Casi una veintena de organizaciones y referentes merlinos denunciaron que el nuevo procedimiento de la Villa de Merlo para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental suprime la participación ciudadana y viola la ley provincial. Señalan que la modificación es “un retroceso en la legislación” de cuidado ambiental.
A principios de agosto, el Concejo Deliberante de la Villa de Merlo aprobó la modificación de la Ordenanza N° 917 del 2005, que regula el procedimiento para la evaluación de impacto ambiental en la ciudad. La reforma fue impulsada por el oficialismo local y, con el nuevo esquema, el peritaje sobre los Estudios de Impacto Ambiental quedará únicamente en manos de una Comisión Evaluadora integrada por funcionarios municipales, excluyendo la participación de universidades, organizaciones sociales y especialistas independientes en la instancia técnica de evaluación.
El oficialismo municipal defendió la medida argumentando que la ordenanza anterior entorpecía el proceso y que las evaluaciones de la provincia demoraban hasta un año, señalando que la modificación busca agilizar el proceso de evaluación ambiental. Sin embargo, este argumento contrasta con los datos oficiales que muestran que, bajo la norma original, la urbanización de Merlo nunca dejó de crecer: entre 2005 y 2017 se construyeron más de 700.000 metros cuadrados entre viviendas, complejos turísticos, locales comerciales y obras de infraestructura pública.
La presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, indicó que ante la falta de respuestas “en tiempo y forma” por parte de la Secretaria de Ambiente de la provincia, se entorpecía el seguimiento, control, rechazo o aprobación de los proyectos. Asimismo, confesó que muchos Estudios de Impacto Ambiental “no se evaluaban, y los que presentaban los planos avanzaban en las obras y seguían obteniendo su obra sin ningún tipo de evaluación”.
A su turno, esta semana casi una veintena de organizaciones sociales, académicas y referentes políticos merlinos lanzaron un comunicado conjunto catalogando a la medida como “una actualización que nos hace retroceder”, señalaron que “esta nueva regulación debe ser nula por ir en contra de leyes de mayor jerarquía, como la Ley Nacional de Ambiente (Nº 25.675), la Constitución Provincial en su art. 47 (derecho a un ambiente sano), la Ley Provincial de Impacto Ambiental (IX-0876/13) y por no respetar la participación ciudadana ni la de profesionales en el tema”, sostuvieron en la misiva. Se destaca el entorpecimiento de la participación ciudadana en el proceso de evaluación y la contradicción del principio de no regresión ambiental de la Ley N° 25.675.
En ese sentido, recordaron el “bochorno de hacer la vista gorda al desmonte en la zona T4 del loteo Los Nogales, lo que evidencia que se busca beneficiar a megainversiones que modifican el ecosistema serrano y concentran el desarrollo turístico en pocas manos”. Ese desmonte, realizado en febrero pasado en una zona protegida, estaba vinculado a un emprendimiento turístico que buscaba construir un gran hotel en el lugar. De hecho, a fines del 2024 el intendente en uso de licencia presentó una solicitud ante el órgano legislativo para cambiar la categoría de conservación del área y dar luz verde al proyecto inmobiliario, la propuesta fue rechazada por el Concejo.
Además, denuncian que el Ejecutivo municipal “recurre al ataque sistemático, la desacreditación y la persecución ideológica y comercial contra quienes cuestionan sus acciones, habilitando negocios para unos pocos y poniendo en riesgo los bienes comunes”. Esto se vio “en la usurpación de la Cooperativa de Agua con funcionarios municipales y provinciales, y recientemente en el intento de desalojo de la Cooperativa de Recicladores Merlinos, en un predio reacondicionado con fondos nacionales que la Municipalidad debía administrar y rendir”.
Finalmente, adelantaron que tomaran acciones para que la modificación de la ordenanza “sea declarada nula y no se promulgue”. Entre las organizaciones firmantes del comunicado, se destaca la Agrupación Juvennat, docentes e investigadores autoconvocados FTU-UNSL, la Asamblea por el Agua del Noreste y la Asociación Civil Patrimonio Cultural, entre otras.
EcoPress - Periodismo Ambiental 