar contra el contrabando de residuos, también dio el puntapié para el negocio de tráfico de basura. Actualmente, el contrabando de desechos se realiza con empresas fantasma que venden “materia prima reciclable” a otras compañías irregulares, aunque la mayoría termina incinerada, en basurales a cielo abierto o en vertederos clandestinos y solo una ínfima parte es reciclada.

Entre el 2018 y el 2022 Latinoamérica recibió más de 53 millones de toneladas de basura plástica, según un análisis de datos aduaneros realizado por Ojo Público. Sin embargo, hay una fiscalización aduanera deficiente en los países receptores y, además, también se importan contenedores de basura mezclada, por lo que estos números podrían ser sustancialmente mayores.

Interpol advierte que los envíos ilegales de basura vienen en constante aumento valiéndose de documentos falsos y registros fraudulentos de los residuos, también alerta sobre un vínculo entre el crimen organizado y las empresas de gestión de desechos, que son utilizadas como tapadera para los envíos ilícitos. Por ejemplo, a finales de la década del 1980 la camorra –mafia italiana- comenzó a dedicarse al mundo de los residuos: en el 1989 se celebró una reunión en Villaricca en la que participaron miembros de la camorra, empresarios, amigos de políticos y propietarios de vertederos, en el encuentro la mafia se comprometió a transportar los residuos de varias compañías hacia Campania y pactó con funcionarios corruptos para enterrar ilegalmente todo tipo de residuos en el lugar, además esa localidad es un enclave fundamental en el tráfico de basura rumbo a África.

En muchos países, estos envíos se realizan gracias a vacíos legales -ya que el tratado de Basilea solo se enfoca en los residuos peligrosos-, en esa línea el expresidente argentino Mauricio Macri aprobó la importación de basura mediante decreto en 2019, y sus sucesores han ratificado la decisión por omisión.

Al otro lado de la cordillera, hace unos años una imagen del basural textil en el desierto de Atacama recorrió el mundo, Chile es el mayor importador de “ropa de segunda mano” de Sudamérica y concentra el 90% de las importaciones de la región, de las cerca de 60.000 toneladas de textiles usados que importa, el 66% terminan en basurales clandestinos. Por su parte, Ghana es conocido como uno de los países africanos que recibe la mayor cantidad de desechos electrónicos, allí las personas más vulnerables incendian los aparatos para separar el plástico de los metales, que son vendidos por unas pocas monedas, una práctica sumamente perjudicial para el ambiente y la salud.

Además del tráfico internacional de basura, la disposición fraudulenta de los residuos dentro de las fronteras nacionales también es un problema preocupante. Un estudio conjunto de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, que analizó datos aportados por las principales cámaras empresariales dedicadas al tratamiento correcto de los residuos industriales y especiales, indicó que en Argentina “el 93% de –este tipo- de residuos se tiran de manera ilegal”. El informe detalla que existen más de 400.000 empresas generadoras de residuos industriales y/o peligrosos; pero solo 34.000 firmas –el 8,4%- tratan sus residuos con una compañía habilitada para ese fin, en otras palabras: más de 368.000 empresas tiran ilegalmente unas 16.9 millones de toneladas de residuos industriales o peligrosos.

Asimismo, y lo que es más grave, algunas empresas habilitadas para el tratamiento de residuos peligrosos pueden realizar un tratamiento fraudulento de la basura. El caso de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima –Comarsa- es un claro ejemplo de ello. Esta firma se encarga del tratamiento de la basura petrolera de Vaca Muerta, en 2008 comenzó a operar en un predio del Parque Industrial Oeste de la Ciudad de Neuquén, donde recibía los barros contaminados y, supuestamente, les daba un tratamiento adecuado, a unos 500 metros de la planta hay un barrio donde viven centenas de familias.

En 2020 AAdeAA denunció ante la justicia a Comarsa por contaminación ambiental, desde entonces la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Neuquén, con el fiscal Maximiliano Breide Obeid a la cabeza, comenzó a investigar a la empresa y recopiló suficientes pruebas para elevar cargos contra tres directivos de la firma por contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. En 2014 Comarsa firmó un contrato con YPF S.A para tratar los residuos de sus operaciones, la compañía recibió barros contaminados por sobre su capacidad para tratarlos, generando una acumulación de esta basura tóxica en el predio. Mientras eso ocurría, la firma emitía certificados falsos y cobraba por tratamientos no realizados.

Por estos hechos, en febrero pasado, la Fiscalía elevó cargos contra Juan Manuel Luis, director y principal accionista de Comarsa; Héctor Basilotta, director suplente entre 2014 y 2021, y Fabián Adrián Paz, gerente general entre 2013 y 2016. Además, el fiscal sostiene que Comarsa no habría podido actuar irregularmente sin la complicidad de varios funcionarios provinciales: “vamos a presentar cargos contra los funcionarios en cuanto los identifiquemos”, adelanta Breide Obeid. Manuel Luis y Basilotta fueron imputados como coautores, mientras que Paz como partícipe necesario. El juez decidió declarar la causa como “caso complejo”, otorgándole a la Fiscalía un año más para la investigación, además impuso un embargo de 7 millones de dólares a Comarsa y otro decomiso a las cuentas bancarias de Manuel Luis y Basilotta, también se les prohibió salir del país.

