Greenpeace denuncio que el gobierno de salta pretende aprobar en un mes más desmontes de los que se desforestaron durante el 2020.
La ONG ecologista alerto que el gobierno de Salta convoco a audiencias públicas para habilitar desmontes en 7 fincas por un total de 28.311 hectáreas.
“El gobernador (Gustavo) Sáenz aprovecha la pandemia de Covid-19 para darle vía libre a los desmontes. En un mes pretenden autorizar más de lo que se deforestó en Salta durante todo el año pasado. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos se encuentra vencida desde 2014 y la realización de audiencias públicas con las actuales restricciones de circulación no garantiza la participación ciudadana y de las comunidades afectadas, además de resultar peligroso a nivel sanitario”, señalo una de las coordinadoras de la campaña de bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Además Cruz agregó que “la destrucción de bosques aumenta las enfermedades, como dengue y leishmaniasis. Cuando arrasan los bosques, destruyen el equilibrio de la naturaleza, entre algunos patógenos y las personas, y se promueve el brote de enfermedades. Con la deforestación actual podríamos estar preparando el escenario de futuras pandemias de origen zoonótico, además de empobrecer la calidad de vida de todos. La actitud del gobierno de Salta es completamente ilegal e irresponsable”.
Durante el 2020 en la provincia de Salta se desforestaron un total de 20.962 hectáreas según el monitoreo que realiza la ONG mediante imágenes satelitales.
Los pedidos de desmonte son 7 de diferentes fincas y empresas, y entre ellas sobresale el pedido de “Quebracho Colorado S.A” de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. Ya que tienen un amplio historial de desforestación en esta provincia.
Según surge de las audiencias publicadas en el boletín desde 2007 hasta ahora, esta empresa solicito de desmonte de 56.033,74 hectáreas en distintas fincas de su “propiedad”. Comparable a dos veces y ¾ el tamaño de la ciudad de Buenos Aires.
El desmonte más grande solicitado por esta empresa fue sobre 30.962 hectáreas en 2007, este proyecto iba a arrasar con parte del territorio ancestral Wichí de la comunidad El Traslado, por lo que se había interpuesto un amparo. La firma finalmente “acordó” con la comunidad otorgarle 1.700 hectáreas, una vez destrabado el conflicto las maquinas arrasaron con las arboledas, pero hasta la actualidad la comunidad no cuenta con el título de propiedad de las tierras, misma comunidad en las que hay problemas de malnutrición en los infantes, debido –entre otros factores- al deterioro del monte, su forma de subsistencia.
En comunicación con Radio Nacional San Luis, Hernán Giardini de la campaña de bosques de Greenpeace manifestó que durante el 2020 “la cuarentena no ha sido tal para las topadoras”, siendo que los desmontes no estaban considerados como Actividad Esencial.
“Además de la pérdida de biodiversidad, menos bosques generan más inundaciones, una hectárea con bosques en el norte de la argentina absorbe en una hora 10 veces más que una hectárea con soja, se está repitiendo todo el tiempo en los veranos las inundaciones en el norte del país” finalizo Giardini.
Los otros pedidos de desmontes realizados ante el gobierno de Salta son:
-13.257,24 hectáreas en el Establecimiento Ganadero El Tunal, solicitado por AGRONE S.A., cuyo presidente es Luis Armani, importante empresario de la construcción vial.
–3.783 hectáreas en la finca Piedra Blanca y Totoral, solicitado por Tranmar S.R.L. y Agro-Inversora Mojotoro S.R.L., cuyo gerente es Martín Wierna, actual Auditor de Proyectos Especiales de la Sindicatura General de la Provincia de Salta.
–3.383,45 hectáreas en el Establecimiento Agroganadero Cresud, solicitado por Cresud S.A.C.I.F.yA., cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain.
–1.029 hectáreas en la finca San Isidro, solicitado por EMAISA S.A, vinculada al ingenio azucarero y destileria San Isidro.
– 662 hectáreas en la finca Los Colorados, solicitado por BABA S.R.L, de los empresarios agropecuarios Sergio Antonio Barzola y Luis María Barzola.
–472,34 hectáreas en la finca El Molino, solicitado por Campo El Refugio S.A., cuyo presidente es el empresario ganadero Eduardo Agustín Llorente.
Greenpeace está impulsando una petición para que se prohíban y penalicen los desmontes y los incendios forestales en todo el país.
Fuentes:
Perfil
Archivo
Por: Maico Martini
EcoPress - Periodismo Ambiental 