El Gobierno Nacional, a través del Consejo de Mayo, propuso una serie de reformas ambientales para flexibilizar los controles y eliminar la protección de ecosistemas cruciales para el país.
Este martes, el Gobierno Nacional presentó una serie de reformas que se desprenden del informe del Consejo de Mayo, un organismo no vinculante que tiene como objetivo materializar los principios del Pacto de Mayo (firmado en julio del 2024). En el punto N° 7 del Pacto, los 18 gobernadores firmantes se comprometen a “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
En ese sentido, el Gobierno encabezado por Javier Milei presentó una serie de reformas para flexibilizar los controles ecológicos y reducir la protección ambiental, como la modificación a la Ley de Bosques, a la Ley del Manejo del Fuego, a la Ley de Tierras y a la Ley de Glaciares, esta última se tratará en las sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre.
Con respecto a la Ley de Bosques Nativos N° 26.331, el Gobierno busca simplificar los requisitos para el cambio de uso del suelo y flexibilizar los desmontes. La nueva redacción del Artículo 13 de la norma busca que se pueda deforestar en zona verde (Categoría III del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –OTBN-) solo con la notificación a la Autoridad de Aplicación, a fines de seguimiento y trazabilidad. Actualmente, los desmontes deben ser autorizados previamente por la autoridad ambiental.
Además, para las zonas amarillas (Categoría II del OTBN) se requerirán evaluaciones de impacto ambiental con condicionamientos. Actualmente, en esta Categoría solo se pueden realizar actividades de aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. La reforma propuesta por el Consejo busca que la Evaluación de Impacto Ambiental solo sea obligatoria si el proyecto tiene el “potencial de causar impactos ambientales significativos”.
Según datos del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación de la Nación, que monitorea la pérdida de bosques en Argentina mediante imágenes satelitales, en 2024 se perdieron 253.919 hectáreas de montes nativos a nivel nacional. Formosa se posicionó como la provincia más desmontada, con 78.647 hectáreas arrasadas, seguida por Santiago del Estero (52.481 ha), Chaco (31.280 ha), Córdoba (27.499 ha) y San Luis (20.559 ha). La flexibilización de la Ley de Bosques, que se incluirá en la agenda legislativa del 2026, no hará más que empeorar estas tristes estadísticas.
Otra de las modificaciones impulsadas por el Gobierno se relaciona con la Ley del Manejo del Fuego N° 26.815, derogando el apartado que impide el cambio de uso del suelo de las áreas incendiadas por entre 30 y 60 años, dependiendo el caso. El objetivo de esta medida es desincentivar el uso del fuego como herramienta de deforestación y permitir que los ambientes afectados puedan recuperarse, ya que es una práctica común que desarrollos agroindustriales y/o inmobiliarios utilicen el fuego como una herramienta de desmonte para obtener terrenos cultivables o urbanizables.
Aunque esta norma es de escasa implementación, la modificación a la Ley daría luz verde a los incendios para cambio de uso del suelo. Según información del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2024 se quemaron 301.603 hectáreas a nivel nacional: Córdoba fue la provincia más afectada con 87.091 hectáreas arrasadas, seguida por San Luis con 70.685 hectáreas incendiadas y La Rioja, con 24.335 hectáreas calcinadas.
En esa línea, el Ejecutivo también impulsa una modificación a la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 para eliminar los límites de compra de tierras por parte de privados extranjeros. Apenas asumió, Milei había intentado derogar esta Ley mediante el Decreto 70/23, pero un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación de la normativa, manteniendo su vigencia.
Actualmente la normativa establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional, además un mismo titular foráneo no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, ni adquirir terrenos que contengan cuerpos de agua o que estén ubicados en zonas de seguridad de frontera. La modificación busca eliminar todas estas restricciones para los privados extranjeros, mientras que la adquisición de terrenos por parte de entes estatales de otras naciones quedará sujeta a una autorización previa. Si bien la norma es vulnerada constantemente mediante testaferros y fideicomisos, junto a la escasa fiscalización, la modificación blanquearía la extranjerización de la tierra.
Además, el Gobierno envió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares N° 26.639 para ser tratado en las sesiones extraordinarias. La iniciativa busca dejar sin efecto las restricciones sobre la explotación de recursos naturales en el ambiente periglacial, favoreciendo el desembarco de la minería en estos delicados sistemas de alta montaña.
A través de un comunicado, más de una veintena de organizaciones indicaron que “el ambiente periglacial es uno de los componentes más invisibilizados y, al mismo tiempo, más determinantes del sistema hídrico andino” y advierten: “no protegerlo es asumir que el único hielo que importa es el visible, cuando en realidad gran parte del almacenamiento criogénico del país ocurre bajo tierra y en formas que no son evidentes sin estudios específicos. Por eso, la protección del ambiente periglacial no es un detalle técnico: es un requisito básico para sostener la seguridad hídrica del país”.
Ante esta situación, especialistas señalan que las modificaciones a la Ley de Bosques, del Manejo del Fuego y de Glaciares violan el principio de no regresión ambiental consagrado en la Ley General de Ambiente N° 25.675, que establece que no se puede retroceder en materia de protección ambiental.
EcoPress - Periodismo Ambiental 