El año pasado se quemaron más de 300.000 hectáreas de cubierta forestal en Argentina, la Provincia de San Luis fue una de las más afectadas con más de 70.000 hectáreas calcinadas, casi un cuarto de la superficie afectada a nivel nacional. Sin embargo, a día de hoy San Luis no cuenta con medios aéreos propios y depende de la colaboración del Sistema Nacional.
Año tras año, San Luis se posiciona en el Top 3 del ranking de las provincias más afectadas por incendios forestales: tan solo entre 2020 y 2024 se quemaron unas 427.000 hectáreas y en 2023 marcó el triste hito de ser la provincia más afectada por el fuego. Los numerosos incendios causaron graves daños ambientales, perjudicaron severamente a la biodiversidad, afectaron a economías regionales y dejaron a varias familias sin hogar, generando una pérdida que tardará muchos años en recuperarse.
El año pasado en San Luis se quemaron 70.685 hectáreas, el 23,4 % de la superficie afectada a nivel nacional, posicionándose en el segundo lugar del ranking de las provincias más perjudicadas, por detrás de Córdoba. Las cifras surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por EcoPress ante el Ministerio de Seguridad Nacional. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, las tímidas iniciativas del Gobierno provincial para mejorar la prevención y el combate al fuego no logran disminuir las catastróficas estadísticas.
Cada vez que un incendio forestal avanza implacable y voraz, los sanluiseños se preguntan ¿Dónde diantres están los aviones hidrantes? El reclamo por la ausencia de medios aéreos es de larga data, no obstante, a día de hoy San Luis no cuenta con aviones o helicópteros hidrantes propios y debe depender de la colaboración del Servicio Nacional del Manejo del Fuego –SNMF-. Si bien la Brigada Nacional del Centro se encuentra asentada en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara, la brigada no opera únicamente en San Luis, sino que también debe atender emergencias en las provincias vecinas y, ante situaciones críticas como incendios simultáneos en varias regiones, el SNMF no logra colaborar en todos los frentes.
Aunque la provincia cuenta con organismos para el combate al fuego, como el servicio San Luis Solidario, el cuerpo de Bomberos de la Policía y los numerosos cuarteles de Bomberos Voluntarios, estas instituciones solo pueden combatir los incendios desde tierra, ya que la provincia no ha invertido en recursos aéreos propios. Esta situación es especialmente grave en situaciones críticas, como cuando se desarrollan varios incendios en simultaneo, ocasionando que el sistema del combate al fuego colapse. Tener a disposición aviones y helicópteros hidrantes provinciales ayudaría a disminuir la vulnerabilidad ante el fuego.
Por ejemplo, muchos de los incendios originados en zonas serranas avanzan durante días antes de que los brigadistas y bomberos puedan combatirlo, ya que muchas veces la dificultad e inaccesibilidad del terreno impide que los combatientes puedan llegar hasta el frente, en este tipo de terreno es común que los brigadistas caminen largas horas hasta llegar al incendio. En ese sentido, los aviones y/o helicópteros hidrantes son de gran utilidad para dar una respuesta temprana y llegar a lugares de difícil acceso.
Ante esta situación, es necesario advertir sobre los peligros de depender únicamente de los recursos aéreos del SNMF, ya que el año pasado el organismo nacional sufrió fuertes recortes que condicionan su accionar. Según información publicada por Chequeado, en 2024 la ejecución de fondos nacionales para el combate al fuego se redujo en un 81% en términos reales –es decir, contemplando los efectos de la inflación-, el año pasado solo se ejecutó el 22% del presupuesto total del organismo. Sin lugar a dudas, este ajuste repercute negativamente en la capacidad operativa de las brigadas nacionales y disminuye la cantidad de horas de vuelo de los aviones hidrantes.
Por otra parte, las estadísticas oficiales advierten que el 95% de los incendios forestales son originados por la actividad humana, muchos de ellos motivados por intereses económicos. Es común que empresarios agrícolas y/o inmobiliarios utilicen el fuego como una herramienta de desmonte para obtener terrenos cultivables o urbanizables, también es usual que enciendan fuego para que las pasturas del ganado rebroten con más fuerza, una práctica que a la larga provoca desertificación. No obstante, rara vez se identifican y juzgan a los autores materiales e intelectuales de los incendios.
En respuesta a esta problemática, en 2020 se modificó la Ley Nacional del Manejo del Fuego, incluyendo la prohibición de utilizar los terrenos quemados por entre 30 y 60 años, el objetivo era desincentivar el uso del fuego como una herramienta de deforestación y permitir que los ecosistemas afectados puedan recuperarse. Sin embargo, esta norma solo quedó plasmada en el papel, ya que se han observado varios avances inmobiliarios y/o agroindustriales en zonas recientemente incendiadas, una realidad que las autoridades prefieren omitir.
Este combo propicia que año tras año San Luis se posicione a la cabeza del ranking de las provincias más afectadas por los incendios forestales. Para reducir tan catastróficas cifras es necesario que las autoridades competentes atiendan la problemática como lo que es: una seria amenaza para los sanluiseños, un riesgo para el patrimonio natural de la provincia y un peligro para el correcto funcionamiento de los ecosistemas.
Foto de portada: ANSL.
EcoPress - Periodismo Ambiental 