EcoPress – Periodismo Ambiental

Hoy se cumple un mes del inicio del acampe permanente que la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani mantiene para reclamar por el Impacto Ambiental y la deforestación que acarrea la obra “Parque Acueducto Vulpiani”. Aunque el dialogo es uno de los principales reclamos de los asambleístas, las autoridades han guardado silencio y, como respuesta, han intentado criminalizar la protesta.

Desde mediados de abril la comunidad viene reclamando por el Impacto Ambiental que acarrea la obra “Parque Acueducto Vulpiani”, que el Gobierno de San Luis pretende construir alrededor del Acueducto. La zona de unas 12 hectáreas se encuentra catalogada como amarilla y roja por la Ley Nacional de Bosques N° 26.331, y la obra comenzó sin Estudio de Impacto Ambiental ni aprobación ecológica.

Desde un principio la actitud de las autoridades fue el silencio y la resistencia al dialogó. Apenas se anunció la obra, la comunidad solicitó el Estudio de Impacto Ambiental –EIA- correspondiente y, ante la falta de respuestas satisfactorias, tuvieron que presentar otras cuatro peticiones para –luego de un mes y medio- acceder a la documentación. Mientras, la empresa adjudicada –SERVING S.R.L- había iniciado los desmontes de manera ilegal.

Una vez con el acceso a los documentos, la Asamblea solicitó el apoyo de expertos de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL- para analizarlos y fundamentar la solicitud de Audiencia Pública. A pesar de que presentaron 24 objeciones y observaciones sobre el EIA, la Secretaria de Ambiente rechazó la solicitud de Audiencia y dio por finalizado el proceso de participación pública.

Paralelamente a todo este proceso administrativo, la Asamblea desarrollaba acciones de protesta pacífica, educación ambiental, actividades artísticas y mantenimiento del predio. En concreto, todos los fines de semana organizaban encuentros con actividades ambientales, artísticas y lúdicas, además de caminatas de reconocimiento de flora y recolección de basura.

Finalmente, a pesar de las irregularidades subrayadas por la Asamblea y el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental –PITSA- de la UNSL, a finales de junio la Secretaria de Ambiente emitió la aprobación ecológica de la obra.

Entonces, a principios de julio la empresa comenzó a llevar maquinaría para iniciar el desmonte. Inmediatamente la Asamblea se hizo presente y, luego de una deliberación, decidieron acampar en el predio. Poco a poco iban apareciendo carpas y manifestantes, y el campamento iba afianzándose.

Las primeras noches fueron las más duras, pero con el paso del tiempo armaron un ‘gazebo’ y lo taparon con plásticos: allí hicieron base para guardar los víveres, cocinar o resguardarse de las inclemencias del clima. También colocaron una parrilla para acompañar las noches con una fogata y tener una pava siempre caliente. Además, colocaron una mesa informativa para resolver las dudas de la comunidad y explicar el reclamo.

Todo ello resistiendo a las intimaciones de desalojo y al hostigamiento. Desde el primer día de acampe la Asamblea tuvo que resistir a los intentos de desalojo para poder proteger este “pulmón verde” protegido por ley. El martes 4 de julio efectivos policiales se acercaron con una intimación de desalojó motivada por una denuncia realizada por el apoderado de la empresa constructora, Sergio Ángel Finelli. Ante la negativa de la Asamblea, la fiscal María del Valle Duran solicitó una orden judicial para desalojar el acampe, pedido que fue rechazado por el juez Marcos Flores Leyes en un fallo ejemplar en la provincia.

Ante el intento de criminalizar la protesta, el Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL comenzó a asesorar a la asamblea en el ámbito legal. Precisamente, el abogado Gustavo Quiroga comenzó a representar a la Asamblea y a defender los derechos de los manifestantes y de la naturaleza, junto a él otros abogados/as del equipo trabajan en la causa.

A grandes rasgos, la fiscal acusa a la Asamblea de impedir la circulación de peatones y vehículos en el lugar, mientras que la Asamblea sostiene que el procedimiento de Evaluación Ambiental se hizo incorrectamente y que la aprobación ecológica es ilegítima.

Desde antes del acampe uno de los principales pedidos es el dialogó, de eso dan cuenta las solicitudes de informe y la petición de Audiencia Pública; pero el gobierno fue reacio a responder las solicitudes de informes y apático al rechazar la audiencia. Una de las principales exigencias del acampe es el dialogó con las autoridades, pero en un mes de campamento no han sido oídos por ninguna autoridad.

