Un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, titulado “Deforestación Inc”, evidenció como muchos productos forestales con “sello verde” provienen de desmontes ilegales, o están relacionados con prácticas que vulneran los Derechos Humanos.
Hoy en día los consumidores son mucho más conscientes en materia ambiental que antaño; por eso a la hora de adquirir un producto suelen elegir aquellos que tienen una certificación de sostenibilidad. Pero no todo lo que se publicita como ecológico es ambientalmente amigable: un reciente trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ, por sus siglas en inglés- y de 39 medios de comunicación asociados, dio cuenta de que muchos productos con “sello verde” están ligados a la deforestación ilegal o a prácticas que vulneran los Derechos Humanos e indígenas.
Durante unos nueve meses, más de 140 periodistas investigaron acerca de los “sellos de sostenibilidad” que algunos productos forestales poseen, e indagaron en las ‘empresas’ que otorgan estos sellos: descubrieron que muchos de los productos publicitados y certificados como ecológicos en realidad no lo son. El título de la investigación es “Deforestación Inc”.
Certificados de Sostenibilidad, negocio millonario:
Ante la falta de una legislación clara en materia forestal y la creciente conciencia ambiental de la sociedad, en la década de los ‘90 surgieron varias “empresas” dedicadas a auditar y certificar que determinado producto es sostenible o amigable ambientalmente.
El Consejo de Administración Forestal -FSC, por sus siglas en inglés-, es una de las certificadoras forestales más grandes y conocidas del mundo, fue fundada en México pero hoy sus oficinas centrales están en Alemania. Tan solo en Sudamérica ha otorgado más de 2.150 “sellos verdes” a diferentes empresas, de los cuales el 57% están en Brasil, un país donde se estima que cerca del 90% de la deforestación es ilegal.
FSC es una “asociación civil sin fines de lucro”; pero esa carátula legal no le impide aumentar año tras año sus ganancias. La certificadora está constituida en Oaxaca, México, pero tiene cinco compañías subsidiarias en Alemania, China y Malasia. Solo FSC International Center está registrada como una “organización sin fines de lucro”, sus subsidiarias fueron registradas como empresas.
Según el propio balance financiero de FSC, en 2020 registraron ingresos por un valor de 44 millones de dólares: el 80% de eso corresponde a lo que pagan las empresas para mantener los “sellos verdes” de la certificadora.
Otra de las certificadoras es el Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal -PEFC, por sus siglas en inglés-, que nació hace unos 20 años por la unión de propietarios de pequeños bosques europeos para crear “un sistema internacional de certificación forestal que premiará la buena gestión de los bosques”. PEFC también factura varios millones de dólares al año para emitir certificados.
Estas “empresas” trabajan con auditores tercerizados para otorgarles a diferentes firmas “certificados de sostenibilidad” o “sellos verdes” que ‘garantizan’ que determinado producto proviene de un manejo forestal ecológico. Si bien hay otras certificadoras, FSC y PEFC son las más reconocidas e influyentes hasta el momento.
Necesidad de Certificar la Sostenibilidad:
Con el esparcimiento de la conciencia ambiental en la sociedad, cada vez son más los consumidores que buscan alternativas sostenibles a la hora de adquirir algún producto. En esa misma línea, los inversionistas prefieren invertir en aquellas empresas que tengan un manejo responsable y sostenible ambientalmente. La forma más sencilla de demostrarle a los potenciales inversores y clientes que una firma es sostenible es contando con una certificación de una de estás reconocidas asociaciones.
El logo de FSC, un dibujo de un árbol verde, ha inundado el mercado mundial. Este sello está en cepillos de bambú, papel, muebles, cartón de embalaje, maderas y un sinfín de derivados forestales. El de PEFC también está presente en una gran variedad de productos, aunque su mayor presencia está en Europa.
Fallas en la certificación:
En la práctica, las certificadoras trabajan con auditoras externas que ponen a disposición de las empresas que deseen incorporar el “sello verde” en su madera y derivados, las firmas deben contratar a estas auditoras para que realicen la inspección correspondiente. En algunos casos la revisión es física y rigurosa, pero en otros solo se revisa la documentación legal, todo depende del certificado que se requiera. Los certificados varían desde “FSC 100%”, “madera controlada” o “FSC Mix -que puede incluir madera no certificada-”.
Teóricamente, si las auditorías no encuentran ninguna irregularidad, la firma que busca obtener el sello puede incorporar el logo de una de estas certificadoras en las etiquetas de sus productos de madera o derivados.
