El pasado martes, el gobernador de la provincia envió el proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura sanluiseña. A pesar de que lo presentó como “una nueva promoción industrial para San Luis”, el texto enviado al legislativo también busca “promover el desarrollo de la minería”. Activistas y académicos advierten sobre los peligros de adherir al régimen y las falsas “promesas ‘eldoradistas’ de las autoridades”.
Este martes, mientras representantes de asambleas ambientales de toda la provincia mantenían una reunión con diputados de la Comisión de Ambiente para analizar el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones –RIGI-, el gobernador Claudio Poggi anunciaba ante la prensa que había enviado el proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura. En sus declaraciones, presentó al paquete como “una nueva promoción industrial para San Luis” y, tras ser consultado, sugirió que no impulsaría a la actividad minera. Sin embargo, el proyecto enviado explícita el objetivo de “promover el desarrollo de la minería”.
El régimen, incluido en la “Ley Bases” sancionada por el Congreso de la Nación, es un paquete legal repleto de beneficios fiscales y jurídicos destinado a las grandes corporaciones y el capital concentrado, con fuerte hincapié en la explotación de los bienes naturales. Las provincias, al ser las “dueñas” de estos según la Constitución, deben adherir al RIGI y permitir que las compañías avancen sobre el ambiente, un compromiso adquirido por Poggi al firmar el “Pacto de Mayo” y la promesa de “avanzar en la explotación de los recursos naturales”.
El RIGI está destinado para proyectos de forestoindustria, infraestructura, turismo, minería, tecnología, siderurgia, energía y, con variaciones, petróleo y gas. Desde el gobierno nacional y provincial prometen que el régimen traerá divisas para el país y generará puestos de trabajo; pero muchos advierten sobre la falsedad de estas expectativas y las graves consecuencias económicas, sociales y ambientales que puede desencadenar.
El proyecto indica que las compañías beneficiadas por el RIGI gozaran de la exención de derechos de importación de bienes, repuestos y mercaderías de consumo, es decir que podrán importar libremente sin pagar ninguna clase de impuestos. En paralelo, quedan exentos de derechos de exportación a partir del tercer año desde la fecha de adhesión.
Todos estos incentivos quedan protegidos bajo un esquema de estabilidad fiscal de 30 años que impide cualquier tipo de limitación o cercenamiento de los beneficios otorgados a los proyectos adheridos al régimen. Es decir, que ninguna ley posterior puede modificar lo establecido por el paquete.
En contrapartida, el régimen no obliga a las corporaciones a contratar a proveedores locales si estos no ofrecen precios competitivos, tampoco exige medidas de prevención ambiental o pone reparos contra la contaminación. Ante esta situación, hace unos meses la Agrupación de Asambleas Ambientales lanzó la campaña provincial “No al RIGI”, manifestando su preocupación por la habilitación de proyectos de explotación “que dañen las Sierras Centrales de San Luis y las Sierras de los Comechingones, contaminando y perjudicando irremediablemente otras actividades económicas como la agricultura, la ganadería, el turismo y la vida misma de las comunidades”.
Desde entonces, las asambleas se encuentran organizadas para advertir sobre las posibles consecuencias ambientales y sociales del régimen y, en ese sentido, comenzaron a recolectar firmas virtuales y presenciales de vecinos que comparten la postura de las agrupaciones, hasta la fecha más de 10.700 personas han firmado. También se dirigieron ante la legislatura, solicitando una reunión para exponer sus preocupaciones ante los diputados.
El encuentro se realizó el martes pasado con integrantes del área ambiental de la Cámara de Diputados. “Pedimos una audiencia con diputados en general e inclusive con senadores, pero solo tuvimos una reunión con la Comisión de Ambiente”, señaló Pablo Spinelli, de la Asamblea Yo Amo mis Sierras, de San Francisco del Monte de Oro. Durante la reunión, los activistas realizaron un repaso de la situación ambiental en la provincia, con especial énfasis en la frágil realidad hídrica, explicaron algunas de las preocupaciones que les suscita el RIGI y llevaron documentos e información vinculada.
Mientras el encuentro transcurría, el gobernador se encontraba en un acto oficial en una escuela de la capital y, en conferencia de prensa, anunció que había enviado el proyecto de adhesión a la Legislatura. Los asambleístas se enteraron de la noticia en las escaleras del Palacio Legislativo: “al salir de la reunión nos enteramos de la noticia de que el gobernador envió el proyecto de adhesión al RIGI, así que hoy más que nunca llamamos a toda la sociedad a que se comprometa con los bienes comunes naturales”, indicaba Juan Quiroga, integrante de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, en el lugar.
