La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas publicó un informe donde detalla el “entramado ilegal del poder político y el extractivismo forestal en Chaco, que incluye corrupción, permisos truchos y canje de votos en el Senado Nacional”.
El informe de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas –AAdeAA- detalla que entre 2011 y 2021, la Dirección de Bosques de Chaco otorgó 1.135 permisos de cambio de uso del suelo: la mayoría de los ‘beneficiados’ fueron sociedades anónimas. El caso más extremo es el de Cuenca del Salado S.A, que fue autorizada para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de ellas en zonas donde el desmonte está expresamente prohibido. La lista también la integran MSU S.A (6.000 ha), Vicentín (4.500 ha), CIAGRO S.A (3.400 ha), TRIAD S.A (2.700 ha) y Las Guindas S.A (1.331 ha).
En ese periodo, se evidencian dos ciclos con una elevada cantidad de permisos de desmonte otorgados por la Dirección de Bosques: en 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López, con 300 permisos para deforestar unas 35.000 hectáreas, y en 2016 bajó la administración de Manuel Carrocino, con unos 200 permisos que posibilitaron la destrucción de unas 30.000 hectáreas. Por su parte, el ex ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, gestionó permisos para desmontar casi 38.000 hectáreas.
Además, bajo la figura de recategorización predial, se desprotegieron 31.000 hectáreas de bosques amparados por la ley, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco. Más allá de los 1.335 permisos de cambio de uso del suelo otorgados, la Dirección de Bosques entregó otros 15.064 permisos entre 2009 y 2024, más de la mitad fueron permisos de “aprovechamiento forestal”, disfrazando la extracción intensiva de “aprovechamiento sostenible”.
Por si fuera poco, también se emitieron más de 400 “autorizaciones especiales” en los últimos años, un mecanismo que permite ingresar la manera obtenida de desmontes ilegales al mercado formal de la economía.
Asimismo, AAdeAA denuncia que “el 98% de los fondos –de la Ley de Bosques- que debían destinarse a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas, sociedades anónimas o funcionarios con negocios forestales”, pese a que la ley establece que deberían priorizarse los fondos para las comunidades indígenas. Además, advierten que se entregaron permisos de transporte de madera desproporcionadamente, por ejemplo, Raúl Jalil Abraham recibió 1.374 permisos para apenas 50 hectáreas, legalizando el transporte de manera proveniente de la tala ilegal.
En ese marco, la Asociación señala al diputado Juan José Bergia como “uno de los arquitectos políticos del sistema de legalización del saqueo forestal”, en 2012 impulsó la modificación de la Ley 2079-R, que permitió a los infractores “usufructuar” la madera talada ilegalmente tras el pago de una simbólica multa. Hace unos meses redobló la apuesta: presentó el proyecto de Ley 1861, que otorga aún más beneficios a los responsables de desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el “aprovechamiento de productos abatidos”.
También advierte sobre un pacto político entre el Gobierno Nacional y la provincia, ya que la administración nacional acreditó la actualización del Ordenamiento Territorial de la provincia, pese a que contradice la Ley de Bosques y a que estaba judicializada. A cambio, Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño, volvió al Senado Nacional para garantizar al oficialismo su voto a favor del acuerdo con el FMI, entre otras leyes.
Toda esta información, más otros datos, fue presentada formalmente en la causa judicial que se tramita ante la Justicia Federal de Chaco, donde la AAdeAA es querellante. En ese sentido, se solicitaron nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de Instrucción contra el diputado imputado Bergia y a las autoridades nacionales de Bosques.
Foto de portada: Osvaldo Tesoro / Greenpeace.
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