Luego de una reunión con legisladores de la Cámara de Diputados, la Agrupación de Asambleas Ambientales pidió que se celebré una Audiencia Pública para que toda la comunidad pueda expresarse respecto al RIGI, tanto quienes se oponen como quienes están a favor. Además, reiteraron su rechazo al régimen y expresaron algunas preocupaciones que les genera el proyecto. En un encuentro posterior, el ministro de Producción defendió la postura del gobierno ante los diputados.
Este lunes, la Agrupación de Asambleas Ambientales mantuvo una reunión con integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Finanzas de la Cámara de Diputados para dialogar acerca del proyecto de adhesión al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones –RIGI- presentado por el ejecutivo provincial a principios de septiembre.
En el encuentro, además de los asambleístas, también participó el Dr. Antonio Mangione, del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental de la Universidad Nacional de San Luis –PITSA/UNSL-. Allí, el catedrático repasó brevemente la situación socioambiental actual y analizó como el RIGI podría agravar el frágil panorama, luego los representantes de la interasamblearía expusieron algunas de las preocupaciones y dudas que les genera el RIGI.
El régimen, incluido en la “Ley Bases” aprobada en el Congreso Nacional, es un paquete repleto de beneficios fiscales y jurídicos destinados a seducir al capital concentrado y a las grandes corporaciones para que ‘inviertan’ en actividades vinculadas a la forestoindustria, la infraestructura, el turismo, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía y, con variaciones, el petróleo y el gas. Desde su presentación ante el Congreso, el RIGI ha generado polémica, preocupación y disconformidad en diversos sectores de la sociedad por la amplitud de actividades que abarca, recordemos que la norma se aprobó con miles de ciudadanos manifestándose a las afueras del Senado de la Nación.
En ese sentido, las asambleas ambientales de San Luis plantean reparos al considerar que el régimen busca promover actividades de alto impacto ambiental y que, además, no exige medidas de prevención contra la degradación ecológica. “Fundamentalmente, el RIGI se basa en procurarle todos los beneficios a las empresas transnacionales y al capital concentrado, pero no da garantía en absolutamente nada”, observa Juan Quiroga, referente de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, en comunicación con EcoPress.
Por su parte, desde el gobierno prometen que el régimen significará “una nueva promoción industrial” para la provincia y aseguran que los proyectos beneficiados se enfocarían en el desarrollo de las energías renovables. Luego de la reunión con los asambleístas, los diputados también recibieron al ministro de Producción, Federico Trombotto, que expuso defendiendo la postura del ejecutivo.
En conferencia de prensa, Trombotto afirmó que “el gobernador cuida la sustentabilidad en San Luis y piensa en las generaciones futuras; pero necesitamos tener progreso y trabajo ¿De qué nos sirve tener a un San Luis sumergido en la pobreza?”. Al respecto, un documento del PITSA -al que este medio tuvo acceso- advierte que a la Argentina no le ha faltado Inversión Extranjera Directa –IED-: tan solo en 2023 se invirtieron más de 23.800 millones de dólares, según la CEPAL “¿Dónde está esa plata?” se preguntaba Mangione en la reunión. También alertó que la IED no tuvo un efecto significativo en la reducción de la pobreza en la región, al contrario, aumentó la desigualdad social.
El régimen al que el gobierno de Claudio Poggi quiere adherir indica que las compañías beneficiadas podrán importar sus insumos sin limitaciones ni impuestos y quedarán exentas de derechos de exportación luego de cuatro años de adherirse al RIGI. Además, solo están obligadas a desembolsar el 20% de su inversión total en proveedores locales, siempre y cuando estos se encuentren “en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”, todo ello protegido por un esquema de estabilidad fiscal de 30 años. Esta situación “nos lleva a descreer de las promesas ‘eldoradistas’ de las autoridades”, advirtieron desde la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la UNSL a través de un comunicado.
Otro de los puntos que genera controversia y discusión es que el Art 165 de la “Ley Bases” indica que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título (…) será de nulidad absoluta” y la justicia deberá “impedir su aplicación”. Sobre esto, las asambleas y algunos diputados ‘opositores’ interpretan que este ítem establece que las compañías beneficiadas podrán avasallar cualquier norma que obstaculice su actividad, desde el ejecutivo sostienen que este apartado solo aplica a las normas sancionadas en el futuro.
