A pesar de que hay una Ley Nacional de Educación Ambiental que rige en todo el territorio argentino, el Gobierno de la Provincia de San Luis busca sancionar una ley homologa de carácter provincial para capitalizarla políticamente.
En octubre del 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral –EAI-. Luego, el por entonces proyecto de ley, siguió el protocolo legislativo: hubo participación ciudadana de ambientalistas, educadores, ecólogos y comunidades originarias, entre otras, que ayudaron a enriquecer y democratizar la norma, pasó por las diferentes comisiones legislativas y finalmente fue tratado por la Cámara Baja y la Cámara Alta.
Luego de meses de trabajo legislativo, en Mayo del 2021 el Senado sanciono definitivamente la Ley de Educación Ambiental Integral N°27.621. Dos semanas después la normativa de 27 artículos fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación: de esa manera la Argentina ya cuenta con una ley que establece que todas las escuelas de las diferentes etapas educativas integren en su curricula materiales de carácter ambiental.
A grandes rasgos la Ley busca implementar conciencia ambiental desde la temprana edad, para formar a una sociedad que respete y cuide a la naturaleza, y entienda la situación ecológica en la que se encuentra la humanidad.
Sin embargo, como es costumbre en el país, la implementación de la Ley tiene serías dificultades. La Ley Nacional de Educación Sexual Integral –ESI-, que tiene cerca de una década de historia, aún no alcanza una implementación plena en las escuelas del país, en especial en las instituciones religiosas. A un año y 9 meses de la sanción de la Educación Ambiental, la nueva norma corre con una suerte similar a la ESI.
Las escuelas Nacionales son de las pocas que mantienen una plena implementación de ambas normas. Las provinciales, privadas y semiprivadas no cuentan con esa suerte, queda en manos de cada directivo escolar o docente la implementación de temas ambientales en la curricula del ciclo lectivo. Hablamos entonces de un problema en la implementación de la ley, un problema que debe solucionar el Estado Nacional y las provincias.
En la Provincia de San Luis el problema se podría solucionar fácilmente, basta que el Ministerio de Educación de la Provincia emita una resolución para que se comience a implementar la Educación Ambiental en todas las escuelas puntanas. Es la Ministra de Educación provincial quien tiene que dar “una bajada de línea” para comenzar a implementar la Educación Ambiental en todas las escuelas provinciales, y fiscalizar su cumplimiento.
Sin embargo, el Gobierno de Alberto R. Saá decidió tomar el camino más largo. En el último trimestre del año pasado comenzó a diseñar el proyecto de Ley de Educación Ambiental Provincial. En diciembre del 2022 las autoridades de Ambiente y Educación se reunieron con los pueblos originarios de la provincia para que participen en la elaboración del proyecto, luego en febrero del 2023 fueron ambientalistas y ONG’S quienes participaron en la elaboración de la norma. Todo publicitado a través de los canales oficiales.
EcoPress accedió al proyecto de Ley que está desarrollando el ejecutivo provincial, y comparándolo con la normativa nacional parece una copia resumida de la Ley Nacional (con solo 14 artículos), exceptuando la parte de “anclaje territorial puntano” que busca incorporar el ambiente local como saber indispensable.
Podríamos pensar entonces que la normativa provincial busca que la Educación Ambiental haga hincapié en el entorno puntano y su cuidado. Sin embargo, la Ley Nacional ya le da a las provincias cierta independencia en la implementación de la norma, siempre y cuando no contradiga los estándares de la ley. Además el inciso f del tercer artículo de la norma nacional establece que “los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan en una conciencia regional y local de las problemáticas ambientales”, es decir: obliga a educar acerca del entorno de cada territorio.
Entonces cabe pensar que el proyecto de Ley de Educación Ambiental impulsado por el gobierno provincial solo busca capitalizar políticamente una necesidad educativa. Ya hay un marco legal que establece la Educación Ambiental, solo hace falta que la provincia haga cumplir la ley en las escuelas que de ella dependen: así de simple.
Sin embargo, en su afán de ser protagonistas y “colgarse la medalla”, el Gobierno de San Luis busca sancionar su propia ley, mucho menos exigente que la nacional, para capitalizarla políticamente. No llama la atención, no es la primera vez que hacen algo similar, en especial en un año electoral.
Lo que no puede pasar inadvertido es que este proyecto de ley solo ralentiza la implementación de la Educación Ambiental en San Luis, es más, no solo la ralentiza sino que disminuye su calidad (a juzgar por el borrador de la norma).
EcoPress - Periodismo Ambiental 