El proyecto de “Ley Ómnibus” propone adherir a UPOV 91, un tratado internacional de protección de –los derechos de autor- de las semillas. La adhesión a este tratado podría modificar las condiciones estructurales de la producción agrícola en el país, limitaría el derecho de los productores a hacer uso de sus semillas y beneficiaría a las grandes empresas semilleras.
El proyecto de “Ley Ómnibus” es tan extenso que algunas propuestas pasaron desapercibidas para la sociedad, en sus más de 500 artículos aparece un ítem busca que Argentina adhiera a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales del año 1991. La adhesión a esta normativa –con carácter constitucional al tratarse de un tratado internacional- modificaría las normas de propiedad intelectual de las semillas y limitaría el derecho al uso propio de los agricultores.
“La legislación de semillas es bastante compleja a propósito, intencionalmente han usado palabras que no son de uso cotidiano, entre ellas aparece el término ‘obtentores. Los obtentores son aquellos que ‘mejoran’ una semilla y la inscriben, es decir que toman semillas de los agricultores o de los bancos de semillas y desarrollan una nueva variedad con determinadas características. La UPOV propone políticas de protección de los ’derechos’ de las semilleras (…). En resumidas cuentas, establece una protección de los derechos de propiedad intelectual de determinada variedad de semillas”, explica Fernando Frank, Ing. Agrónomo e integrante de la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL-, en comunicación con EcoPress.
Argentina es firmante de UPOV 78, que reconoce la ‘propiedad intelectual’ del obtentor y, a su vez, garantiza el derecho al uso propio del productor. Es decir, las semilleras tienen el derecho de registrar y comercializar una variedad de semillas, y paralelamente, los productores pueden comprar esas semillas, obtener semillas de su cultivo y utilizarlas en la próxima época de siembra, evitando tener que comprar semillas cada vez que tengan que sembrar. “En el 91 se actualizó el documento con una característica particular: modifica el ‘uso propio’. Si se adhiriera a UPOV 91 y se modificara la Ley de Semillas, ese ‘uso propio’ se eliminaría y los productores tendrían que pagar una regalía a las semilleras por reservarse ese uso”, advierte Frank.
Con la modificación de la normativa, los obtentores podrían exigir un pago por el uso de esas semillas o un porcentaje de la venta de la cosecha. “Esta medida beneficia a muy pocos, principalmente a las empresas semilleras. A nivel global el mercado de semillas esta monopolizado por un puñado de empresas, lo particular es que todas estas empresas son compañías químicas como Syngenta, Bayer/Monsanto, Basf y DuPont, entre otras. Estas empresas han acaparado el mercado de las semillas y agroquímicos, son muy poderosas, tienen mucha capacidad de lobby y son muy activas a la hora de financiar campañas políticas, estas empresas serían las más beneficiadas por esta medida”, agrega el experto. Solo con la soja, el trigo y el maíz los obtentores obtendrían regalías por más 2.000 millones de dólares anuales, calculan desde el Grupo Agroecológico Nueva Semilla.
Por otra parte, esta medida perjudicaría a los productores porque les supondría un gasto extra, un gasto significativo que podría repercutir en el precio de los alimentos, afectando también a los consumidores. “Otra cuestión, que señalan las organizaciones campesinas y agroecológicas, es que este tipo de normas promueven los monocultivos y producen una perdida de diversidad en los cultivos”, señala Frank.
“Parece una obviedad, pero hay que recalcar que aquí no estamos hablando de una invención tecnológica patentada, estamos hablando de seres vivos que tienen una historia de miles de años y que no cabe el sentido de propiedad intelectual de una persona o empresa, sino que se trata de un esfuerzo colectivo de domesticación y mejoramiento repetido a lo largo de los ciclos de cultivo durante miles de años”, por eso las semillas son un bien común, asegura el catedrático.
Colombia es un buen ejemplo de lo que significa limitar el uso propio de las semillas, la ‘República Cafetera’ adhirió a esta normativa y luego se retiró. Su ejemplo “nos muestra como las empresas entraban a los campos a confiscar semillas, les habían dado el poder de policía y estas compañías confiscaban las semillas que los productores se habían guardado para uso propio”, advierte Fernando.
Ante esta situación, más de 400 organizaciones ambientales, campesinas y productores agropecuarios de todo el país se posicionaron en contra de la adhesión de Argentina a UPOV 91 y le reclamaron al Congreso de la Nación que la rechace. “La oposición tiene que ver con varios factores, entre ellos podemos destacar que esta medida reduciría la diversidad de las semillas y los alimentos que llegan a nuestras mesas, disminuiría la calidad de las semillas y, desde el punto de vista de la Soberanía Alimentaria, perjudicaría a las comunidades en la forma de producir sus alimentos”, también perjudicaría al productor y encarecería el precio de los alimentos, señala finalmente Frank.
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