Luego de la disertación de Trombotto, una legisladora del justicialismo manifestó su preocupación por este artículo y consultó al respecto, el ministro dijo no querer debatir sobre ello y delegó la respuesta en su asesor legal, que afirmó que el ítem se basa en un artículo de la Constitución del 1852. No obstante, la norma no explícita que este artículo sea solo para leyes posteriores, aunque desde el gobierno aseguran que está implícito. Asimismo, el Art 192 establece “la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que (…) impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido”.
En cualquier caso, ante una posible controversia en estos u otros aspectos, el Art 221 establece que las compañías beneficiadas podrán llevar la disputa al arbitraje internacional, uno de los tribunales competentes es el CIADI, un fuero del Banco Mundial donde Argentina perdió el 89% de los casos que enfrentó.
En el primer encuentro, los representantes de la Agrupación de Asambleas también manifestaron su preocupación sobre posibles proyectos mineros, ya que en la fundamentación del proyecto se explicita el objetivo de “promover el desarrollo de la minería” y “fomentar la actividad extractiva y la comercialización e industrialización de productos de la minería”. En la reunión posterior, Trombotto aseguró que, por el monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares, en San Luis “no tenemos oportunidad en minería”; pero sí en energías renovables, ya que las condiciones climáticas de la provincia son viables para esta actividad. Al respecto, Quiroga opina que “es muy fácil decir que no van a hacer minería; pero no vemos que se excluya ese sector, que podría haber un artículo que lo excluya” como en Chubut.
“Vemos una gran oportunidad en el campo de las energías limpias”, afirmó el ministro, mientras que desde el PITSA aclaran que “no existen las energías limpias”, sino que sus “impactos y severidad son distintos”. Desde el gobierno, además, aseguran que la implementación de granjas solares y eólicas en la provincia abrirían las puertas para el desarrollo del hidrogeno verde en el futuro, pero omiten mencionar que la producción de este combustible consume tanta –o más- agua que una minera, ya que su principal insumo es el elemento vital.
Llegados a este punto vale recordar que el decreto nacional 70/23 emitido en diciembre pasado modificó la Ley de Fomento a la Generación de Energía Renovable N° 27.424, derogando el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida, los beneficios promocionales y el Régimen de Fomento de la Industria Nacional. En ese marco, le pregunté al ministro: ¿Por qué ahora el gobierno se ampara en el RIGI para promocionar las energías renovables cuando hace unos meses modificó la ley destinada a promoverlas? “En la interpretación de lo que es la Nación y la jurídica nacional en este aspecto fuera del RIGI, en este momento no puedo hacer ninguna interpretación”, contestó Trombotto, y añadió que «el -régimen- está dando oportunidades bien claras y con seguridad jurídica, con previsibilidad de 30 años, para invertir en la generación de energías limpias en un marco conceptual de promoción económica y seguridad jurídica para las inversiones que vengan».
Ante lo anteriormente mencionado –y más-, la Agrupación de Asambleas Ambientales exige que se desarrollé una Audiencia Pública para tratar el RIGI. “Las asambleas estamos solicitando que se amplíen las voces y que todas las organizaciones puedan expresar su voz”, explica Pamela Mackey, de la Asamblea por el Agua del Noreste. A su turno, Quiroga sugiere que “el debate debe ser mucho más amplió e involucrar a más sectores sociales. Si bien algunos legisladores dijeron que nos quedemos tranquilos porque las facultades ambientales quedarán del lado de la provincia, no estamos tranquilos y lo estamos demostrando con las firmas y con las adhesiones en la campaña contra el RIGI. También nos preguntamos ¿Por qué sería necesario adherir al RIGI para promover una transición energética a nivel local? Por eso estamos invitando a todos los sectores a que estén atentos al tratamiento y pedimos la participación pública, no es un capricho nuestro, hay acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú” que así lo indican.
En ese sentido, subrayan que la “Campaña Provincial No al RIGI” ya cuenta con la adhesión de más de 50 organizaciones de diversos sectores sociales y más de 10.900 firmas de sanluiseños que no están de acuerdo con la adhesión al régimen. “Nos oponemos al RIGI porque estamos a favor de otras cosas nos parecen importantes, como el cuidado de la vida, del agua, un modelo de desarrollo que incluya a distintas actividades como la agricultura familiar o el desarrollo del turismo responsable, actividades que podrían desarrollarse y generar trabajo en armonía con la naturaleza”, opina finalmente Mackey.
Foto de portada: La Bulla Comunicación Alternativa.
EcoPress - Periodismo Ambiental 
Una respuesta a “La Agrupación de Asambleas Ambientales pide una Audiencia Pública sobre el RIGI”
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