EcoPress – Periodismo Ambiental

Desde mayo la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani reclama por la conservación del “Bosque Vulpiani”, un monte primordialmente nativo amenazado por una obra milmillonaria que el gobierno provincial quiere realizar en el lugar. Hoy se cumplen 18 días del acampe que la Asamblea desarrolla en el predio para preservar el ambiente.

En Juana Koslay, en la entrada al San Roque, encontramos el Acueducto Vulpiani, una de las primeras obras hídricas que permitieron llevar agua desde el dique Potrero de los Funes hasta la Ciudad de San Luis. El acueducto tiene una extensión de unos 10 km, y fue –re-inaugurado en 1909.

Este acueducto, por su historia e importancia en el desarrollo de San Luis, está declarado como Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio. A escasos metros de él se encuentra el Salto de la Salamanca, un particular salto del arroyo Cuchi Corral donde se evidencian 500 millones de años de historia geológica, según explica el geólogo Héctor Luis Lacreu. El acueducto y el Salto están rodeados por un monte primordialmente nativo que abarca unas 13 hectáreas, un monte que se encuentra amenazado por una obra milmillonaria.

A principios de abril el gobierno provincial anunció que en el lugar se construiría el “Parque Acueducto Vulpiani”, un proyecto urbanístico que comprende la realización de edificios comerciales/administrativos, un teatro al aire libre, calles, senderos, plazas, miradores y césped, entre otras. La obra cuenta con un presupuesto de más de 1.820 millones de pesos.

A mediados de ese mes, el gobernador Alberto Rodriguez Saá encabezó el acto de inauguración de la obra junto a sus funcionarios, acompañado del intendente local, y del ejecutivo de la empresa constructora SERVING S.R.L. En el acto, además, se firmó la adjudicación de la obra a la mencionada empresa.

La noticia despertó la preocupación de vecinos y ambientalistas, ya que –entre otras cosas- la zona se encuentra catalogada como roja y amarilla (zona protegida) por la Ley Nacional de Bosques N°26.331. Entonces, varios vecinos solicitaron el Estudio de Impacto Ambiental –EIA- y la documentación ecológica que respalde la obra, días después la Secretaria de Ambiente admitió que no tenía en su poder el EIA del proyecto.

Motivados por estas primeras irregularidades, los vecinos preocupados por el impacto ecológico del proyecto se agruparon en la “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani”, y, el 2 de mayo, organizaron el primer encuentro para reclamar por la deforestación que implicaría la obra. Ese mismo día una maquina se encontraba desmontando ilegalmente y abriendo caminos: su tarea era hacer espacio para el ingreso de maquinaría de mayor porte.

Sin embargo, gracias a la denuncia pública y al accionar de los ambientalistas, la maquina desapareció días después. A pesar de que este hecho fue denunciado, en la actualidad esta acción ilegal no se encuentra en el registro de infractores, denuncian desde la Asamblea.

La agrupación ciudadana continuó realizando encuentros, y desde mayo hasta la fecha organiza en el lugar actividades ambientales y recreativas todos los fines de semana. En los “encuentros familiares” realizan talleres ambientales y culturales, caminatas de reconocimiento de flora nativa, recolecciones de basura, juegos y espectáculos para niños, acompañado con música en vivo de artistas locales. Además, también realizan actividades de capacitación ambiental, como charlas con expertos en biología, geología y legislación ambiental, entre otras.

Por otra parte, la Asamblea brindó respuestas a problemas que la intendencia de Jorge ‘Toti’ Videla no quiere resolver. En Juana Koslay no existe la recolección diferenciada de basura, y los vecinos tienen que ir hasta la capital provincial para reciclar; pero la Asamblea instaló un “punto verde” para que los ciudadanos puedan llevar allí su material reciclable, la cooperativa cartonera Pensar Verde se encarga de recolectar y darle tratamiento adecuado a los reciclables.

Paralelamente, la Asamblea continuó reclamando por el acceso a la documentación ecológica del proyecto. Se presentaron unas cinco solicitudes de acceso al EIA, tanto en las oficinas de ambiente como en las de obras públicas, y luego de un mes y medio de reclamos el gobierno compartió la documentación, el 2 de junio.

Según la ley provincial, la Asamblea tenía diez días para analizar las casi 700 fojas de los estudios y, en caso de ser necesario, presentar observaciones, objeciones o sugerencias acerca del EIA. Para ello solicitaron el asesoramiento del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental –PITSA- de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL-.

