Se trata del caso de Facundo Viola, un periodista y querellante de delitos ambientales que desde el 2018 sufre amenazas y entraderas a su domicilio. Desde hace cuatro años ha recibido amenazas, le han ‘robado’ en 7 ocasiones y ha sufrido un ataque directo a su vivienda.
Facundo es conocido en la localidad de Arroyo Leyes, provincia de Santa Fe, por denunciar diferentes delitos e impactos ambientales, como la fumigación cerca de zonas urbanas y la mortandad inédita de peces en el Río Salado. Además es querellante en diferentes causas de delitos ambientales.
Desde el 2018 ha recibido amenazas de muerte y amedrentamientos: han ingresado a su domicilio a la fuerza en siete ocasiones y le han sustraído cuatro computadoras. Estos sucesos no son robos convencionales porque “han dejado otras cosas de valor que llegan a cotizarse hasta diez veces más” que la computadora, “una de las veces osaron dejar dinero a la vista ¿que ladrón entra a robar y deja 5 mil pesos sobre la mesa?” relató Viola en su instagram el 15 de enero del 2021, cuando sucedió la penúltima entradera.
Esto se dio en “un contexto donde los fiscales se negaron a investigar las amenazas de muerte y hostigamiento de todo tipo que venimos sufriendo los vecinos denunciantes de las causas por fumigaciones con agrotóxicos en Arroyo Leyes” agregó Viola en aquel descargo.
En una reciente entrevista con Aires de Santa Fe, Viola explicó que un día después de aquella entradera fue difamado por redes sociales y denunció que le dejaron “una bala de escopeta” en la puerta de su casa. Anteayer volvieron a ingresar en su propiedad y solo sustrajeron una pala.
Otros vecinos militantes también recibieron amenazas y hasta fueron perseguidos en moto. Viola tiene sospechas sobre la identidad de los instigadores, pero no las ha hecho públicas.
Finalizando la comunicación con el medio local, Viola agradeció “la atención amable, respetuosa y eficaz de los efectivos policiales que se acercaron en todas las ocasiones” y considero “que el llamado de atención -es hacia- el Poder Judicial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se ha hecho presente hace un año y medio en la oficina del fiscal general de la provincia, el Dr. -Jorge- Baclini, y le ha pedido que se investiguen las causas que venimos denunciando y que nos brinden protección, pero eso evidentemente no sucedió”.
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