EcoPress – Periodismo Ambiental

Vecinos y vecinas de Juana Koslay solicitaron una Audiencia Pública para tratar diversas irregularidades ambientales alrededor de la obra Parque Acueducto Vulpiani. Sin embargo, el gobierno de la provincia negó la audiencia, y los vecinos rechazan la negativa y exigen que no se emita la Declaración de Impacto Ambiental hasta que se respondan sus exigencias.

Desde que el gobierno de la provincia oficializó la construcción del Parque Acueducto Vulpiani, a principios de abril, organizaciones ambientalistas y vecinos de Juana Koslay han reclamado por los impactos ecológicos de la obra. La obra se pretende desarrollar en un predio de 12.3 hectáreas de monte, y su presupuesto es de 1.820 millones de pesos: allí el gobierno quiere construir calles, edificios comerciales y administrativos, estacionamiento, islas de juegos, senderos, conexión de servicios básicos, miradores y un teatro al aire libre, entre otros detalles.

En un principio, el principal reclamo de los vecinos agrupados era acceder a la documentación ambiental correspondiente a la obra. Para tener acceso a esta Información Pública, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani presentó solicitudes en, al menos, cuatro ocasiones; tanto en las oficinas de la Secretaria de Ambiente como en las del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. A pesar de que la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública establece que estas solicitudes deben satisfacerse en un plazo de “diez días hábiles”, el gobierno difundió la documentación luego de un mes y medio de reclamos.

En el transcurso de esta primera etapa de protesta social pacifica, se observó y constató la presencia de maquinaría trabajando en el lugar: el 2 de mayo mientras la Asamblea realizaba un “encuentro familiar en defensa del Vulpiani” divisaron la presencia de una retroexcavadora que amplió caminos y extrajo árboles, para la Asamblea se trata de una flagrante violación a la normativa ambiental. Según información a la que accedió EcoPress, esta máquina tenía la tarea de ampliar el camino y ‘hacer espacio’ para el ingreso de maquinaría de mayor porte, además ese día uno de los operarios de la empresa SERVING S.R.L admitió que la obra efectivamente había iniciado, a pesar de que no se había emitido la Declaración de Impacto Ambiental (requisito necesario para iniciar una obra de estas dimensiones).

La presencia de esta máquina despertó gran preocupación en la Asamblea, ya que gran parte de la zona donde se pretende realizar la obra está catalogada como amarilla por la Ley Nacional de Bosques N°26.331, según se puede constatar en el mapa interactivo OTBN auspiciado por el Senado de la Nación. Para la Asamblea este hecho constituye una flagrante violación a la ley: tanto al procedimiento de evaluación ambiental como a la Ley de Bosques. Mientras que el gobierno insiste en que este hecho no incumple la Ley Provincial de Bosques. Sin embargo, gracias a la denuncia pública de este acontecimiento la maquina se retiró y cesaron las tareas.

La situación continuó con relativo optimismo, luego de que el gobierno asegurará que las obras no iniciarían hasta que se complete el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, reinaba la incertidumbre en torno a la construcción, ya que la autoridad aún no difundía la documentación solicitada.

Finalmente, a principios de junio la Secretaría de Ambiente permito el acceso a la documentación solicitada. Los informes, en su totalidad, suman unas 700 fojas. Dicha documentación fue publicada por este medio bajo el principio de máxima publicidad consagrado en el Acuerdo Interamericano de Escazú, gracias a ello unas 93 personas ajenas a la asociación vecinal pudieron descargar la documentación. 

Inmediatamente la Asamblea comenzó a analizar la documentación, y solicitaron el asesoramiento de la Universidad Nacional de San Luis –PITSA- y del Centro de Estudios Ambientales y Jurídicos. La normativa provincial establece que los vecinos e interesados tienen diez días corridos para analizar la documentación y presentar consultas, observaciones u objeciones, ante el corto plazo la Asamblea solicitó una prórroga; pero el pedido fue desestimado porque la ley “no comprende la posibilidad de extender el plazo”.

Entonces, el mismo día que cerraba la instancia de participación ciudadana la Asamblea presentó la solicitud correspondiente para la realización de una Audiencia Pública a fin de tratar diversas irregularidades ambientales en la obra, junto a la solicitud presentaron un texto de 11 páginas con observaciones y objeciones acerca de la documentación presentada.

Entre sus observaciones mencionaron que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa es incompleto, denunciaron que la obra prevé la utilización de glifosato (hecho prohibido por ley), consultaron sobre el riesgo de inundaciones por la alteración hídrica, denunciaron que la mayor parte del terreno está protegido y señalaron que parte del estudio tomaba como base una ley de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchas otras observaciones.

Paralelamente, otro grupo de vecinos (el reconocido geólogo Héctor Lacreu, junto a Martín Cerda y Carla Rodríguez) también solicitaron fundadamente la Audiencia, incluyendo entre sus observaciones la posible presencia de artículos arqueológicos.

El tiempo transcurrió, la Asamblea prosiguió con las acciones de protesta pacífica como los “encuentros familiares” de todos los domingos y los ‘semaforazos’ informativos, mientras se organizaban de cara al futuro y aguardaban la respuesta del gobierno. Finalmente, a finales de junio la Secretaria de Ambiente respondió las solicitudes de Audiencia Pública.

A través de una nota enviada a la Asamblea la autoridad respondió algunas de las observaciones y objeciones de la asociación vecinal. Por ejemplo, el gobierno admitió que efectivamente la mayor parte de la zona en cuestión se encuentra catalogada como de mediana protección por la Ley; pero retrucó argumentando que la obra está fue declarada de Interés Público mediante decreto, razón por la cual se puede avanzar sobre el terreno. Asimismo, aseguraron que aquellos puntos que “permiten establecer parámetros más eficaces de protección ambiental” (en respuesta al uso del Glifosato, a la ‘base legal foránea’ y al consumo de agua de las champas) fueron incorporados en la toma de decisión.

Con esta nota el gobierno considera que se garantizó la participación ciudadana y rechazó la solicitud de Audiencia Pública, y consideró que los argumentos fundados por la Asamblea “no son suficientes”.

Además, la Secretaría de Ambiente también negó la solicitud presentada por Lacreu, Cerda y Rodríguez. No obstante, estos vecinos rechazaron la respuesta del gobierno y afirmaron que “las respuestas ofrecidas por la Autoridad Ambiental no son satisfactorias”, además señalaron que “nuestras observaciones, al ser incorporadas en el ‘proceso de toma de decisión’ fueron reconocidas como fundadas y pertinentes, respondiendo a las exigencias –legales- para proceder a la convocatoria de Audiencia Pública”.

Hoy se vive una cierta incertidumbre acerca del proceder de la obra Parque Acueducto Vulpiani. La Asamblea continúa con el asesoramiento de expertos de la UNSL y de abogados para evaluar posibles acciones a fin de garantizar el cuidado y la preservación ambiental. En tanto, mantienen las acciones de protesta pacífica y de difusión de la problemática. 

Foto de portada: cortesía Ezequiel Cardozo.