EcoPress – Periodismo Ambiental

Aunque existen leyes provinciales, nacionales y acuerdos internacionales que garantizan el derecho al acceso a la información pública, las autoridades no contestan las solicitudes de información en tiempo y forma.

En San Luis rigen varias leyes que garantizan el derecho ciudadano a la información pública. La Ley Provincial de Régimen de Acceso a la Información Pública N° V-0924-2015, la Ley Nacional N° 27.275, la Ley General de Ambiente de la Nación y el Acuerdo Regional de Escazú establecen el derecho de cualquier ciudadano a solicitar y acceder a la información pública que esté en manos de las autoridades.

Este derecho es sumamente importante porque se entiende no como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar otros derechos, como el ambiente sano o la libertad de expresión. Acceder a la información pública permite conocer las actuaciones de las autoridades, monitorear la gestión y fomentar la transparencia. En ese sentido, la Ley vigente indica que todos pueden solicitar información sin la necesidad de justificar las razones del pedido. Concretamente, la Ley N° V-0924-2015 indica que los pedidos de información deben ser contestados en un plazo de diez días hábiles, con la posibilidad de prorrogar el plazo por otros diez días.

Sin embargo, aunque las leyes son claras, muchos de los pedidos tramitados ante la Secretaria de Ambiente de la provincia no son contestados en tiempo y forma, vulnerando el derecho de los ciudadanos. EcoPress ha tomado conocimiento de varias personas que solicitaron información y nunca recibieron una respuesta esclarecedora.

Activistas y comunicadores dan cuenta de la opacidad con la que se manejan las autoridades ambientales. Una de las afectadas indicó que presentó un pedido y que, vencido el plazo, no obtuvo respuesta, ni siquiera el pedido de prórroga, tampoco le facilitaron el número de expediente de la solicitud.

Los ciudadanos de a pie no son los únicos afectados, sino que inclusive la Fundación Ambiente y Recursos Naturales –FARN-, una de las organizaciones ambientales más importantes del país e integrante del Observatorio de Escazú, denunció que no logró obtener respuesta de las autoridades para obtener información sobre las declaraciones de impacto ambiental de los cateos mineros León Herido y Novillo Negro, en las Sierras Centrales. “Vencidos los plazos, la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable no respondió a los pedidos de información ni al recurso de revocatoria presentados”, señaló la Fundación.

A su vez, medios de comunicación como El Semiárido han hecho público su descontento con la falta de acceso a la información pública. Hace unos meses ese medio informó sobre la preocupante erosión de Donovan y sostuvo que “no fue posible obtener una opinión de las actuales autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, ya que esa cartera se sumó a la censura explícita aplicada a este medio”.

La situación en torno al acceso a la información pública en San Luis es tal que la Defensoría del Pueblo de la provincia se vio obligada a emitir la Resolución N° 018-DdP-25 instando a los organismos provinciales y municipales a cumplir con las leyes anteriormente citadas. En las consideraciones, la Defensoría señala que “el silencio y la falta de respuestas de las distintas reparticiones dependientes del Estado Provincial y Municipal, frente a los pedidos de informes de esta Defensoría del Pueblo (…) implica un incumplimiento a las normas”. Aunque la Defensoría no menciona explícitamente a la autoridad ambiental, pide que la Resolución sea notificada a todas las dependencias, incluida la Secretaria de Ambiente.

Esta situación muestra un patrón claro: la Secretaria opera bajo un opaco polarizado que vulnera sistemáticamente la ley y le niega a la ciudadanía su derecho a saber qué pasa con el ambiente de todos.