EcoPress – Periodismo Ambiental

Cada año el fuego arrasa con miles de hectáreas de montes nativos, deja a familias sin hogar, destruye el equilibrio ambiental y agrava la crisis ecológica. Aún a sabiendas de que la mayoría de los incendios son provocados por la actividad humana, los responsables nunca pagan. Mientras, las tareas de prevención al fuego son insuficientes e ineficientes y los brigadistas se ven obligados a arriesgar sus vidas corriendo detrás de la emergencia.

Luego del seco invierno y con la llegada de los fuertes vientos, en vísperas de la primavera el centro del país es testigo de fuertes incendios forestales que agravan la actual crisis ambiental. Los incendios forestales constituyen una problemática que vuelve año tras año, cada vez con más voracidad.

Según estimaciones, desde el 2020 hasta la actualidad, en San Luis se han quemado más de 220.000 hectáreas de cubierta forestal: desde montes nativos, hasta pastizales y forestaciones foráneas. El fuego perjudica a un sinfín de áreas de la sociedad, desde la actividad turística hasta el abastecimiento de agua potable. Las autoridades y la sociedad en general, tienen noción de los estragos ocasionados por el fuego; pero lamentablemente la problemática de los incendios forestales parece no tener fin, aun cuando se han sancionado leyes destinadas a reducir y desincentivar el uso del fuego como herramienta de desmonte.

Según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego –SNMF-, el 95% de los incendios forestales ocurridos en nuestro país tiene origen en la actividad humana. Algunos incendios son originados por negligencia, como una colilla de cigarrillo tirada en un pastizal seco o una fogata mal apagada; pero muchos otros son iniciados intencionalmente para usar el fuego como una herramienta de desmonte rápido con el objetivo de usar el terreno quemado para actividades vinculadas a la agroindustria y la inmobiliaria, principalmente.

Quienes estamos sumergidos en la temática ambiental podemos diferenciar rápidamente aquellos incendios originados por las personas, de aquellos iniciados naturalmente. Muchas veces las autoridades -ya sean bomberos, funcionarios del ejecutivo o personal del Poder Judicial-, aseguran que este o aquel incendio fue intencional, en ocasiones se abren expedientes e investigaciones sobre las causas; pero rara vez se identifican y juzgan a los responsables del fuego. Claro que determinar el origen y el autor de un incendio forestal es una tarea ardua y complicada, debido a que la mayoría inician en zonas remotas en las que no hay cámaras ni testigos, pero eso no es excusa para que los responsables del fuego se mantengan con total impunidad año tras año.

La impunidad detrás del fuego solo provoca más incendios, y cada año somos testigos de ello. Mientras, la política ambiental de los gobiernos no logra dar una respuesta eficiente: los pocos proyectos de prevención de incendios no dan resultados, y los brigadistas y bomberos hacen lo que pueden con las herramientas disponibles.

Muchos de los incendios que afectan a la provincia se dan en zonas serranas y en lugares de difícil acceso, razón por la cual los brigadistas y bomberos no pueden combatir el fuego de manera directa por la vía terrestre. Entonces surge como alternativa el combate aéreo, una metodología de extinción de incendios eficaz que permite dar una respuesta rápida y llegar a zonas remotas de alta complejidad.

Hace unos años, el SNMF instaló una base aérea de combate a incendios en el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara, es decir que en la provincia tenemos una base permanente de brigadistas nacionales. Sin embargo, debido a la antigüedad de las avionetas, los pilotos tienen muchas limitaciones a la hora de prestar colaboración aérea. Generalmente, en los incendios acontecidos en San Luis se da un combo explosivo: las llamas toman dimensiones catastróficas debido a la sequedad del ambiente, mientras el fuerte viento aviva el fuego y, paralelamente, impide el combate por la vía aérea.

En otra arista, las tareas de prevención al fuego se limitan a algunos –pocos- cortafuegos destinados a proteger la zona urbana y a spots publicitarios tendenciosos. Una vez, un brigadista (que desea mantenerse en el anonimato para resguardar su trabajo) me contó que presentó ante las autoridades provinciales un proyecto de prevención de incendios inspirado en los conocimientos de los pueblos originarios; pero no le hicieron caso. “Podría hacerse mucho más en materia de prevención de incendios; pero claramente al gobierno no le interesa el cuidado ambiental”, denunció.

Evidentemente, en un problema tan grave y multifacético como los incendios, los periodistas también tenemos nuestro grado de responsabilidad: los reportes de los medios acerca de los incendios se enfocan en las tareas de combate al fuego, en los organismos que participan en la extinción de las llamas y en si hubo o no viviendas o familias afectadas. Pocas veces se escucha en la radio o se lee en los periódicos acerca de los impactos ecológicos del fuego, y de cómo esas perturbaciones ambientales nos afectan, de esa forma la ciudadanía es incapaz de vincular los incendios con un corte de agua o con la sequía que estamos viviendo.

El poder legislativo, por su parte, ofrece soluciones fantasmas dedicadas a calmar las masas. Una de ellas es la reforma a la Ley del Manejo del Fuego, en ella se prohíbe utilizar los terrenos quemados por un plazo de entre 30 y 60 años. Está controversial ley tiene el objetivo de asegurar la restauración ecológica de las áreas quemadas y de desincentivar el uso del fuego como herramienta de desmonte y cambio de uso del suelo, pero -como de costumbre- la norma no se hace cumplir, y luego de los incendios es común ver cultivos y/o desarrollos inmobiliarios en zonas recientemente quemadas.  Mientras, la ley provincial sigue permitiendo las “quemas controladas” frecuentemente utilizadas en la producción agrícola, quemas que si se descontrolan generan estragos.

Obviamente, no podemos concluir este artículo sin mencionar al Poder Judicial. Una de las últimas reformas judiciales le da a todos los fiscales competencia en materia ambiental; pero las fiscalías no suelen investigar los orígenes de los incendios presuntamente intencionales, y si lo hacen, muy rara vez los responsables del fuego pagan por sus actos. Y, en el caso de que sean juzgados, ninguno iría a la cárcel, porque en nuestro país los incendios intencionales son penados administrativamente con multas, apercibimientos, obligaciones de restauración ecológica y perdidas de concesiones, entre otras.

Un colega cordobés dijo acertadamente que “lo peor que nos puede pasar es que empecemos a naturalizar esto: que nos acostumbremos a que hay incendios forestales intencionales todos los días, uno tras otro”. Lamentablemente, y a mi juicio, en San Luis eso ya sucedió: los incendios están naturalizados, motivo por el cual la sociedad en conjunto no hace sentir su indignación por esta tétrica realidad, entonces los problemas antes mencionados se mantienen.

El primer paso para revertir esta situación es comprender que la gravedad de este problema no es natural, y que otra realidad puede ser posible. Sabiendo esto, podemos comenzar a trabajar para paliar esta trágica situación, hasta que los incendios forestales se reduzcan solamente a los originados naturalmente.