EcoPress – Periodismo Ambiental

En los últimos meses, la gestión ambiental de la Municipalidad de la Villa de Merlo ha sido fuertemente criticada por varios hechos que ponen en evidencia la desidia ambiental de las autoridades comunales: un desmonte ilegal, un proyecto para modificar el Ordenamiento Territorial de zonas protegidas y un plan para reestructurar el sistema de distribución de agua potable. En respuesta, el Intendente en uso de licencia, Juan Álvarez Pinto, brindó una entrevista en Merlo TV donde intentó defender la gestión y atacó a referentes de organizaciones ambientales y sociales.

A finales de febrero, un desmonte ilegal en una zona del Parque Provincial Presidente Perón despertó preocupación en gran parte de la ciudadanía de Merlo, que veía como las maquinas avanzaban impunemente sobre un área protegida de bosque nativo. Rápidamente, las denuncias de vecinos y vecinas en redes sociales cobraron tal relevancia que la Secretaria de Ambiente de la Municipalidad no tuvo más remedio que paralizar el desmonte. No se trataba de un hecho aislado, sino de un ejemplo más de los tantos casos de deforestación ilegal en la región: “desde la década de los noventa la dinámica del hecho consumado se ha venido desarrollando en Merlo”, denuncia la Agrupación Juventud y Naturaleza –Juvennat-, organización que desde hace décadas advierte sobre las consecuencias del crecimiento urbano desordenado y desmedido.

“Si todos queremos vivir en un lugar hermoso como es Merlo, todos debemos cuidar que nuestro entorno natural no sea destruido por nuestra propia ambición. Sino terminaremos viviendo en una ciudad que, en su crecimiento y expansión, ha destruido lo que constituye nuestra calidad de vida y la base de nuestra industria turística: la sierra verde, la flora, la fauna, el aire puro y los arroyos cristalinos”, sugería Juvennat en un artículo titulado “Construcciones en las sierras ¿Negocio autodestructivo?”, publicado en diciembre del 2003. Sin embargo, las reiteradas advertencias de diversas agrupaciones fueron ignoradas, y ahora la Villa enfrenta serios problemas hídricos vinculados al crecimiento urbano desmedido.

Luego se supo que el desmonte del Parque Perón estaba vinculado al desarrollo de un hotel de lujo, un proyecto que contaba con el respaldo de la intendencia. A fines del 2024, Álvarez Pinto presentó una solicitud ante el Concejo Deliberante para modificar la categoría de protección del lugar y habilitar la explotación comercial del terreno, bajo el argumento de que el proyecto atraería a una cadena internacional de hoteles y favorecería el desarrollo turístico de la Villa. Todo ello despertó sospechas de complicidad entre el municipio y el desarrollador del proyecto. El proyecto fue rechazado por el Concejo dada la polémica que generó el desmonte ilegal.

Sin embargo, el intendente devenido en ministro de Turismo y Cultura insiste: “se van a tener que rediscutir algunas zonas de la T4 (área protegida)”, para ello contrató a una consultora cordobesa dedicada al diseño de un nuevo Ordenamiento Territorial para Merlo. Sin embargo, la aprobación del contrato ni siquiera pasó por el Concejo Deliberante, denuncia la bióloga Mariana Ripoll en dialogo con Merlo TV. En el diagnóstico de la consultora “el agua está contemplada de una manera muy superficial, no se trata como un capítulo importante. Hasta proponen cambios dentro del Parque Presidente Perón”, subraya Ripoll.

Otro de los aspectos que generó controversia fue el plan de reestructuración de la “gestión, administración y uso del agua potable”, una ordenanza que permite tercerizar total o parcialmente el sistema de distribución de agua potable, hoy en manos de la Cooperativa de Agua. “Uno de los principales objetivos de la ordenanza tiene que ver con la habilitación de más loteos”, ya que la Cooperativa no está otorgando factibilidad del servicio para nuevos loteos desde que se declaró la Emergencia Hídrica en 2022 (aunque si para aquellos que estaban planificados anteriormente o que ya cuentan con red en vereda), indica Pamela Mackey, de la Asamblea por el Agua del Noreste.

“Hoy la Cooperativa no está otorgando factibilidad de nuevos loteos porque primero hay que analizar cuánta agua disponemos para planificar a cuantas personas podemos abastecer, es necesario hacer un ordenamiento territorial en base a los recursos”, contextualiza la activista. Por su parte, desde el municipio sostienen que el servicio ya es privado e instalan la narrativa de una estatización parcial, “sin embargo, la palabra ‘estatización’ no aparece en la ordenanza”, pero sí habla de tercerización, resalta Mackey.

Finalmente, con una Audiencia Pública de por medio, la ordenanza fue aprobada en diciembre del 2024, aunque no sin controversia. El bloque opositor del Concejo denunció que este tipo de decisiones deben contar con el respaldo de al menos dos tercios de los concejales, como lo establece la Constitución Provincial; pero se aprobó con mayoría simple.  

Ante esta situación, la semana pasada la Cooperativa de Agua, junto a organizaciones como Juvennat, la Asamblea por el Agua, los Guardianes de los Comechingones o la Fundación Tierra de Oro, entre otras, brindaron una conferencia de prensa donde expresaron su preocupación por la falta de respuestas efectivas ante la acuciante crisis hídrica que afecta a la localidad. Además, la Cooperativa denuncia que recibe presiones desde el Municipio para que otorgue la factibilidad del servicio a loteos desarrollados luego de la declaración de la Emergencia Hídrica.

En respuesta, Álvarez Pinto dijo que la Cooperativa “hoy esta cooptada por el socialismo” y sostuvo que su presidenta, Belén Gurruchaga, “se ha dejado someter por todos estos movimientos políticos”, también dijo que los aumentos en las tarifas de agua “son ilegales”. Por su parte, la Cooperativa sostiene que los aumentos se deben a un incremento en los gastos de luz y a una deuda que le transfirió el Municipio, ya que la comuna dejará de hacerse cargo de los costos de la energía utilizada en las estaciones de bombeo.

Ante las críticas, el intendente en licencia y presidente de la UCR San Luis se defendió utilizando un viejo truco de la política: atacar al rival y personalizar la discusión para tratar de restarle importancia a las opiniones y argumentos en contra de su gestión ambiental. Corto de argumentos, lanzó: los ambientalistas “fracasan en su vida particular”, insinuando que su reclamo se debe a un resentimiento personal y no a un interés genuino por el cuidado de la casa común.