EcoPress – Periodismo Ambiental

La contradicción en la que está inmersa Argentina roza el cinismo: al tiempo en que se producen y exportan miles de millones de toneladas de alimentos, millones de ciudadanos padecen hambre y malnutrición. En el país, cerca del 90% de la población vive en entornos urbanos, por lo que dependen casi exclusivamente de sus ingresos económicos para poner un plato de comida sobre la mesa y, ante la acuciante crisis económica, la dieta de los argentinos se va empobreciendo paulatinamente.

Según el último informe de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina –UCA-, el 28,8% de los Niños, Niñas y Adolescentes –NNyA- viven en condiciones de “inseguridad alimentaria”, o sea, que no tienen asegurados alimentos en una cantidad y calidad suficiente para su correcto desarrollo y bienestar. Por su parte, los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO- indican que la inseguridad alimentaria en la población adulta oscila entre el 30% y el 37,5%.

En paralelo, se producen ingentes cantidades de alimento de alta calidad. Según información del Servicio Nacional de Calidad y Seguridad Agroalimentaria –SENASA-, existen más de 1.300 establecimientos agropecuarios que producen alimentos con certificación orgánica, alcanzando una producción de unas 131.000 toneladas en 2024. Sin embargo, el principal destino de estos alimentos nutritivos y sabrosos son los paladares extranjeros, quedando solo el 2,9% de la producción orgánica total en el mercado interno.

También se observa una desigual distribución de la tierra, con grandes extensiones territoriales concentradas en pocas manos y muchos pequeños y medianos productores con relativamente pocas tierras para cultivar alimentos y criar animales. Aunque casi el 64% de las explotaciones agropecuarias del país son impulsadas por pequeños y medianos productores, estos solo ocupan el 13,4% de la superficie productiva y poseen apenas el 21,5% de las cabezas de ganado. Es decir, el 86,6% de las tierras productivas y el 78,5% del ganado está en manos de un tercio del sistema agroalimentario.

Bajo este panorama, la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria –Red Calisas-, que nuclea a cátedras y colectivos afines de universidades de todo el país (desde Jujuy hasta Tierra del Fuego) presentó el cuarto Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina –IASSAA-, correspondiente al 2025. Se trata de un documento único en su tipo, ya que “no se ha realizado en ningún otro país fuera de Argentina. Es un informe que pretende poner en común y brindar información sobre el estado de las cosas en torno a la soberanía alimentaria”, explica Fernando Glenza, integrante de la cátedra de la Universidad Nacional de La Plata y Coordinador de Comunicación de la Red.

Si bien muchos organismos nacionales, internacionales e instituciones privadas analizan las estadísticas y la información vinculada a la seguridad alimentaria, el concepto de soberanía va más allá. “La soberanía alimentaria permite tener una seguridad alimentaria genuina. Digo genuina en términos de que contempla también si nosotros somos soberanos en las decisiones para producir determinados alimentos o si estamos condicionados por las reglas del mercado, también aborda la cuestión de hasta qué punto la producción de alimentos es saludable, porque a muchos cultivos se le aplican muchos pesticidas, se utilizan semillas transgénicas que son resistentes a algunos herbicidas que se aplican. También, la soberanía alimentaria está muy vinculada a organizaciones sociales de base que viven y trabajan en sus territorios”, explica Glenza en dialogo con EcoPress.

En palabras de la Vía Campesina, la soberanía alimentaria se define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

Glenza detalla que “es una idea que nace como un reclamo de las organizaciones campesinas, de pequeños productores agrarios, en una cumbre paralela a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma, en 1996. Ahí las organizaciones sociales, representadas por una organización global que las nuclea, que es la Vía Campesina, exigieron que no querían seguridad alimentaria, que eso no alcanzaba, que necesitaban soberanía.

De ahí en más, en Argentina algunas universidades empezaron a adoptar y a interesarse por ese concepto y esa idea se fue contagiando en otras facultades al punto de llegar ahora a más de 60 colectivos vinculados e interesados en el tema. Empezó a tomar auge a partir del 2003, con la primera Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad de La Plata, pero que después fue adoptado” por múltiples casas de altos estudios de todo el país.

Asimismo, “el Estado, a través de diversos programas, también empezó a interesarse en esta idea, porque los equipos técnicos de los organismos del Estado también están integrados por personas que estudiaron en la universidad pública”, agrega.

