Un ‘ex’ agente de inteligencia se presentó en la audiencia pública sobre la Ley de Glaciares como el presidente de una organización ambientalista, mientras más de 100.000 ciudadanos fueron excluidos. El Plan de Inteligencia Nacional incluye a los ecologistas entre sus objetivos de vigilancia.
A fines de marzo se celebró la controvertida audiencia pública sobre el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares N° 26.639 impulsado por el ejecutivo nacional. La audiencia, que se desarrolló entre el 25 y el 26 de marzo, fue altamente cuestionada por diversas organizaciones socioambientales, organismos de Derechos Humanos y algunos sectores políticos por contradecir el Acuerdo Interamericano de Escazú, ya que, de las más de 100.000 personas inscriptas para participar, solo una ínfima parte pudo hacer uso de la palabra.
Uno de los pocos afortunados que tuvo el privilegio de hablar ante los legisladores fue Hugo Maximiliano Monico, quien se presentó como presidente de la Fundación Green Marathon –que en su página web se presenta como una organización dedicada a la educación ambiental, al desarrollo sostenible, al reciclado y a actividades deportivas, entre otras-. En su intervención, habló durante unos cinco minutos y cerró pidiendo que se rechace la modificación a la Ley.
Sería una intervención más de las tantas que se escucharon ese día. Sin embargo, recientemente la periodista Luciana Bertoia, que escribe en Página 12, reveló que Monico integró durante años la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-, hoy conocida como Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE-. Según un documento oficial al que accedió ese medio, en 2022 esta persona inició un reclamo ante el fuero de la seguridad social pidiendo el pago de un retroactivo “por trabajos extraordinarios”, allí se presentaba como retirado de la AFI.
En el expediente del trámite, la AFI informó que Monico percibió una compensación por trabajos para la agencia desde el 2002 hasta el 2020 inclusive. Asimismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo señaló que se le otorgó la baja el 1 de diciembre del 2020. Si bien Monico ya no trabaja en el ámbito de la agencia, existen sospechas de que pueda desempeñarse como inorgánico o prestar servicios para otras áreas del espionaje.
Además, el reportaje destaca que su inserción en la militancia ambientalista se produjo cuando aún estaba activo en la AFI. Por ejemplo, en sus redes sociales se observa que en 2017 trabajaba como coordinador de Elephant’s Helpers Argentina.
Monico bien podría ser un ex agente de inteligencia que genuina y lícitamente siente preocupación por la causa ambiental y que toma cartas en el asunto. No obstante, los antecedentes de espionaje hacia organizaciones sociales y las directrices de la SIDE hacen que este caso encienda todas las alarmas.
El año pasado, la revista Crisis filtró algunos fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional que el gobierno envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

En el Lineamiento Estratégico N° 5 de aquel documento, referido a “Recursos naturales estratégicos e incidencias en la Biósfera con efectos de interés nacional” se incluyen como “Necesidades de Inteligencia” a actores “vinculados a organizaciones ambientalistas”; “actores relevantes que busquen condicionar la explotación de recursos naturales” y “actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”. También pone en foco a aquellos que “promocionen actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad”.
Tras su intervención en la Cámara de Diputados, Monico se vinculó con grupos ecologistas con cierta relevancia en la agenda pública nacional. Llama la atención que, mientras más de 100.000 ciudadanos quedaron excluidos de la audiencia pública, justamente una persona vinculada a la inteligencia haya tenido el privilegio de participar y mezclarse entre las organizaciones ecologistas.

