Luego de analizar el Estudio de Impacto Ambiental y la documentación correspondiente a la obra “Parque Acueducto Vulpiani”, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani solicitó formalmente la instancia de Audiencia Pública para tratar una serie de irregularidades e inconsistencias relacionadas al proyecto. Asimismo, denuncia que la obra se pretende desarrollar violando la ley ambiental vigente.
A principios de abril el Gobierno de San Luis anunció la construcción de la obra Parque Acueducto Vulpiani, un proyecto milmillonario que prevé la construcción de edificios comerciales y administrativos, calles, puentes, senderos, red de servicios, miradores y un teatro al aire libre, entre otras. La obra tiene un presupuesto de 1.820 millones de pesos.
En ese entonces, la obra llamo la atención de los vecinos y de la comunidad ambientalista, ya que la zona en cuestión está protegida por la Ley Nacional de Bosques Nativos N°26.331, y porque la obra inició incumpliendo la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental. Razón por la cual la comunidad se agrupó en la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani y comenzó a reclamar pacíficamente por el cumplimiento de las leyes ambientales y de participación pública.
En concreto, exigían el acceso al Estudio de Impacto Ambiental –EIA- y a la documentación correspondiente a la obra, y para acompañar el reclamo y sumar presión todos los fines de semana organizan actividades recreativas, culturales y educativas en el Acueducto.
Para acceder al Estudio de Impacto Ambiental la Asamblea presentó varias solicitudes en las oficinas de Terrazas del Portezuelo. El 19 de abril la Secretaría de Ambiente de la Provincia informó que no tenía en su poder el Estudio Ambiental correspondiente a la obra. A pesar de ello, unos días después -2/5- una maquina estuvo trabajando en el lugar y comenzando las tareas de desmonte, según pudo saber EcoPress, la topadora tenía la tarea de hacer espacio para el ingreso de maquinaría de mayor porte.
Se presentaron solicitudes de acceso a la documentación pública en, al menos, cuatro ocasiones, tanto en las oficinas de Ambiente, como en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas. La Ley Provincial de Acceso a la Información Pública establece que toda solicitud de acceso a documentación de esta índole “debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles”, sin embargo, la documentación fue compartida luego de un mes y medio, tras múltiples solicitudes y reclamos.
Luego de acceder a la documentación ambiental, la Asamblea comenzó a analizarlo con el asesoramiento de expertos de la Universidad Nacional de San Luis y de abogados del Centro de Estudios Ambientales, para luego hacer uso del derecho de participación ciudadana.
Dado que la documentación remitida tiene aproximadamente 700 fojas en total, la Asamblea solicitó una prórroga en el plazo de participación pública (la Ley establece un lapso de diez días para presentar consultas, observaciones u objeciones sobre el impacto de la obra), pero el pedido fue desestimado. Hoy venció el plazo de participación ciudadana, y la Asamblea solicitó la Audiencia Pública correspondiente.
En el pedido de Audiencia Pública, la Asamblea explica que tras el análisis del estudio se concluye que “la obra presenta una serie de irregularidades que afectarán –negativamente- la calidad de vida y la salud de la ciudadanía, así como al resto de las especies que se encuentran en la zona”, y prosigue: “consideramos que este proyecto generaría una serie de efectos significativamente negativos , irreversibles, permanentes e impactaría de forma irremediable en el entorno, provocando mayores perjuicios que beneficios a la comunidad circundante”.
Entre los argumentos de la solicitud, aseguran que “la propia lógica del Estudio de Impacto Ambiental hace que existan una serie de observaciones inconexas que pueden tornarse contradictorias o que no se vinculan en un marco teórico adecuado que permita comprender y abordar la preservación, mitigación o remediación del daño ya presente en el espacio y del que se infligiría a futuro con la obra”. Además, denuncian que en el Estudio falta información y especificidad.
Otro de los puntos que destacan, es que la empresa planea utilizar glifosato –un potente herbicida vinculado con enfermedades como el cáncer-para eliminar la cubierta vegetal donde posteriormente se plantará césped. Al respecto, la Asamblea denuncia que la Ley Provincial prohíbe el uso de glifosato a menos de 1.500 metros de la urbanización, y la obra en cuestión está a pocos metros de la urbanización.
Junto a la solicitud de Audiencia Pública, la Asamblea presentó un texto de 11 hojas repletas de observaciones y objeciones acerca del Impacto Ambiental de la obra y de la documentación analizada. Entre sus muchas observaciones, denuncian la ilegalidad del proyecto, ya que gran parte de la zona comprendida por la obra se encuentra en Zona Roja de la Ley Provincial de Bosques, “por lo que no se permite su intervención”.
Argumentan que “en el artículo 3 de la Ley Provincial de Bosques Nativos (697/09) los márgenes de los arroyos, en un ancho de 100m a cada lado de la ribera, pertenecen a la categoría I (color rojo, máxima protección)”, dado que esta arboleda cumple importantes funciones de regulación hídrica y contiene una importante diversidad biológica.
Además, la Asamblea denuncia que la obra incumple el Principio Precautorio de la Ley General de Ambiente, ya que los efectos negativos de la obra pueden superar a los beneficios del proyecto. También denuncian que el informe ambiental fue presentado luego de que iniciarán las tareas de desmonte, en incumplimiento a la normativa vigente, por lo que pidieron “que se suspenda la obra, como lo mencionan las sanciones de la –Ley de Evaluación de Impacto Ambiental-”.
Por todas estas -y otras- razones, la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani exige la Audiencia Pública correspondiente a la obra “a los fines de debatir publica y abiertamente –varios- elementos de juicio sobre la obra y –su- impacto”, y solicita que la Audiencia “sea presencial, oral y cerca de la zona afectada”.
EcoPress - Periodismo Ambiental 