El ex intendente de Deán Funes -Córdoba- fue condenado a 4 años de prisión por ser el autor intelectual de una masacre de animales que terminó con la vida de más de 200 perros, además de pájaros, gatos y otros especímenes. Junto a él, varios funcionarios de su gobierno fueron sentenciados.
En 2013 Germán Dario Facchin era el intendente de Deán Funes -una ciudad de más de 20 mil habitantes situada unos 120 km al norte de la ciudad de Córdoba-. Para Facchin, la ciudad tenía problemas con la ‘sobrepoblación’ de fauna callejera y para mitigar la supuesta problemática, el -por entonces- intendente tomó un camino ilegal, cruel e inmoral.
A diferencia de las acciones tomadas por otros municipios para controlar la población de fauna feral, como la implementación de políticas de castración gratuita o el apoyo a los refugios de animales, Facchin decidió ir por la inmoralidad: matar a los perros callejeros.
A principios de su gestión los vecinos notaron un aumento en la mortandad de perros; pero las primeras denuncias no llegaron a ningún lugar. Entre enero y abril del 2013 se registraron más de 200 perros fallecidos con síntomas de envenenamiento.
Los primeros asesinatos se llevaban a cabo a pequeña escala y las muertes no despertaban mayores sospechas, solo algunos animalistas locales denunciaban lo sucedido y pedían que se esclarezcan los hechos, sin éxito. Sin embargo, la noche del 28 de abril del 2013 fue fatídica para los animales callejeros: Facchin había ordenado una masacre.
Aquella madrugada, el municipio aprovechó que casi toda la ciudad estaba mirando la pelea entre Sergio ‘Maravilla’ Martinez y el inglés Martin Murray, y decidió llevar a cabo la matanza. Según la acusación, móviles del municipio repartieron albóndigas de carne mezcladas con un potente insecticida que envenenaron y mataron a, al menos 211 perros, además de pajaros, gatos y otros animales.
Al día siguiente, los vecinos encontraron las calles llenas de perros muertos y/o moribundos y se propagó la preocupación. Cuando el personal policial confirmó que se trataba de un envenenamiento intencional, se declaró la emergencia sanitaria y se suspendieron las clases.
Además, algunos vecinos manifestaron malestar y una niña de 7 años, que presuntamente había estado en contacto con una ‘albóndiga tóxica’ debió recibir asistencia médica.
En un claro acto de hipocresía -y como intento de coartada- el municipio de Deán Funes presentó una denuncia penal por el envenenamiento masivo y se constituyó en querellante de la causa. Pero poco tiempo después se supo que Facchin estaba detrás de esta matanza.
Las primeras pesquisas apuntaron como responsables a dos empleados municipales y a un ex trabajador comunal, y conforme la causa fue avanzando se supo que el intendente había ordenado la masacre.
En 2015 el ex intendente se sentó en el banquillo de los acusados; pero fue absuelto ante la falta de pruebas y el beneficio de la duda. Luego el Superior Tribunal de Justicia -STJ- de Córdoba ordenó que se realice un nuevo juicio.
En este segundo proceso, Facchin fue juzgado junto a otros seis acusados. Las acusaciones fueron desarrolladas por el fiscal Gustavo Arocena y el querellante Pedro Despouy Santoro, y durante el juicio se escucharon numerosos testimonios y se presentaron varias pruebas.
Finalmente, la Cámara 8 del Crimen de Córdoba condenó a Facchin a cuatro años de prisión -efectiva- al considerarlo instigador y autor intelectual de la matanza de perros y por violación a la Ley Sarmiento por actos de crueldad hacia los animales. Junto a él, cinco empleados de su gestión fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por acatar la orden del intendente y realizar el envenenamiento masivo.
Sin embargo, el ex intendente no irá preso hasta que la condena quede firme.
Al conocerse la sentencia la presidenta de la asociación Protectora de Animales de Deán Funes, Lilian Luna, estalló en llanto y se abrazó con sus compañeras de la sociedad civil, mientras recibía algunos insultos de los allegados de los criminales.
“Se ha hecho Justicia. Esperamos 9 años para que esos pobres animales descansen en paz. Esperemos que esto sirva de precedente para que no se vuelvan a cometer estas matanzas que pobres animales que comieron por hambre y murieron”, dijo a la prensa luego del juicio.
Por su parte, el abogado y querellante de la causa dijo que el fallo “sienta -un- precedente a nivel país, porque se vienen escuchando casos similares en distintos puntos de la Argentina” y agregó que este tipo de actos “aparecen como un recurso criminal para intentar solucionar la problemática de sobrepoblación canina sin acudir a formas éticas como las castraciones a cargo de organismos públicos competentes”.
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