La adhesión de San Luis al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones dejó varias postales que retratan la falta de decoro, la decadencia de valores y la arrogancia reinante en la política.
A principios de septiembre, integrantes de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión con representantes de la Agrupación de Asambleas Ambientales para dialogar acerca del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones –RIGI-, las asambleas venían impulsando la campaña provincial “No al RIGI” desde hace tiempo y habían solicitado un encuentro con los legisladores para conversar al respecto. “Pedimos una audiencia con diputados e inclusive con senadores, pero solo tuvimos una reunión con la Comisión de Ambiente”, señaló Pablo Spinelli, de la Asamblea Yo Amo mis Sierras, aquel 3 de septiembre.
Durante el encuentro, los activistas repasaron la delicada situación ambiental de San Luis, con especial énfasis en la frágil situación hídrica, compartieron algunas de las preocupaciones que les genera el RIGI y llevaron documentos e información relacionada. Por su parte, los legisladores presentes escucharon a los activistas y, aunque varios intentaron aparentar un interés real, algunos rostros no pudieron ocultar su indiferencia y nerviosismo, y ante la consulta de los ambientalistas evitaron posicionarse al respecto, excusándose en que el proyecto de adhesión al régimen no había ingresado a la Legislatura.
Sin embargo, mientras transcurría el encuentro, el gobernador Claudio Poggi anunciaba ante la prensa él envió del proyecto de adhesión al Poder Legislativo, los activistas se enteraron después de la reunión de la mano de un periodista que se acercó a la Legislatura para hacerles una nota. Poggi pudo haber enviado el proyecto en cualquier momento; pero decidió ese instante para hacerlo, y no es casualidad que así lo hiciera, sino que fue un claro mensaje para las asambleas sanluiseñas agrupadas.
Desde entonces, la maquinaría comunicativa del gobierno se puso manos a la obra para instalar al RIGI como “una nueva promoción industrial para San Luis” enfocada en el “desarrollo de las energías renovables”, intentando neutralizar el reclamo ambiental con el postulado de la transición energética. Sin embargo, el proyecto explicitaba el objetivo de “promover el desarrollo de la minería” y “fomentar la actividad extractiva y la comercialización e industrialización de productos de la minería”. Este apartado generó aún más rechazo en las Asambleas, que habían advertido sobre el desembarco de mineras en San Luis y el peligro ambiental que conlleva la minería, especialmente en regiones semiáridas. En respuesta, convocaron a la Legislatura con la consigna “si al agua y a la vida, no al RIGI”.
La semana siguiente se realizó una nueva reunión entre los diputados de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Finanzas y representantes de las asambleas, en esta ocasión también participó el Dr. Antonio Mangione, del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental de la Universidad Nacional de San Luis –PITSA/UNSL-, el catedrático fue el primer orador y analizó la Inversión Extranjera Directa en Argentina, observó los beneficios económicos y jurídicos que otorga el régimen y subrayo el delicado panorama ambiental en el que nos encontramos. En particular, recordó que en 2023 Argentina recibió más de 23.800 millones de dólares en inversión extranjera, según la CEPAL “¿Dónde está esa plata?” se preguntaba Mangione, sugiriendo que no sirvió para paliar la pobreza ni reducir la desigualdad social, también vaticinó que los conflictos por tierras irán incrementándose y advirtió sobre artículos del RIGI que atentan contra la legislación ambiental. A su turno, las asambleas solicitaron que se celebre una Audiencia Pública para que todos los ciudadanos puedan expresarse al respecto, pero el pedido fue ignorado rotundamente.
Por su parte, el gobierno se aferraba a la promesa de una “nueva promoción industrial” para justificar el régimen en una sociedad tan golpeada por la pobreza. Sin embargo, muchos descreen de las promesas del gobernador, en especial quienes analizaron el articulado del RIGI. El régimen indica que las compañías beneficiadas podrán importar insumos sin restricciones ni impuestos y, además, quedarán exentas de los derechos de exportación luego de cuatro años de su adhesión, también gozarán de reducciones impositivas de todo tipo.
Asimismo, solo están obligadas a desembolsar el 20% de su inversión en proveedores locales, siempre y cuando estos se encuentren “en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad” ¿Cómo una pyme o mediana empresa local puede competir en cuanto a precio y calidad con insumos importados irrestrictamente? Otro de los puntos controvertidos es el artículo 165, que indica que “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título (…) será de nulidad absoluta” y la justicia “deberá impedir su aplicación”. A esto se suma el artículo 192 que establece “la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción (…) que impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido”. Por si fuera poco, todas estas disposiciones quedan blindadas por un esquema de estabilidad de 30 años.