El IASSAA 2025 (que se encuentra disponible de forma libre y gratuita aquí) se enfoca en los Indicadores de Soberanía Alimentaria, donde se recopilan y analizan estadísticas y cifras de diversas fuentes para evaluar el estado de situación en el país y medir el avance o retroceso de la soberanía en el sistema agroalimentario. Así, pone la lupa sobre el acceso a los bienes y recursos, la satisfacción de las necesidades básicas; los modelos de producción, la comercialización; el consumo, el derecho a la alimentación adecuada y las políticas públicas vinculadas al sector.

El documento posee cuantiosos datos relevantes y, en ocasiones, alarmantes. Aquí repasamos algunos de los más llamativos. Con respecto a la población y al empleo rural, se advierte que el campo vive un proceso de despoblamiento y una alta precarización laboral: menos del 7% de la población vive en la ruralidad y el empleo rural representa apenas al 3,1% de los puestos laborales a nivel nacional. Esto responde, en parte, a la automatización de la producción y a la tendencia cada vez mayor sembrar monocultivos, que requieren menos mano de obra que, por ejemplo, la producción de hortalizas.

Los cultivos más extendidos, como la soja, el maíz, el trigo, el girasol y la cebada, cubren el 87,6% de la superficie cosechada total. Se trata de un “modelo de producción estandarizado y demanda casi el mismo esfuerzo producir 1.000 hectáreas o 10.0000 hectáreas”, grafica Glenza. Esto provoca que muchos campesinos sin tierras sean expulsados del sistema, viéndose obligados a migrar a los polos urbanos.

Además de las consecuencias sociales, esto también repercute en la naturaleza. En las últimas décadas se han perdido millones de hectáreas de bosques nativos por la expansión de la frontera agropecuaria y, además, el uso intensivo de fertilizantes sintéticos y de pesticidas/herbicidas provocan serias alteraciones en la biodiversidad y generan preocupantes desequilibrios ecológicos, junto a los diversos problemas de salud vinculados al uso intensivo de agroquímicos. Sin ir más lejos, entre el 1996 (cuando se aprobó la soja RR) y el 2023, el uso de pesticidas aumentó casi un 228% y el de fertilizantes creció un 57,6%.

En ese sentido, se subraya que la agricultura, la ganadería y otros usos de la tierra son responsables del 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, con un rol protagónico de la ganadería.

En otro orden de análisis, se observa un gran incremento del precio de los alimentos en el proceso de intermediación. Para febrero del 2025, el consumidor pagó en promedio 3.8 veces más de lo que el productor recibió por ese alimento, en productos cárnicos la diferencia fue de 3 veces y en frutas y verduras el precio se incrementó 6 veces en la intermediación. Por norma general, la mayor parte de la rentabilidad de los alimentos es captada por los intermediarios, como los transportistas o los supermercados.

En ese sentido, en el primer semestre del año pasado, el costo de la canasta básica alimentaria representaba el 54% de los ingresos de la clase baja y, según un análisis de la organización Barrios de Pie, en los barrios populares el 62% de los hogares padecen inseguridad alimentaria severa. También se observa una alta dependencia a la asistencia alimentaria.

Al ser consultada, la nutricionista Maribel Coseano, integrante de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Córdoba, incorpora el concepto de comensalidad y advierte que “en Córdoba ya son tres o cuatro generaciones que vienen alimentándose en el Programa Alimentario de Córdoba, eso significa que en muchos hogares la cultura de cocinar se ha perdido, esto de cocinar en casa, sentir los aromas y compartir ese rito se ha perdido, pero es por la cuestión coyuntural de que cada vez hay mayor pobreza, mayor inseguridad alimentaria y asistencia alimentaria”.

Acerca de la alimentación de las infancias, la especialista recuerda que “el primer alimento sano e indispensable es la leche materna” y señala que “la lactancia es cada vez menor y al no tener ese acto, que tiene que ver mucho con la cuestión laboral de la mujer, se está perdiendo la inmunidad de ese nuevo ser. La leche materna sirve para colonizar ese intestino en formación, cada mama tiene la leche indicada para su bebe, de esa manera coloniza el intestino y se va preparando para luego comenzar a comer alimentos diferentes, como las papillas y demás”.

El informe subraya que el 54% de los niños de 6 a 23 meses consumen alimentos no saludables de manera intermitente o habitual, “la alimentación que tienen los niños desde muy temprana edad puede ser un fortalecimiento o la causa de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes o problemas cardiovasculares” grafica Coseano.

