EcoPress – Periodismo Ambiental

Este lunes el Tribunal de Impugnaciones trató la solicitud de desalojo del acampe que la Asamblea mantiene desde hace más de un mes para proteger y conservar el bosque Vulpiani. Luego de la audiencia, el Tribunal pasó el caso a cuarto intermedio y se espera la decisión de la justicia. Al respecto, los manifestantes sostienen que son defensores ambientales y que no están cometiendo ningún delito.

Desde principios de julio, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani mantiene un acampe en el “bosque Vulpiani” para preservar 12 hectáreas de monte y reclamar contra el Impacto Ambiental de la obra milmillonaria que el gobierno provincial pretende erigir en el lugar. Anteriormente, la Asamblea analizó toda la documentación ambiental del proyecto y solicitó una Audiencia Pública para tratar una serie de irregularidades vinculadas a su impacto ecológico, finalmente la audiencia fue rechazada, y la Secretaria de Ambiente aprobó la obra.

Es preciso recordar que la zona en cuestión se encuentra originalmente catalogada como roja y amarilla por la Ley Nacional de Bosques N° 26.331, es decir que se trata de una zona protegida. Además, en el lugar confluye el río Las Chacras y el arroyo Cuchi Corral: formando el río Chorrillos, por lo que es un terreno frágil ante cualquier perturbación.

En ese sentido, según consta en el expediente, la empresa adjudicada –SERVING S.R.L- inició las obras y los desmontes sin presentar el Estudio de Impacto Ambiental –EsIA-, un hecho ilícito perpetrado impunemente en total complicidad con el Estado provincial.

Al ser consultado por EcoPress, Luis Negri -integrante de la Asamblea- explica que “el acampe es una medida de fuerza que tomamos porque nos negaron cada instancia de dialogo que pedimos, y porque quisieron iniciar las obras a la fuerza y pasarnos por arriba. Hace más de tres meses que estamos reclamando que nos escuchen, en cambio, nos citan a una audiencia judicial para criminalizarnos”.

Apenas inició el acampe, la fiscal Maria del Valle Duran solicitó una orden judicial para desalojar el campamento; pero el juez Marcos Flores Leyes rechazó la solicitud en un fallo ejemplar para la provincia. En respuesta, la fiscalía apeló la decisión del juez, razón por la cual el Tribunal de Impugnaciones debe resolver el pedido de desalojo.

Inicialmente la audiencia iba a celebrarse el pasado 24 de julio, pero fue suspendida por una serie de inconsistencias, entre ellas que ni la Asamblea ni el abogado iban a poder participar de la misma, porque no hay nadie denunciado. Finalmente, la audiencia se celebró este lunes, en ella participaron integrantes del Ministerio Publico Fiscal, representantes de la Fiscalía de Estado, el abogado ambiental Gustavo Quiroga y, evidentemente, el Tribunal. Mientras que la Asamblea no pudo hacer uso de la palabra para defender su posición porque –paradójicamente- no están denunciados, sin embargo, se hicieron presentes frente al Palacio de Justicia.

En conferencia de prensa, el abogado especialista en Derecho Ambiental y representante de la Asamblea, explicó que en la audiencia “hablaron todas las partes. La fiscal Durán insistió con el desalojo, luego Fiscalía de Estado manifestó que –la Asamblea- no tiene derecho de estar en ese lugar ni de hacer este reclamo porque se trata de un terreno que es de propiedad del Gobierno provincial, pero la realidad es que todos somos dueños de esto y tenemos la obligación de defender y proteger ese espacio”.

A grandes rasgos, la fiscalía argumenta que el acampe es una actividad ilegal que impide la libre circulación de personas y vehículos. La Asamblea retruca explicando que no impiden el paso de los peatones y alegando que –según el Acuerdo de Escazú- son defensores ambientales que protegen la naturaleza.