Es más, ni siquiera se les permite defenderse en una audiencia judicial. El pasado lunes 24, el Tribunal de Impugnaciones iba a tratar la apelación al rechazo del desalojo, allí la Asamblea iba a poder defender su postura y solicitar el cese de las obras; pero la audiencia fue suspendida, entre otras cosas, porque no hay ningún acusado y –por ende- el tribunal no tiene a quien entrevistar. La nueva audiencia fue pautada para el próximo lunes 7, y trascendió que ni el abogado Quiroga ni los representantes de la Asamblea podrán participar de la misma.

Pero la falta de dialogó no es el único insulto contra estos defensores ambientales, también lo es el hostigamiento. En reiteradas ocasiones la Asamblea ha denunciado hechos de hostigamiento policial, casos como efectivos filmando a los asambleístas, amenazas de represión o la presencia de autos sin patentes.

Además, una integrante denuncia que ha sido despedida de su trabajo por formar parte de la Asamblea. En comunicación con EcoPress, denunció que trabajaba como docente en el Instituto privado San Vicente, ubicado en un terreno al lado del Ave Fénix que resulta ser Reserva Provincial, y cuya directora es la esposa de Felipe Tomasevich –ex ministro de Obras Públicas-. Relata que cuando inició el acampe fue despedida de su cargo como docente sin ninguna explicación.

Ante la nula disposición al diálogo por parte de las autoridades, sumado a los rechazos de los pedidos de reconsideración de la obra y a la falta de respuestas a la propuesta de creación de una Reserva Natural Municipal, la Asamblea se ve obligada a mantener el acampe. Para sostener el campamento, además del ‘gazebo’, la parrilla y las carpas, también instalaron un baño seco para que los asambleístas puedan hacer sus necesidades biológicas.

El único dialogo con la comunidad por parte del gobierno fue a través de los medios de comunicación. En algunas ocasiones funcionarios de Obras Públicas salieron a los medios a defender el proyecto y a asegurar que cumple con los requisitos ambientales, cuando el EIA del proyecto tiene serias falencias como el uso de glifosato o que toma como base legal una ordenanza de Capital Federal. Pero no solo defendieron el proyecto con información parcial, sino que intentaron criminalizar la protesta ante la opinión pública.

Hugo Scarso, abogado de la Sala Penal de la Fiscalía del Estado, dijo en una entrevista radial que la Asamblea impide el paso de personas y vehículos, y que como fiscal busca que el acampe sea desalojado, también indicó que el campamento es ilegal. El abogado Quiroga, por su parte, sostiene que los asambleístas son defensores ambientales que debieran ser escuchados y protegidos según lo establecido en el Acuerdo Interamericano de Escazú.

Llama la atención que las autoridades busquen criminalizar el campamento bajo el pretexto de que “impiden la libre circulación de vehículos y de personas”, ya que cualquier persona puede ir al lugar sin restricciones. Además, tanto el EIA como el pliego de la obra, detallan que el proyecto prevé cerrar el predio con un “cerco olímpico de 2,50 m de altura, que permanecerá definitivo una vez terminada la obra, y llevará púas galvanizadas de alta resistencia”, con el objetivo de “impedir el ingreso de personas extrañas a la obra”. Es decir que, si no fuera por la resistencia ciudadana, hoy nadie podría ingresar al predio.

Quizás la actitud enérgica y alegre de los manifestantes puede darnos la impresión de que ellos quieren estar ahí; pero lo cierto es que se vieron obligados a mantener el acampe, que es desgastante, requiere mucho tiempo, energía y recursos. A través de un comunicado explican que “la medida de acampe podría haberse evitado, pero frente a la ausencia del Estado, fuimos entonces las personas quienes asumimos la responsabilidad de defender –la naturaleza-“.

Por eso, a un mes del inicio del acampe y a tres de la formación de la Asamblea, el silencio de las autoridades se convierte en un insulto: un insulto al pueblo que se manifiesta, un insulto a los valores democráticos, un insulto al Acuerdo de Escazú y, sobre todo, un insulto al bosque que quieren talar pisoteando leyes nacionales y provinciales.

Foto de portada: La Bulla Comunicación Alternativa.