Hoy “tenemos un grave problema: hay un 50% de infancias y adolescentes que están consumiendo productos ultraprocesados, no alimentos. Son de muy fácil acceso para las infancias y está provocando que tengamos niñas y niños de 10 años con problemas de riñones, de vesícula, con presión alta… Enfermedades que generalmente son de los adultos, con 10 años no tener vesícula significa un montón de cosas, por ejemplo, no podes emulsionar las grasas y eso incide en la digestión”, alerta la nutricionista.

Sobre los ultraprocesados, Glenza recuerda las palabras de Myriam Gorban: ella “los llamaba OCNIS: Objetos Comestibles No Identificados. El consumidor está sometido a una distorsión del sabor, porque también el gusto es algo que se construye culturalmente y uno se va acostumbrando a alimentos como papas fritas con sabor a pollo, se supone que una papa frita tendría que tener sabor a papa, pero si tiene sabor a pollo ¿Es papa o es pollo? Y el pollo es un saborizante, no es que proviene de la carne de pollo, sino que es una construcción molecular que expresa el aroma y el sabor a pollo, pero que no tiene pollo”.

Además, muchas industrias alimenticias se valen del dumping y del marketing para inundar las góndolas y los mercados de productos ultraprocesados y, por su precio relativamente más económico, muchas familias optan por adquirir estos productos. Coseano también destaca la implementación deficiente de la “educación alimentaria nutricional” en las instituciones educativas según lo establecido por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es decir, que gran parte de la malnutrición se explica no solo por el factor económico, sino por el desconocimiento.

Sobre las políticas públicas agroalimentarias, el informe destaca un fuerte retroceso a nivel nacional, con iniciativas que desprotegen a la agricultura familiar, campesina e indígena y que directamente fortalecen al modelo corporativo extractivo y al agronegocio. A este respecto, Glenza se pregunta “¿Por qué abandonar las políticas de fortalecimiento a la agricultura familiar que es la que nos provee todas las verduras y frutas que tenemos? ¿Por qué desmantelar todo lo que tiene que ver con lo pequeño? ¿Acá hay una intención de beneficiar a los grandes, al poder concentrado en detrimento de los pequeños? Si es así, yo no sé si el poder concentrado del sector agropecuario realmente puede atender la producción de frutas y verduras que requiere la alimentación de la población.

Yo no creo que el sector concentrado se puede hacer cargo. Entonces ¿Por qué desmovilizar todo esto? ¿Por qué atacar al INTA en los programas que tienen que ver con el fomento a la agroecología? Aparte, si tiene que ver con ajuste, no son los programas que demandaban más dinero, entonces no tiene sentido”.

Sin embargo, aunque el diagnóstico en torno a la situación de la soberanía alimentaria en Argentina es desfavorable, el IASSAA 25 presenta algunos datos que marcan un horizonte para sembrar y cosechar autonomía alimentaria en el país. Por ejemplo, se destaca que existen 127 especies con certificación de producción orgánica, una diversidad que representa un capital estratégico para la soberanía alimentaria, ya que confiere resiliencia a los sistemas productivos y una base para escalar en la producción ambientalmente responsable.  

También son de suma importancia los Nodos Agroecológicos Territoriales, que buscan fomentar la agroecología mediante la conformación y el fortalecimiento de espacios que vinculan a productores, instituciones, municipios y la sociedad. Actualmente existen 46 de estos nodos distribuidos en 12 provincias. Sumado a ello, la Red Nacional de Municipios y Productores que Fomentan la Agroecología se compone de 45 municipios y más de 200 productores de 7 provincias que abarcan unas 100.000 hectáreas.

Asimismo, Glenza matiza diciendo que, aunque la realidad política a nivel nacional es contraria a los principios de la soberanía alimentaria, la situación no es igual en todas las provincias. “Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires ninguna de estas políticas de acompañamiento al pequeño y mediano productor se ha abandonado, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia tiene políticas segmentadas y articula, conversa, propone, se reúne y promociona políticas adaptadas a cada uno de estos sectores. Todos los programas de apoyo a la agricultura familiar, de promoción de la agroecología en la provincia no se ha abandonado ninguno”.

Es decir, en algunas provincias, aunque sigue prevaleciendo la lógica de la commoditificación del alimento, el Estado local absorbió en parte las políticas interrumpidas por la administración nacional. En otras, los gobernadores no implementaron ninguna contención. Aun así, miles en todo el país siguen sembrando y abonando autonomía para en algún momento cosechar una soberanía alimentaria genuina e inclusiva.

Foto de portada: Proyecto Bioma, producción agroecológica en la Comarca Andina. /EcoPress/.