Desde el 2023, el gobierno de transición de la República de Malí impulsa un proyecto de reestructuración minera que busca aumentar la participación del Estado en proyectos mineros y reducir los beneficios fiscales para las empresas extranjeras. Malí le reclama a Barrick Gold una deuda de más de 500 millones de dólares. En ese sentido, el presidente de transición advierte que las empresas deben cumplir con los nuevos requisitos o abandonar el país.
En agosto del 2020, luego de meses de sangrientas protestas contra el gobierno de Ibrahim Boubacar Keita, acusado de fraude electoral, corrupción y persecución política, un Golpe de Estado liderado por el coronel mayor Ismaël Wagué y el coronel Assimi Goita derrocó y arrestó al presidente, quien dimitió horas después diciendo que quería evitar un derramamiento de sangre. El golpe estuvo motivado por las masivas protestas contra el por entonces presidente Keita, que fueron severamente reprimidas y se cobraron la vida de al menos una docena de civiles, denuncia Amnistía Internacional.
Un mes después, un grupo de 17 electores nombró a Ba N’Dau como presidente interino de Malí y a Goita como vicepresidente, sin embargo, a principios del 2021 Ba N’Dau fue acusado de “sabotear” la transición por excluir a oficiales que habían jugado un rol importante en el golpe del año anterior, motivo por el que fue derrocado y sustituido por Goita, quien gobierna desde mediados del 2021. El coronel criticó duramente a Keita por servir a los intereses franceses y fracasar en la lucha contra la amenaza yihadista, también señaló que el gobierno de transición implementará reformas estructurales en pos de fortalecer la seguridad, reducir las desigualdades sociales, fomentar el desarrollo local y aprovechar los recursos naturales del país.
En paralelo, durante 2022 y 2023 otros dos golpes con tintes anti franceses se sucedieron en los vecinos Niger y Burkina Faso. Hasta el 1958, el imperio galo controlaba la llamada “África Occidental Francesa”, que ocupaba la actual Mauritania, Senegal, Malí, Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso, Benín y Niger. Luego de la ola independentista suscitada durante la Guerra Fría, Francia mantuvo una política injerencista en la región, tan colonialista que aún hoy emite y controla al Franco CFA, la moneda que se utiliza en gran parte del África francófona.
En 2023, Malí, Burkina Faso y Niger unieron sus fuerzas en la Alianza de los Estados del Sahel, con el objetivo de luchar contra el terrorismo yihadista y aunar economías. Posteriormente, en julio del 2024, oficializaron la Confederación del Sahel, una unión regional con el propósito de aunar economías y crear una moneda común de emisión propia, respaldada por un banco colectivo compuesto por reservas comunes. Además, la Confederación mantiene una política exterior unificada, en la que coinciden en declarar a Francia como su principal enemigo y considerar a Rusia como aliado estratégico. En paralelo, también impulsan una reestructuración económica con el objetivo declarado de reducir las desigualdades y fomentar el desarrollo local.
En materia de minería, Burkina Faso recuperó oro que estaba en manos de capitales franceses y acumula sus primeras reservas, mientras que Niger nacionalizó las principales plantas y yacimientos de uranio, que alimentan a gran parte de la desarrollada actividad nuclear francesa. En esa sintonía, desde 2023 Malí impulsa un proyecto de reestructuración minera y reevalúa las concesiones mineras, luego de que una auditoría revelará importantes irregularidades fiscales, consigna el portal Afrik.com. El objetivo de Malí es aumentar hasta un 35% la participación del Estado en proyectos mineros y reducir los beneficios fiscales otorgados a las empresas extranjeras.
En este contexto, la junta militar arremetió contra las principales mineras, como la canadiense Barrick Gold, que controla el 80% de la explotación de las minas auríferas de Loulo –Gounkoto, ubicadas al oeste del país. Malí le reclama a la empresa 512 millones de dólares correspondientes a los impuestos adeudados de 2020, 2021 y 2022. Ante el impago, el gobierno paralizó la exportación de lingotes de oro y detuvo temporalmente a cuatro ejecutivos de Barrick, en respuesta la empresa desembolsó 17 millones de dólares para suspender momentáneamente el proceso y amenazó con detener las operaciones si continuaban las “hostilidades”, además inició un reclamo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI-, un organismo del Banco Mundial.