Aunque la gobernación asegura que el régimen promoverá inversiones en energías renovables, con miras en el mercado de carbono y la producción de hidrogeno verde en el mediano plazo, el RIGI también aplica a proyectos de forestoindustria, infraestructura, siderurgia y turismo, entre otras, y todas estas actividades necesitan terreno para funcionar ¿Los artículos 165 y 192 amparan a los beneficiados a avanzar sobre terreno protegido por la Ley de Bosques o similares? Ante la duda, el articulo 221 indica que las compañías podrán llevar la disputa ante el arbitraje internacional, uno de los tribunales competentes es el CIADI, donde Argentina perdió el 89% de los casos que enfrentó.
En síntesis, se trata de un régimen que otorga grandes beneficios para unos pocos, sin que necesariamente se traduzca en mayor y mejor empleo, ni contribuir significativamente a las arcas públicas. A modo de ejemplo, el año pasado el Estado Nacional dejó de percibir 28,9 millones de pesos por el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera y cabe destacar que el sector no generó los puestos de trabajo ni el desarrolló que prometió para desembarcar; lo que sí hace, a pesar de los beneficios del régimen, es subfacturar sus exportaciones, evadir impuestos y violar las leyes ambientales reiterada e impunemente.
Afortunadamente, frente a los reiterados reclamos en contra del régimen en general y de la minería en particular, desde el oficialismo incluyeron un artículo que ratifica la vigencia de la Ley Provincial N°0634, que regula la actividad minera en San Luis y prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la explotación.
Así las cosas, el 18 de septiembre la Cámara de Diputados trató el proyecto. Aquel día, las asambleas convocaron a la Legislatura a partir de las 11:00 de la mañana, poco antes del inicio de la sesión, también se hicieron presentes miembros del Sindicato de Judiciales Puntanos –SIJUPU- en reclamo contra el presupuesto para el 2025, que establece recortes al Poder Judicial. Ante la gran convocatoria, la sesión se postergó varias horas e inició pasado el mediodía. Para ingresar al recinto, los activistas y gremialistas fueron requisados exhaustivamente por efectivos policiales, una vez dentro, el ambiente era literalmente sofocante: las ventanas no se podían abrir y el aire acondicionado estaba apagado, además, quienes salían a respirar aire fresco corrían el riesgo de no poder volver a ingresar, con el paso de las horas, este clima fue caldeando los ánimos.
A la mitad de la sesión, comenzó el tratamiento del presupuesto 2025, entre tímidos abucheos y críticas ocasionales por partes de integrantes del SIJUPU, el debate se extendió más de dos horas y el presupuesto se aprobó con 24 votos afirmativos y 16 negativos. Luego, los sindicalistas abandonaron la sala y quedaron únicamente las asambleas y autoconvocados.
Pasadas las 18:00 hs, el oficialismo pidió el tratamiento sobre tablas del régimen, es decir que, aunque no estaba previsto en la agenda, los diputados aliados al gobierno consideraban que su debate era prioritario y urgente. El ‘debate’ lo inició el diputado Carlos Pereira, quien replicó la postura y los argumentos del gobierno para defender el régimen. Conforme hablaba, la tensión en el ambiente iba aumentando, y no tardaron en llegar las críticas y los abucheos, mientras que el presidente de la Cámara amenazaba con desalojar el recinto. En un momento culmine, Pereira se envalentonó y respondió con arrogancia a los abucheos: “soy autor de numerosas publicaciones, si estoy acá es por algo ¿Qué has escrito vos en la vida?”, arremetió con un léxico impropio de un literario.
A su turno habló Gloria Petrino, de la bancada justicialista, oponiéndose al RIGI; posteriormente se expresó brevemente la oficialista Eugenia Gallardo, defendiendo el proyecto. Ante los abucheos cada vez más notorios, el oficialismo pidió que se pase directamente a la votación, que terminó con 23 votos afirmativos y 16 negativos. De los 43 diputados, solo tres se expresaron en el debate. Este resultado despertó la indignación de los presentes, que replicaron al grito de “traidores” y “vende patria”. Así, los legisladores abandonaron la sala rápidamente, mientras que efectivos policiales desalojaron las gradas y acallaron a los manifestantes. Afuera del recinto, Infantería custodiaba a los diputados.
Al día siguiente, Pereira sugirió ante la prensa que Alberto Rodríguez Saá había enviado a los manifestantes y los tildó de “pseudoambientalistas”, cuando muchos de ellos acamparon un mes en contra de la obra Parque Vulpiani, proyecto que el diputado repudió fervientemente cuando era opositor. De esta manera tan desafortunada culminó el primer capítulo del tratamiento legislativo del régimen, lamentablemente, el segundo episodio sería igualmente bochornoso.