Quiroga detalló que “la presidenta del Tribunal manifestó que había una agenda muy profusa de cosas y que se tenían que ir a Villa Mercedes –por otro asunto-, y dieron un cuarto intermedio para tomar la decisión final”. En ese sentido, el Tribunal tiene un plazo máximo de 10 días para decidir.

Al respecto, Luis se siente optimista, “confiamos que con el cuarto intermedio Laura Molino, jueza del Tribunal de Impugnaciones, decida con perspectiva ambiental y en consonancia con el Acuerdo de Escazú”.

Paralelamente a la solicitud de desalojo, el equipo del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales, de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, presentó varias medidas en la justicia civil para paralizar la obra y finalmente poder levantar el campamento. En esa línea, Quiroga detalló que “hace dos semanas iniciamos un proceso judicial civil del cual no tenemos novedades. Hemos solicitado varias medidas y no han resuelto ninguna, (…) pueden dar lugar a lo solicitado o no; pero tienen que resolver algo”.

La Asamblea exige “que se avance en todas las medidas que presentamos, se hacen los sordos y no están dando lugar ni respondiendo ninguna de las medidas que presentamos legítimamente. Estamos siguiendo todos los procedimientos correspondientes para poder levantar el acampe; pero no vamos a desalojar el campamento si no está garantizada la conservación del bosque. Pedimos que de una vez por todas vengan a escucharnos, en lugar de criminalizarnos”, sentencia Luis.

Por su parte, Juan Quiroga –referente ambiental e integrante de la Asamblea- asegura que lo que sucede en torno al Vulpiani es histórico para el ambientalismo puntano, sin desconocer otros reclamos y luchas socioambientales de la provincia. Al ser consultado, subraya que la obra no tiene Licencia Social: “hemos juntado un montón de firmas que dan cuenta de que este proyecto no tiene licencia social, es decir que la comunidad no quiere que este proyecto de obra planteado por el gobierno avance sobre el bosque Vulpiani. A través de diferentes plataformas hemos recolectado unas 5.000 firmas, que dan cuenta de que la gente apoya la idea crear una Reserva Natural en el bosque”.

Asimismo, denuncia que “desde el primer día la policía estuvo a favor de los intereses de la empresa SERVING S.R.L y su apoderado, Sergio Finelli. La policía estuvo hostigando con su presencia, filmándonos, pasando frecuentemente por el acampe, solicitando documentación e intimándonos a desalojar, entre otras cosas”. También señala que “hay mucha gente no se anima a firmar –en defensa del Vulpiani- por temor a represalias, mucha gente trabaja para el Estado o de alguna manera depende de él, y tienen miedo de las consecuencias que puede implicar firmar en contra de la obra”.

De hecho, una de las integrantes de la Asamblea denuncia que fue despedida de su trabajo por su militancia ambiental. En comunicación con EcoPress, denunció que trabajaba como docente en el Instituto privado San Vicente, ubicado en un terreno al lado del Ave Fénix que resulta ser Reserva Provincial, y cuya directora es la esposa de Felipe Tomasevich –ex ministro de Obras Públicas-. Relata que cuando inició el acampe fue despedida de su cargo como docente sin ninguna explicación ni justificación.

Finalmente, Luis agrega que “nos da vergüenza que nuestros supuestos representantes, tanto del ejecutivo como del legislativo, y ahora del judicial, no hagan cumplir las normas vigentes, no solo eso, sino que ellos mismos las incumplen, y además tratan de criminalizarnos como defensores de la naturaleza”.

Nuevamente y como de costumbre, la incertidumbre reina en torno a esta controversia. La Secretaria de Ambiente guarda silencio y se mantiene reacia al dialogo, las medidas presentadas en la justicia civil no avanzan, y el Tribunal de Impugnaciones aún no decide. Mientras, la Asamblea mantiene el acampe resistiendo a las inclemencias del clima y a la hostilidad y desidia de las autoridades.

Foto de portada: Asamblea Ciudadana por el Vulpiani.