En noviembre del 2021, más de 34 ONG`S europeas reclamaron cambios estructurales urgentes en las auditorías de FSC, acusaron a la organización de incentivar la deforestación y de confundir a los consumidores e inversionistas. La modalidad de certificación con la que opera FSC genera “complicidad en las relaciones y una ceguera intencionada de los auditores (…). Esto crea un grave conflicto de intereses y debilita la integridad del proceso principal de FSC, la auditoría”, denunciaron las organizaciones.
Por su parte, PEFC ha sido criticado por grupos ambientalistas y expertos forestales por realizar prácticas alineadas con la industria forestal. Ambas certificadoras han sido acusadas por la falta de transparencia en sus auditorías y procesos de certificación.
Por estás críticas, la organización Greenpeace International se retiró del comité de FSC hace varios años.
Deforestación ilegal vinculada a productos certificados:
Según la investigación periodística, desde 1998 más de 340 empresas certificadas en la industria de productos forestales han sido acusadas de delitos ambientales, deforestación ilegal y otras irregularidades.
Entre los hallazgos, está la empresa brasilera de productos forestales Madeiras Preciosas, que opera en la Amazonía y que aseguró estar “certificada con gran éxito”, pese a haber sido multada 37 veces en 24 años por almacenar y transportar madera sin documentación legal. Otras 54 empresas certificadas por FSC en Brasil han sido multadas por millones de dólares por violar normativas ambientales.
En Chile, una empresa forestal japonesa certificada obtuvo madera de proveedores que utilizaron documentos con información falsa sobre el origen de la madera. El medio La Bot, uno de los asociados a ICIJ publicó recientemente un capítulo dedicado al caso chileno.
En 2015 se incautó el cargamento de madera ilegal más grande de la historia del Perú. 90 empresarios y funcionarios son investigados por este hecho. La empresa forestal La Oroza aparece en varias fojas del expediente, actualmente es investigada por tráfico de madera y tiene prohibido exportar hacia EEUU desde 2017. Sin embargo, en mayo del 2021 FSC renovó la etiqueta de madera limpia para La Oroza hasta 2026.
En Rumania, en abril del 2022 “una importante” certificadora ‘garantizó’ que los productos de madera de un conglomerado cumplían los estándares ambientales. Pocos meses después, las autoridades rumanas iniciaron una investigación sobre la tala ilegal de algunos proveedores de madera del conglomerado en cuestión.
En Indonesia, la Red de Monitoreo Forestal Independiente informó que en la última década las auditoras no detectaron violaciones ambientales por parte de al menos 160 empresas certificadas.
En EEUU, Italia y Nueva Zelanda, los fabricantes de cubiertas de madera para yates lucen sus “etiquetas verdes” incluso cuando importan teca de Myanmar, donde el comercio de recursos naturales financia un régimen militar que derrocó a un gobierno democrático.
En una multitud de países y centenares de empresas se registran casos de comercio de madera certificada vinculada a deforestación ilegal, violaciones a normativas ambientales o vulneración de Derechos Humanos.
Certificaciones, “a veces es verdad; a veces es falso”:
Gregoire Jacob, un consultor que trabaja en la industria forestal, señaló a Radio France, socia del ICIJ, que “es todo el sistema en el que confiamos, en las certificaciones en general, lo que no funciona”. En esa línea, apuntó que con las certificaciones “se nos hace creer que obtendremos productos más virtuosos, a veces es verdad; a veces es falso”.
Jacob es uno de los seis ex auditores que les dijo al consorcio de periodistas que los estándares de certificación eran inadecuados y los procedimientos ineficaces.
Según explicaron los ex auditores, en la medida que las marcas estuvieran dispuestas a pagar por certificaciones de sostenibilidad, las certificadoras y auditoras relajan sus estándares y el proceso se vuelve menos efectivo.
Al ser consultados, desde FSC dijeron que “como una herramienta voluntaria (…) -la asociación- no pretende resolver por sí sola un problema de muchas capas como la deforestaciòn”. Una de las auditoras que trabaja con FSC dijo que han “bloqueado” a 88 compañías para acceder a las acreditaciones de la asociación en los cinco ultimos años, aunque no respondieron acerca del porqué empresas certificadas fueron investigadas o condenadas por violar normas ambientales.
En consecuencia, se baraja la posibilidad de que los gobiernos emitan certificaciones basadas en una ley clara, con aranceles marcados y con penas contundentes.
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