En comunicación con EcoPress, el biólogo e integrante del PITSA, Dr. Antonio Mangione explico que: “Se trata de un asesoramiento de carácter técnico y disciplinar (…), les hemos comentado y asesorado en términos vinculados al ambiente sobre el Estudio de Impacto Ambiental de esta obra”.

Y agregó “luego de leer la documentación, y ante la intención de la Asamblea de solicitar una Audiencia Pública, nosotros generamos un documento con una serie de argumentos que podían dar sustento y fundamentación al pedido de Audiencia Pública”.

Además, también solicitaron el pliego licitatorio de la obra en el Ministerio de Obras Públicas (con el objetivo de ver qué tipo de obra solicitaba el gobierno), y a pesar de que la ley local establece que estos pedidos deben ser satisfechos en un plazo no mayor a diez días hábiles, las autoridades del ministerio (encabezado por el hijo del Gobernador) respondieron a la solicitud 40 días después.

Finalmente, a mediados de junio la Asamblea presentó un texto con 24 observaciones y objeciones sobre el EIA de la obra. Entre las objeciones destaca que el proyecto preveía la utilización de glifosato (hecho prohibido por la ley local), que parte de la base legal del estudio es una ordenanza de CABA que no tiene validez en San Luis, que la obra generaría un desequilibrio hídrico y que el predio está protegido por la Ley Nacional de Bosques. Asimismo, solicitaron la Audiencia Pública para tratar estas y otras irregularidades.

Dos semanas después, la Secretaria de Ambiente respondió a las objeciones, y dio lugar a las quejas antes mencionadas, asegurando que se incluirían en la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, el gobierno rechazó la Audiencia Pública y “entendió” que ya había cumplido con la participación pública.

“Con la novedad de que fue denegada la audiencia, lo que estamos haciendo es una re-lectura de la documentación para asesorar a la Asamblea en la medida que lo requiera, acerca de algunas cuestiones técnicas”, agrega Mangione.

En la respuesta del gobierno, Ambiente explicó que si bien el predio está protegido por la ley N°26.331, la obra fue declarada de “interés público” mediante decreto, razón por la cual tiene el aval para iniciar los desmontes.

Al ser consultado, Mangione considera que “no todo lo que se declara como ‘de interés público’ necesariamente lo es, porque ningún derecho puede estar por encima de otro, ni mucho menos estar sobre un derecho constitucional como el ambiente sano. Si uno es estricto con lo que dice la norma, se sobreentiende que una obra de ‘interés público’ podría ser un hospital, un tendido eléctrico, un eventual tendido de líneas de gas; de ahí a hacer un ‘shopping’ es otra cosa. (…) Enunciar una obra como ‘de interés público’ sin atender a las demandas y reclamos de la ciudadanía, me parece que es un error”.

Por su parte, Gustavo Quiroga, especialista en Derecho Ambiental del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL, y representante legal de la Asamblea, explica que “la declaración de utilidad pública está basada en, según lo que dice el Gobierno, garantizarle a toda la comunidad el derecho de acceso al paisaje; pero resulta que eso ya existe”, la sociedad puede ir libremente al ‘bosque vulpiani’. Además, Quiroga se pregunta “¿Cómo un decreto de utilidad pública va a modificar y derogar una Ley Nacional y una Ley Provincial? Es imposible, es un sinsentido. En Derecho Ambiental está el principio de ‘No Regresión’, es decir que si una zona se catalogó como protegida no se le puede quitar esa protección por arte de magia”. 

A pesar de que los ambientalistas rechazaron la negativa del gobierno, la secretaria ambiental autorizo la obra. Entonces, el pasado lunes 3 de julio comenzaron a arribar máquinas para iniciar las tareas y avanzar con el desmonte. Inmediatamente la agrupación se reunió en una asamblea extraordinaria, debatieron, hicieron un ‘semaforazo’ y resolvieron acampar en el lugar para preservar el “bosque Vulpiani”.

Durante los primeros días, el acampe copo la agenda mediática y aquellos medios hegemónicos que durante meses ignoraron la problemática se vieron obligados a cubrir el hecho. Las primeras jornadas de acampe fueron tensas, la Asamblea hizo una barricada para obstaculizar el paso de las máquinas y en ocasiones tuvieron que hacer “cordones humanos” para impedir el avance de las topadoras.

