Mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la organización ambientalista Greenpeace detectó que se desforestaron ilegalmente 10.329 hectáreas en Chaco, a pesar que la justicia provincial prohibió los desmontes y el cambio de uso del suelo en noviembre pasado.
Lamentablemente, noticias de esta índole surgen recurrentemente en el norte argentino, en esta ocasión los montes del Chaco son las víctimas de las topadoras y del avance de la frontera agropecuaria.
“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –OTBN-, el 5 de noviembre del 2020 la justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso del suelo, por lo que ninguna topadora debería estar desforestando. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran maquinas en actividad y se registro la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, entre 2016 y 2019 Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos, con 130.487 hectáreas desforestadas. Por otra parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques.
A raíz del avance de la frontera agropecuaria y de los incendios forestales, que en su mayoría son intencionales, la Argentina está perdiendo anualmente miles e inclusive millones de hectáreas de zona forestal. El pasado abril, el mandatario argentino Alberto Fernández, propuso en La Cumbre de Líderes sobre el Clima un “canje de deuda por acción climática” y aseguro que “Argentina es un deudor financiero pero un acreedor ambiental”.
Todavía está en la agenda política el “canje de deuda por acción ambiental”, y los altos cargos de Economía, Ambiente y Cambio Climático de Argentina siguen dialogando sobre este punto con las autoridades de Fondo Monetario Internacional, a quienes el país sudamericano debe pagar la deuda más grande de su historia.
En este contexto, en el que la economía mundial comienza a observar a los ecosistemas como un pasivo financiero, las autoridades argentinas no pueden ser cómplices de la desforestación y de las actividades extractivas insostenibles, porque sino esos discursos y compromisos ambientales quedan en el olvido.
“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”, finaliza Cruz.
Redacción realizada con información de Greenpeace y Pagina 12.
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