EcoPress – Periodismo Ambiental

Por Agustin Brun, desde Provincia de Buenos Aires.

En los últimos meses asistimos a grandes inundaciones en Argentina. Bahía Blanca, la zona norte de Buenos Aires y Vera, en la provincia de Santa Fe, fueron las zonas más perjudicadas recientemente. Las inundaciones causaron incontables daños materiales, desplazaron a miles de personas e incluso lamentamos víctimas fatales. Ante este catastrófico panorama, la mayoría de los medios hizo hincapié en la falta de obras, pretendiendo ignorar que la realidad es bastante más compleja.

En primer lugar, es necesario remarcar que la cantidad de lluvia caída es estrepitosamente más abundante que lo habitual para cualquier época del año. En Bahía Blanca, en 12 horas llovió la mitad de lo que suele llover en todo el año: 290 milímetros. En Zárate y Campana, municipios de la zona norte de Buenos Aires, se registraron precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros. En Vera, tan solo unos días después, llovieron 405 milímetros en lo que se calificó como un evento que “debería darse cada 10.000 años”. Es decir, tres episodios que en circunstancias normales serían extremadamente inusuales se dieron en un lapso de tiempo muy corto y con relativamente pocos kilómetros de diferencia entre uno y otro.

En épocas de negacionismo climático explícito, es inevitable insistir en que el cambio climático es la mayor causal de estas catástrofes. Marisol Osman, integrante del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera –CIMA-, advierte que la crisis climática, dentro de sus muchas manifestaciones, está provocando un aumento de lluvias sostenido en el tiempo en el este del país. Esto se puede visualizar comparando la cantidad de milímetros caídos con años anteriores. Pero aun en zonas donde la cantidad de lluvias no ha aumentado con los años, lo que está ocurriendo es que las precipitaciones se concentran en poco tiempo, incluso en pocas horas, haciendo que la infraestructura y las obras hidráulicas pensadas para precipitaciones de menor intensidad no den abasto.

En ese sentido, el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi, al ser consultado sobre los sistemas de drenajes pluviales de la ciudad de Bahía Blanca tras la inundación, señaló que “no hay ninguna ciudad del planeta que aun teniendo pluviales bien desarrollados pueda contener semejante cantidad de agua”. Es decir, hasta la infraestructura habitual tiene sus límites para los cada vez menos inusuales -pero más catastróficos- eventos que se están registrando.

De todas maneras, no es que no se hacen obras. La gran pregunta es ¿Qué tipo de obras se hacen? Podemos citar el caso de Campana, una de las localidades más afectadas de la zona norte de Buenos Aires, donde ambientalistas denunciaron que la industria Tenaris -perteneciente a Techint- tapó el cauce del arroyo de la Cruz, incidiendo directamente en que las inundaciones afectaran mayormente a los barrios circundantes al predio de la empresa ítalo-argentina.

Asimismo, el relleno de humedales para barrios cerrados y otros emprendimientos inmobiliarios ha estado a la orden del día en gran parte de la zona más afectada del norte de Buenos Aires. Por ejemplo, parte del acceso al río Luján y un humedal fueron modificados para la construcción del exclusivo “Native Beach”, un predio de entretenimiento con actividades acuáticas y fiestas electrónicas, en el municipio de Campana. Obras avaladas por el Estado, sí, pero no precisamente para el Pueblo, sino para el extractivismo inmobiliario.

Sin ir más lejos, los intendentes de tres de los municipios más afectados -Sebastián Abella de Campana, Marcelo Matzkin de Zárate y Diego Nanni de Exaltación de la Cruz- estuvieron presentes en un evento inmobiliario llamado SINOR 2025, en búsqueda de inversiones privadas, apenas días antes de que sus respectivos municipios fueran afectados por las lluvias, como si de una respuesta directa de la naturaleza se tratara.

Por otro lado, no se puede soslayar el impacto del modelo de agronegocio y el cambio de uso del suelo en las ultimas décadas. La implantación de monocultivos, sobre todo de soja y maíz transgénicos, incide directamente en suelos menos permeables. Según una investigación del INTA de Marcos Juárez –Córdoba-, un campo de soja absorbe 10 veces menos agua que un bosque nativo y 3 veces menos agua que una pastura con ganado. La poca rotación de cultivos, el uso masivo de agrotóxicos, la falta de biodiversidad y de árboles que mantengan a las napas de agua alejadas del suelo, son factores que contribuyen a las inundaciones. Y todo esto sin mencionar que la gran deforestación para ampliar la frontera agropecuaria, que catapultó en épocas recientes a nuestro país a estar en el top mundial de países con más deforestación, influye directamente en la agudización de la crisis climática.

La agroecología puede amortiguar el impacto del agua de la lluvia, por lo que resulta un sistema de producción de alimentos más resiliente a la crisis climática que el agronegocio. La agroecología, al aportar más materia orgánica al suelo y mejorar su estructura, es menos susceptible a la erosión hídrica, indicó un estudio realizado en el sur de Santa Fe. Así y todo, lo que prima en la Pampa Húmeda, llegando incluso a los alrededores de Bahía Blanca, es el agronegocio sojero, sostenido sin grieta política hace décadas.

Como si todo esto fuera poco, si algo brilla por su ausencia es la deficiente implementación de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto incluye, desde ya, obras para adaptar las ciudades a fenómenos cada vez más extremos, pero no se circunscribe solamente a la infraestructura, sino a protocolos de actuación, sistemas de alerta temprana para eventos climáticos (de ahí la importancia de no desfinanciar el Servicio Meteorológico Nacional), regeneración de suelos y ecosistemas, transición a modelos agroecológicos más resilientes, planes de gestión de agua y saneamiento que contemplen situaciones de emergencia, entre otras medidas. Con un gobierno abiertamente negacionista de la crisis climática como el de Javier Milei, parece difícil que desde la órbita nacional esto se lleve a cabo. Pero por su parte, tampoco los gobiernos provinciales y municipales, aun aquellos que aceptan el cambio climático, han producido en Argentina políticas públicas que estén a las alturas de una crisis que, por lo pronto, solo puede agravarse en las próximas décadas.

En ese sentido, no es raro que estas tragedias se den una atrás de la otra. Lo lamentable, además de las pérdidas humanas, económicas y socioambientales, es que el debate se quede en la punta del iceberg, y no atienda a los múltiples factores que inciden en que estas catástrofes sean tan graves. Como muchos de estos factores tienen que ver con actividades extractivistas, no sorprende que sean silenciadas o reducidas en la opinión pública, sobre todo si además hay complicidad estatal. Romper ese cerco es parte de la tarea de prevención y adaptación que las comunidades debemos hacer para resistir no solo las inundaciones, sino todos los demás eventos climáticos extremos que cada vez se irán haciendo más frecuentes.

Foto de portada: Charly Diaz Azcue / Greenpeace.