En la tarde del martes 4 personal policial se acercó al lugar con una intimación de desalojo, motivada por una denuncia realizada por el apoderado de la empresa constructora. No obstante, la Asamblea no hizo lugar al requerimiento de la fiscal Maria del Valle Duran, y resolvió continuar con la protesta. Al día siguiente, la fiscal le solicitó al juez Marcos Flores Leyes que ordene el desalojo del acampe.

Una de las principales exigencias de los ambientalistas es el dialogó con las autoridades; pero los únicos que se hicieron presentes fueron efectivos policiales pidiendo documentos, filmando a la Asamblea, intimándolos a desalojar u “hostigándolos”, según denuncian los asambleístas.

Nazareno Altinier, uno de los asambleístas, dice que no le sorprende la falta de dialogo por parte de las autoridades: “Conocemos el manejo de las autoridades, sabemos de sus intereses, sabemos que buscan y que les interesa acá en Vulpiani. Lo único que hemos visto es presencia policial y de la empresa, en tanto seguimos a la espera de las autoridades”.

En la tarde del jueves 5, el juez negó la solicitud de desalojo, y permitió que la Asamblea continúe con el acampe, en el fallo además instó a mejorar la implementación de la “Ley Yolanda” y argumentó que las futuras generaciones también tienen derecho de disfrutar de este “pulmón verde”. En otra arista, Quiroga había solicitado el cese de las obras e hizo responsable a la fiscal y a la policía por cualquier daño ocasionado a los manifestantes y/o a sus bienes.

Además (ese mismo día), la Asamblea presentó ante la Municipalidad de Juana Koslay un proyecto para declarar la zona “Reserva Natural Municipal”, pedido que se había hecho anteriormente pero que no prosperó. El Día de la Independencia la agrupación vecinal organizó un gran festival con un sinfín de actividades culturales y ambientales. En tanto, el martes 11 la Asamblea presentó un pedido –debidamente fundamentado- para revocar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que denuncian que este proceso se hizo incorrectamente, por lo que la aprobación de la obra es ilegítima.  

En otra arista, la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL adhirió al reclamo de la Asamblea, como así también lo hicieron gremios laboristas y asociaciones ecológicas.  

Luego, la fiscal Durán apeló el fallo del Juez, buscando desalojar a los manifestantes para que las maquinas puedan iniciar los desmontes. “La apelación de la fiscal me llamo mucho la atención, porque en ella Duran reconoce que los trabajos iniciaron antes de la presentación del Informe de Impacto Ambiental; pero denuncia que cuando se retomaron las obras ‘los ambientalistas impidieron el paso de las maquinas’ –lo que ella considera un delito-. De todos modos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todo fiscal tiene la obligación de defender los Derechos Ambientales, y a mi entender la fiscal Duran está incumpliendo esta obligación”, opina el Lic. Quiroga. En ese sentido, el próximo lunes 24 habrá una audiencia en el Tribunal de Impugnaciones, y la Asamblea invita a toda la comunidad a acercarse a la Plaza Independencia del centro capitalino a las 9AM para reclamar por el derecho a la protesta y por el derecho a un ambiente sano.

Por el momento, la situación evoluciona con incertidumbre. El gobierno brilla por su silencio, la empresa destaca por su interés de avanzar con las máquinas, y la Asamblea se mantiene firme con su acampe. Mientras, los políticos del gobernador electo (Claudio Poggi) que se acercaron a la Asamblea durante la campaña, se esfumaron luego de las elecciones.

El acampe es por tiempo indeterminado, y las palabras de Ayelen Rodríguez, integrante de la Asamblea, grafican la tenacidad de los manifestantes: “El acampe durará lo que tenga que durar, nosotros vamos a estar acá, tenemos ayuda en logística y vamos a estar hasta el final. No vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos”. Florencia Suarez, por su parte, dice que siente “la obligación de estar y la fuerza de la unión: estamos organizados y divididos en comisiones para mantener este acampe para que nos escuchen”.

Finalmente, el Dr. Mangione considera que “la Ley ambiental es todo lo dura que se propone ser al principio y, paralelamente, es todo lo blanda que le permite ser al final. Por eso es momento de pensar en otro tipo de legislación, porque esta lógica claramente no ha funcionado”.