La organización internacional por los derechos humanos visitó la Provincia de Jujuy, entrevistó a más de 100 personas entre manifestantes y funcionarios, y concluyó que el gobierno de Gerardo Morales violó los DDHH de los jujeños. Disparos a la cabeza, detenciones arbitrarias, abuso sexual y procesos judiciales injustificados son algunas de las violaciones documentadas.
En junio pasado la provincia de Jujuy modificó su Constitución sin participación social y sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos, como lo obliga la ley. En respuesta, gran parte de los jujeños salieron a las calles a reclamar por sus derechos y a manifestarse en contra de la reforma constitucional impuesta por el gobierno local. “La policía provincial de Jujuy cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas –indebidas- para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia”, denuncia Amnistía Internacional en un comunicado.
A principios de agosto los pueblos originarios nucleados en el Tercer Malón de la Paz arribaron a capital federal para exigir una pronta resolución a la situación que se vive en Jujuy. Exigen que el Gobierno Nacional intervenga, investigue las violaciones a los Derechos Humanos y de marcha atrás a la reforma constitucional de la provincia, ya que denuncian que afecta a la propiedad indígena de tierras y promueve la explotación minera –entre otras-, hasta el momento sin solución directa.
A finales de septiembre una delegación de Amnistía Internacional viajó a Jujuy y entrevistó a unas 107 personas, incluyendo a víctimas y testigos de la represión, a integrantes de pueblos originarios, a abogados, a organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público Fiscal –Sergio Lello Sánchez- y representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Además, se solicitó una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, las cuales no pudieron concretarse. La organización también analizó material audiovisual de la represión a las protestas.
Recientemente, la organización compartió los resultados preliminares de su análisis. Constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en las movilizaciones, en ocasiones la policía disparó balas de goma directamente a las cabezas de las personas que se manifestaban, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de diferente tipo y gravedad: dos personas padecieron lesiones oculares permanentes, entre ellas un adolescente que recibió impactos en el rostro y en el torso. Amnistía recuerda que los disparos de balas de goma hacia la cabeza y la parte superior del cuerpo están prohibidos por el derecho internacional, además solo pueden ser utilizados hacia personas concretas involucradas en un acto de violencia, siempre y cuando otros medios menos extremos sean insuficientes.
Otro punto importante es que algunos efectivos policiales intervinieron sin identificación, sin uniforme y en vehículos particulares en las manifestaciones, en algunos casos agrediendo a los manifestantes con golpes y piedras. Además, muchas víctimas de la represión denunciaron haber encontrado resistencia y hasta la negación de recibir atención médica en más de un hospital público, lo que constituye otra violación a la ley internacional.
Pero la represión y las violaciones a los DDHH no solo fue con la fuerza bruta, sino también con detenciones arbitrarias, persecución penal, persecución contravencional e inclusive abuso sexual. Durante las protestas en San Salvador de Jujuy del 20 de junio, más de 70 personas fueron detenidas, sin embargo, según información del Ministerio Público de Acusación solo “dos o tres” están siendo investigados por supuestos hechos de violencia cometidos durante las manifestaciones, mientras que los demás fueron liberados sin cargos.
Por otra parte, durante las protestas masivas en Purmamarca del 17 de junio muchos fueron detenidos injustificadamente, incluido un adolescente que fue llevado a un centro de detención aún después de aclarar que era menor de edad. Una mujer detenida arbitrariamente en ese contexto relató haber sido obligada a desnudarse totalmente delante de un grupo de policías varones, lo que además de ser una privación ilegítima de la libertad, constituye un abuso sexual y un perjuicio a la dignidad humana.
También se confirmó el uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes, la utilización de este instrumento ha sido otra forma de criminalizar las protestas. Diversas personas dijeron haber recibido notificaciones de supuestas contravenciones en sus casas o en las calles por el simple hecho de haber participado de forma pacífica en las protestas o haber ayudado a quienes se manifestaban. Muchas de estas contravenciones fueron procesadas en ausencia de la persona acusada, a pesar de que pueden resultar en cuantiosas multas o penas de cárcel. También se documentó que por los mismos hechos también se juzga a la persona penalmente, afectando la garantía de la prohibición del doble juzgamiento.
A su vez, el Ministerio de Seguridad local dijo que unos 180 policías habrían resultado heridos durante las protestas, hechos que están siendo investigados. En contraposición, Amnistía Internacional denuncia la falta de proactividad de las autoridades para investigar los posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Además, los testimonios recopilados indican que muchas víctimas de la represión tienen miedo a denunciar por temor a ser perseguidos por su participación en las manifestaciones.
“El pueblo de Jujuy tiene el derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente, así como de ser informado y participar de medidas que afecten sus derechos. Las autoridades de la provincia deben garantizar estos derechos e investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas”, sentencio Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Foto de portada: Susi Maresca.
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