En el norte salteño hace años que un pozo petrolero abandonado derrama hidrocarburos y gases tóxicos que están contaminando el agua, el suelo y el aire. A pesar de los reiterados reclamos de los pobladores de la zona, las autoridades no han brindado respuestas concretas.
En Lomas de Olmedo, una pequeña localidad del norte salteño, se vive una catástrofe ambiental que lleva más de dos años sin respuestas concretas ni responsables visibles. Se trata del pozo petrolero LO-x10, ubicado en el área Puesto Guardián, municipio de Pichanal. Desde 2023, este pozo se encuentra fuera de control, con derrames de hidrocarburos y filtraciones de gases tóxicos que están contaminando el agua, el suelo y el aire.
Al momento productores de la zona contabilizan más de 350 animales muertos, incluyendo vacas, caballos y especies silvestres; aguas contaminadas que ya no pueden utilizarse para consumo humano ni animal; y un ambiente rural que hoy se asemeja a una zona de sacrificio. Los productores denuncian que el gas se filtra día y noche, que las napas están envenenadas y que nadie, ni del gobierno ni de la empresa, da explicaciones claras.
Las imágenes que trascienden en las redes sociales son tan impactantes como crueles. Un pozo fuera de control y animales que agonizan hasta morir por la contaminación del agua y el aire.
En los últimos días se difundió un video que expone con crudeza la gravedad de la situación: una vaca yace muerta, rodeada por un líquido que habría expulsado antes de morir. Un productor rural se acerca con un palo encendido y, al acercarlo al fluido, este se prende fuego de inmediato. Según explica el propio productor, se trata del vómito del animal, contaminado con hidrocarburos a través del agua que consumió. “Eso es lo que están tomando nuestras vacas en ese pozo”, denuncia con indignación.
President Petroleum y un abandono sin consecuencias
La empresa a cargo del pozo es President Petroleum S.A., subsidiaria de la británica President Energy, actualmente en concurso de acreedores con una deuda millonaria. Según testimonios locales, la compañía abandonó el pozo sin realizar el cierre técnico correspondiente, dejando la zona expuesta a explosiones de gases, líquidos tóxicos y un daño ambiental progresivo.
Desde mayo de este año, las filtraciones se intensificaron. Vecinos relatan explosiones que suenan como truenos, una señal clara de la presión acumulada bajo tierra. A pesar de esto, la Secretaría de Minería solo ordenó el abandono del pozo en noviembre de 2024, cuando el desastre ya era inocultable. La empresa apeló la medida, y hasta el momento, no ha habido avances concretos en la contención del daño.
Una historia repetida: la desidia como política
No es la primera vez que ocurre algo similar en la región. En 2006, otro pozo —el MdT-14— permaneció seis años emitiendo gases hasta ser sellado tras una larga pelea judicial. Desde 2018, los vecinos de Lomas de Olmedo venían denunciando olores, síntomas físicos y muerte de animales. En 2023 se abrió una nueva “boca” de derrame y todo se volvió incontrolable.
La historia se repite: las señales de alerta fueron ignoradas, las denuncias desestimadas y el abandono empresarial quedó sin sanciones efectivas.
El rol del Estado: tarde y con los ojos cerrados
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, reconoció públicamente la gravedad del caso y aseguró que se han restringido accesos a la zona y que monitorean el lugar. Pero las acciones llegan demasiado tarde, cuando el territorio ya está contaminado, los animales muertos y la comunidad desesperada.
Mientras tanto, no hay estudios independientes, no hay peritajes transparentes, no hay responsables legales, ni tampoco una estrategia de remediación ambiental seria.
La Fiscalía de Pichanal recibió denuncias penales, pero no hay avances visibles. Los productores siguen cargando con las consecuencias, viendo cómo sus tierras se degradan día a día.
Una comunidad que exige respuestas
El caso de Lomas de Olmedo pone en evidencia los peligros de un modelo extractivo sin controles reales, donde las empresas pueden operar —y abandonar— sin garantías mínimas de responsabilidad ambiental, amparadas por un Estado que mira para otro lado.
Los productores, vecinos y organizaciones rurales exigen respuestas concretas al gobierno de Salta y a la Justicia. Quieren que alguien se haga cargo, que se frene la contaminación y que se sancione a quienes provocaron este desastre.
Pero, sobre todo, reclaman algo que parece cada vez más lejano: justicia ambiental.
EcoPress - Periodismo Ambiental 