Al día siguiente, la Agencia de Noticias San Luis presentó al régimen con una nota en la que asegura que se promoverá “el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad de la Provincia dentro del proceso productivo”, con un enfoque en la generación de energías renovables. No obstante, al contrario de lo que sugirió el gobernador, el régimen también tiene el objetivo de “promover el desarrollo de la minería”, “fomentar la actividad extractiva y la comercialización e industrialización de productos de la minería”, además busca elaborar y proponer “regímenes de explotación, catastro, comercialización, concesiones y otras formas de aprovechamiento”.
Al respecto, desde las asambleas advierten que hay varios proyectos mineros latentes en las Sierras Centrales y tres cateos aprobados en la zona, como el de Condor Prospecting S.A en la zona de Río Grande, la iniciativa de Pampa Litio en el área de Paso del Rey o la exploración El Totoral, cerca de La Cobrera.
“El régimen ni siquiera obliga a las empresas a contratar mano de obra local o proveedores locales, por lo tanto, no vemos prácticamente ningún beneficio, mientras que los pasivos ambientales y la contaminación que dejarían sería enorme”, sostiene Spinelli en comunicación con EcoPress. “En esta provincia que tiene diques por debajo de su cota, que ha atravesado varias emergencias hídricas, nos preocupa que el uso prioritario del agua sea para las empresas”, añade.
En ese sentido, cabe señalar que actualmente el 80% de los diques de la provincia se encuentran bajo cota, el más afectado es el embalse Saladillo con una cota negativa de 10,7 metros y hay diques que llevan más de diez años sin llenarse, como es el caso de La Estrechura. Ante este contexto, Quiroga subraya que “estamos en un estado crítico de las fuentes de vida, de la biodiversidad, de las cuencas hídricas y en un lugar tan árido como San Luis tenemos que defender y cuidar las fuentes de vida: no se puede jugar con el agua, no se puede jugar con el suelo o con los bosques”.
Por su parte, la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur –CALISABIOSUR-, con sede en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis –FCH/UNSL-, manifestó su preocupación por la posibilidad de que “el RIGI favorezca la concentración de tierras cultivables en detrimento de la agricultura familiar campesina, las y los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos”. “En otra arista, el desembarco de actividades sumamente contaminantes como la megaminería podría afectar grave e irreversiblemente al ambiente natural y, lo que es aún más preocupante, alterar las fuentes de agua que abastecen a gran parte de la provincia”, advirtieron en un comunicado.
Además, otra de las críticas al proyecto es que fomenta la competencia desleal y la desigualdad en el acceso a los beneficios fiscales y regulatorios, ya que las PyMEs quedan excluidas del régimen porque uno de los requisitos para adherir es invertir más de 200 millones de dólares. Así, las grandes compañías beneficiadas pueden ofrecer precios más bajos y condiciones más atractivas que las de la mediana empresa, que compiten en desventaja frente a los gigantes corporativos. A su vez, señalan que debido a las exenciones fiscales los proyectos beneficiados no contribuirían a una recaudación fiscal tangible.
“Por tanto, exigimos a las y los legisladores provinciales que hagan valer su salario millonario, exigimos que se informen sobre el asunto, que analicen el tema a fondo, que generen mecanismos de participación ciudadana y, sobre todo, que no traten el tema en una votación exprés como sucedió en las vecinas San Juan y Mendoza”, sentencian desde la CALISABIOSUR.
EcoPress - Periodismo Ambiental 
Una respuesta a “El RIGI busca “promover el desarrollo de la minería” en San Luis”
No entiendo cuando dicen que están en contra de la mineria, si la usufructuamos todo el tiempo, todo objeto que se encuentra presente en nuestras vidas o se compone de algún mineral metalífero o no metalífero o ha pasado por un proceso de industrialización que se compone de herramientas que contiene metales.
Si entramos a una clinica u hospital sea para tratamiento de alta complejidad o no, el mismo edificio, inmueble o muebles contiene mineria .; Los medicamentos ,la elaboracion de vacunas .. Como producir todo ésto sin mineria ?
El transporte, de que se componen todos los vehículos?, sea el transporte que sea.
En tecnología, el celular contiene aproximadamente 70 metales; que persona hoy en el planeta no tiene un celular ?
En un hogar, que elemento no contiene minería?
Me parece que en todo caso lo que deberíamos exigir es que se cumplan con los controles correspondientes a las empresas y ser rigurosos en caso que haya que aplicar sanciones.
Los rios cada vez traen menos agua y en San Luis no hay ninguna empresa minera explotando metales, por ende la causa de falta de agua no es por la minería.
En algunos procesos de tratamientos mineros se usan procesos cerrados , es decir, no se vierte el contenido hacia ningún lado.
La minería es un tema muy especifico, que requiere de mucho tiempo de estudio, detras de ella esta la ciencia y la tecnologia, no se puede hablar ñor que sí, sin tener un fundamento comprobable,..
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