Ante la negativa de celebrar una Audiencia Pública, la semana siguiente las asambleas organizaron una Audiencia Popular en la que activistas, vecinos, académicos y artistas pudieron expresarse al respecto y advertir sobre los impactos del RIGI; pero solo unos pocos legisladores se acercaron un ratito para escuchar a los disertantes. En paralelo, seguían impulsando la campaña “No al RIGI”, visibilizando el reclamo, denunciando la situación y recopilando miles de firmas de ciudadanos que se oponen al régimen. Se realizaron actividades de visibilización y protesta en la Ciudad de San Luis, en San Francisco del Monte de Oro, en la Villa de Merlo y en Juana Koslay. Además, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, se posicionó en contra del RIGI en San Luis y se solidarizó con el reclamo de las asambleas.
A finales de septiembre hubo una nueva reunión, esta vez con senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales, referentes de las asambleas y académicos de la UNSL. En esta oportunidad, los activistas reiteraron el pedido de Audiencia Pública, sosteniendo que un proyecto de estas características debe tratarse con mayor profundidad y participación social; pero los legisladores contestaron efusivamente.
También cuestionaron la necesidad del RIGI para promover el desarrollo de las energías renovables, como asegura el gobierno, teniendo en cuenta que la provincia ya recibía grandes inversiones energéticas sin RIGI: en mayo pasado se inauguró el parque eólico San Luis Norte, un desarrollo privado que requirió una inversión de 200 millones de dólares para instalar 25 aerogeneradores en una extensión de 2.100 hectáreas. Los activistas también aprovecharon para consultar acerca del ingreso al recinto el día de la sesión y los senadores aseguraron que no habría ningún problema en la casa de la democracia. Horas después, el proyecto obtuvo dictamen favorable para ser debatido en la Cámara.
Finalmente, la Cámara de Senadores trató el RIGI el 1 de octubre. Aquella jornada, los activistas ambientales y los integrantes del SIJUPU volvieron a encontrarse, ya que nuevamente trataron ambos proyectos en la misma sesión. A partir de las 10:30 de la mañana comenzaron a llegar los asambleístas, sindicalistas y autoconvocados para expresar su reclamo, allí se llevaron una sorpresa al encontrarse con la puerta cerrada con candado y fuertemente custodiada por personal policial.
Entonces, los presentes intentaron ingresar por el estacionamiento; pero la Policía no los dejó entrar con el pretexto de que el recinto estaba lleno, según trascendió, el bloque oficialista había colmado las gradas con gente afín poco antes de que lleguen los activistas. También se le negó el ingreso a comunicadores autogestivos, quien les escribe incluido, sin justificar la negativa. A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado no transmite la sesión y uno de los objetivos de los medios comunitarios era transmitir el debate para que la ciudadanía sepa como transcurrió, pero la sesión se realizó con total hermetismo.
“En la reunión con los senadores, pedimos la posibilidad de entrar y nos contestaron que era un espacio abierto y una sesión que se podía ver, acá nos encontramos con la situación de que llenaron el recinto con su gente y que no nos dejan ingresar. Esto muestra el doble discurso”, decía Pamela Mackey, de la Asamblea por el Agua del Noreste. “Es más de lo mismo: simulacros de participación, simulacros de escucha, negación del derecho de participación en los hechos y haciendo siempre de las suyas a puertas cerradas”, opinaba Juan Quiroga, de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani.
Tan solo 40 minutos después de iniciada la sesión, la Cámara de Senadores dio la sanción definitiva al RIGI con 5 votos a favor y 4 en contra, poco después aprobó el presupuesto para el 2025. Como era de esperar, la noticia despertó repudio afuera del recinto y, tanto los asambleístas como los sindicalistas, cortaron la esquina de Av. IV Centenario y Ascasubi en reclamo por la falta de transparencia de la sesión. En un momento, una de las tres organizaciones presentes planteó la idea de encender unas cubiertas, como es habitual en muchas manifestaciones, pero ni los ambientalistas ni los judiciales estuvieron de acuerdo, por lo que prendieron fuego por su cuenta en el ingreso al estacionamiento de la Legislatura.
Luego de aproximadamente una hora levantaron el corte y permitieron la libre circulación vehicular, pero mantuvieron la vigía en la explanada del recinto, aguardando la presencia de alguna autoridad legislativa. Posteriormente, senadores justicialistas se acercaron para dialogar con los asambleístas y culparon al bloque oficialista por no permitir el ingreso de la ciudadanía, sin embargo, fueron reprochados por no haber denunciado con contundencia lo sucedido. Muchos opinan que la oposición no se esforzó lo suficiente ni estuvo a la altura para rechazar el RIGI y advertir las consecuencias del régimen.
Finalmente, la adhesión al RIGI fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Ley N° VIII-1135-2024 el pasado 18 de octubre.
EcoPress - Periodismo Ambiental 
Una respuesta a “¿Qué perfume usa el régimen? Huele a colonia”
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