El «arreglo» consta de una “reparación” de 30 pupitres y 60 sillas por haber fumigado sobre una escuela de Parada Robles, afectando a estudiantes y docentes.
En las últimas horas, desde el colectivo Exaltación Salud, hemos descubierto un arreglo escandaloso y completamente ilegal, que debería sentar un antes y un después, y no sólo en el partido de Exaltación de la Cruz. El “arreglo”, que figura en un expediente judicial, consta de una “reparación” de 30 pupitres y 60 sillas por haber envenenado a una escuela entera en la histórica fumigación aérea sobre un colegio de Parada Robles. De esta forma se intentó encubrir un atentado contra la salud pública, especialmente de niños y niñas. Este caso muestra la complicidad de varios sectores públicos y privados, y lo que es peor: directores de colegios.
Esta fumigación en Parada Robles es uno de los crímenes ligados a pulverizaciones con
agrotóxicos más alevosos de Exaltación de la Cruz. El 11 de marzo de 2019, una avioneta
fumigó reiteradas veces en horario de clases sobre docentes, alumnos y alumnas de la
escuela primaria Nº 4 General José de San Martín. En el mismo establecimiento además
funciona la secundaria Técnica N°1.
El resultado fue lamentable: infancias y personal docente con síntomas de intoxicación y la
evacuación de los mismos, con la correspondiente suspensión de clases y los daños de la
salud en sus cuerpos, algunos de los cuales pueden manifestarse durante el resto de sus
vidas.
Se supo que la avioneta había utilizado dos insecticidas altamente peligrosos: el
Thiametoxan (prohibido en 28 países, según la Pesticide Action Network) y la
Lambdacialotrina, que es nociva al ser inhalada o aplicada sobre la piel, y cuyos síntomas
se condicen con los denunciados por los y las afectadas. La fumigación se hizo pública y el
escándalo derivó en que se prohibieran, por ordenanza, las fumigaciones aéreas en el
partido de Exaltación de la Cruz.
La causa fue archivada ese mismo año por el fiscal Juan Manuel Esperante, y durante todo
este tiempo no se pudo acceder al expediente. Sin embargo, en los últimos días, junto a
nuestro abogado Fabian Maggi, desde el colectivo Exaltación Salud pudimos leer el escrito
y constatar la grave irregularidad de que los directores de la primaria y secundaria, María
Natalia Gaglioti y Marcelo Germán Oubel, llegaron a un acuerdo ilegal con el productor
denunciado, Miguel Ángel Zocca, que al hacerlo aceptó la responsabilidad y la culpabilidad
de la fumigación.
El acuerdo consistió en aceptar un rédito material como “reparación del daño ocasionado”:
esto es, el delito de atentado a la salud pública y lesiones culposas. El precio de la salud
para las autoridades educativas y el resto de los involucrados: 30 pupitres y 60 sillas.
Todo esto ocurrió con la aprobación del fiscal Esperante, quien está además denunciado por
Exaltación Salud por haber cajoneado varias causas de fumigaciones ilegales. Mientras
cumplía su rol de investigador en dichas causas, no tuvo problema en fotografiarse con
productores de la Sociedad Rural de la zona; es decir, con posibles implicados de los delitos
que él debía investigar. Esperante usó este acuerdo espurio para archivar las causas.
El arreglo de la escuela es completamente ilegal por tratarse de un delito ocasionado a
menores de edad, donde la ley 13433 (art. 6 el segundo inciso «a») lo prohíbe
expresamente. Además, se operó con la ausencia tanto de la Oficina de Resolución
Alternativas de Conflicto como de la Asesoría de Menores e Incapaces.
Como si fuera poco, ambas declaraciones, tomadas en días distintos, son extremadamente
similares. Allí se estipula que todos los padres y madres de los chicos afectados estaban de
acuerdo. Al hablar con padres que declararon ese día, no sólo constatamos que esto es
mentira, sino que sus testimonios ni siquiera fueron sumados al expediente de la causa,
sumando más irregularidades a todo el proceso.
La maniobra del acuerdo, con el deficiente control del juez de garantías Julio Andrés Grassi,
logró que la causa, archivada, estuviera fuera del alcance público por varios años. Cabe
destacar que como el denunciante principal fue Adolfo Charrato, Delegado Municipal de
Parada Robles, debemos señalar también la complicidad del Poder Ejecutivo Municipal por
no sólo no denunciar la ilegalidad del acuerdo, sino por no comunicar al resto de la
población como corresponde que todo esto estaba siendo llevado a cabo.
Este caso de gravedad institucional, sumado a la continua violación de derechos humanos
fundamentales (como el derecho de la salud y a vivir en un ambiente sano), no hace más
que confirmar nuevamente lo que se viene denunciando una y otra vez en Exaltación de la
Cruz: un alevoso entramado de complicidad estatal en favor del agronegocio y sus prácticas
tóxicas. A esto se suma una flagrante y deliberada obstrucción al acceso a la Justicia para
quienes decidimos no quedarnos callados ante el avasallamiento de nuestros derechos, de
nuestra salud, y de nuestras vidas, a las cuales se les pone precio: sillas y mesas.
EcoPress - Periodismo Ambiental 
Una respuesta a “En Exaltación de la Cruz «la salud de los niños vale 30 pupitres y 60 sillas»”
Ahí busqué en qué provincia era (pensé que era en Entre Ríos o por allí…). Si la escuela es provincial, corresponde a la gobernación proveer los 30 pupitres y 60 sillas que necesita la institución. O sea que tal «arreglo» es impropio. Conectar con abogados ambientalistas como Verzeñassi o alguno de su organización ayudaría mucho más. Las alianzas entre poderosos hoy están vistas peor que nunca, así que tienen más fuerza para denunciar a este fiscalucho de poca monta, pero con poder. Un saludo y fuerza con los reclamos.
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