Por último, cabe mencionar los delitos vinculados con la depredación de los océanos y la pesca ilegal, una actividad que recauda hasta 30.000 millones de dólares al año según estimaciones de Interpol. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO- calcula que el 20% de la pesca mundial se captura ilegalmente, y en África occidental la pesca ilegal representa entre el 30 y el 50% de las capturas totales.

Los buques chinos y europeos son los mayores predadores de las aguas nacionales africanas y latinoamericanas. China posee la mayor flota pesquera del mundo, la FAO estima que son unas 520.800 embarcaciones, y el gobierno de Xi Jinping brinda un fuerte apoyo a la pesca a través de subsidios al combustible, a la renovación de buques, incentivos fiscales y descuentos en primas de seguros, algunas actividades como la pesca de calamar en aguas tan lejanas no serían rentables para las empresas del gigante asiático sin el apoyo del Estado.

El voraz apetito chino por proteínas animales y marinas, junto a la sobrepesca y el deterioro de las poblaciones de peces en los mares próximos al país, forzaron a los buques a explotar la pesca en mares distantes. Así, en 1987 la China National Fishers Corporation, por entonces integrada por 11 buques de arrastre y un barco frigorífico, comenzó a pescar en aguas argentinas –la región más alejada de su territorio continental-. Ahora, el número de buques chinos en las aguas del Atlántico Sur se cuentan de a centenas, es común que en muchos de esos buques las condiciones de trabajo sean paupérrimas y, según el programa The Outlaw Ocean –Océanos sin Ley-, en muchos barcos de la flota existen trabajadores en condiciones de esclavitud.

Entre el 1986 y el 2020, la Prefectura Naval Argentina capturó 80 buques extranjeros pescando ilegalmente en las aguas nacionales, de los cuales 15 tenían bandera surcoreana, 12 de China y 11 de Taiwán y España. La logística de los buques extranjeros se realiza en puertos malvinenses y uruguayos, Montevideo es uno de los puertos que las flotas utilizan como base para descargar la pesca ilegal, cargar combustible, realizar reparaciones y abastecerse de víveres, entre otras. “Al permitir que las flotas extranjeras se mantengan alejadas de sus puertos de origen por tiempo indefinido, Uruguay está contribuyendo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada –INDNR- “, critica un informe de la American University Center for Latin América & Latin Studies and Insigth Crime.

Además, en los últimos años la flota china también comenzó a adentrarse en las aguas antárticas, concentrándose en la captura de Krill. En 2020 capturó unas 118.000 toneladas de este espécimen, en el mismo año se estima que el gigante asiático representó el 35% de la pesca mundial.

A pesar de que estos delitos generan más ingresos que la trata de personas, el crimen ambiental no es perseguido con la misma intensidad con la que se lucha contra otras actividades igualmente graves. “Los delitos ambientales se siguen viendo como un delito menor, y no como un crimen contra nuestro futuro”, grafica Sasa Braun, investigador criminal de la Interpol, en dialogo con la Deutsche Welle. En ese sentido, desde la agencia advierten que “la mayoría de programas de lucha contra el crimen ambiental cuentan con financiamiento insuficiente”.

Además, tal y como ocurre con el narcotráfico, son los eslabones “más bajos” de la cadena los que suelen recibir el peso de la ley y de los agentes policiales. Existe un grupo de poderosos que se beneficia directamente de los delitos ecológicos, pero que resultan invisibilizados por no encontrarse en la primera línea de los acontecimientos.

Asimismo, “con frecuencia se aplican leyes incorrectas en los tribunales, las pertenecientes a las leyes ambientales en su sentido más estricto, e ignoran las vinculadas al crimen organizado, la violencia o el fraude fiscal”, señala Interpol.

Finalmente, la agencia sugiere que una respuesta efectiva a los delitos ambientales debe incluir medidas de gobernanza y de lucha contra el crimen. “Los gobiernos y la comunidad internacional deben desarrollar capacidades para disuadir, prevenir y proporcionar protección. En paralelo, desarrollar medios de vida sostenibles y atender las causas estructurales que propician el crimen”, ya que se trata de una problemática que abarca a la pobreza, asuntos sociales, la delincuencia organizada y tensiones políticas/armadas. 

Bibliografía consultada:

-El Lavado de Dinero y los Delitos Ambientales. /Alfredo Monzón/.

-La Crisis de Delitos contra el Medio Ambiente. /Interpol-PNUMA/.

-La Amenaza Química derivada del Tráfico Ilegal de Residuos. /Héctor Santed Liébana/.

-Argentina y la Pesca Ilegal China. /Eduardo Daniel Oviedo – Conicet/.

-Cómo la Matanza de Elefantes Financia el Terror en África –Bryan Christy-.

-Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

-Prensa local de Argentina, Brasil y Colombia.

-Archivo EcoPress.