Goita replicó advirtiendo que las empresas deben cumplir con los nuevos requisitos o abandonar el país. En esa sintonía, en noviembre del 2024 las autoridades arrestaron a Terry Holohan, gerente general de la australiana Resolute Mining LTD, acusada de falsificación y daños a la propiedad pública, un mes después emitieron una orden de arresto contra el presidente ejecutivo de Barrick Gold, Mark Bristow.
El complejo Loulo – Gounkoto es uno de los yacimientos más importantes de Malí y constituye el 80% de las exportaciones de oro del país, al mismo tiempo es un activo estratégico de la minera canadiense, ya que representa el 14% de la producción estimada de la empresa para 2025, sostiene Reuters. En 2023 se extrajeron y exportaron unas 700.000 onzas de oro del yacimiento.
Ante el impago de lo exigido y el recrudecimiento de la contienda, el pasado 11 de enero el gobierno confisco las existencias de oro de Loulo – Gounkoto que estaban en manos de Barrick Gold, más de tres toneladas de oro resguardadas en un destino no revelado, informa la Agence de Presse Africaine. El metal incautado está valuado en 180 millones de dólares, y tras la medida la empresa se comprometió a pagar la deuda restante.
En este contexto, el futuro de la explotación minera en Malí es incierto. Mientras los capitales occidentales sostienen que la actitud hostil del gobierno perjudicará el clima de inversiones, las autoridades buscan obtener mayores beneficios de los recursos naturales del país reevaluando las concesiones, aumentando las retenciones e incrementando la participación estatal en el sector minero, en ese marco confían en el apoyo de los capitales rusos y en la influencia de China.
– La evasión y contaminación de Barrick Gold en Argentina
En Argentina, Barrick Gold es conocida por ser la responsable del “mayor derrame minero” de la historia del país. En septiembre del 2015 se produjo uno de los peores desastres ambientales de la historia argentina, la avería de una válvula del circuito de lixiviación de la mina Veladero, situada en la Cordillera de los Andes, produjo un derrame de más de un millón de litros de agua contaminada con cianuro y otras sustancias tóxicas. El derrame afectó a cinco ríos de la provincia de San Juan, y los niveles de cianuro y mercurio en el agua se elevaron por sobre los valores permitidos.
Inicialmente, tanto la empresa como el gobierno local negaron el derrame y, luego, minimizaron la magnitud del incidente, hasta que finalmente reconocieron la gravedad del hecho debido a la presión social. Hoy, casi diez años después del incidente, la causa se encuentra en la Justicia Federal a espera de la realización del juicio oral contra ejecutivos de la empresa y funcionarios públicos, el proceso aún no tiene fecha. A modo de protesta, a mediados del 2024 la asamblea ambientalista Jáchal No Se Toca recolectó más de 71.000 firmas para exigir el inicio del juicio oral, y denunciaron que la causa se encuentra cajoneada debido al Lobby del sector minero. Desde el 2015, la minera fue señalada como la responsable de al menos cinco derrames.
Por si fuera poco, la agencia federal de recaudación fiscal denunció a Barrick Gold por evadir millones en impuestos, más de 542,9 millones de pesos entre 2010 y 2011, desde el 2023 la causa se encuentra en la Cámara Federal de Casación, sin avances significativos hasta la fecha. Actualmente, la firma exporta el oro que extrae de la cordillera sin pagar retenciones, ya que el gobierno de Javier Milei nunca emitió el decreto correspondiente para actualizar los valores impositivos.
Hasta el 31 de diciembre del 2023 las retenciones a la exportación del oro eran del 8%; pero con el vencimiento del DNU 908/21 quedó un vacío legal que permite que las mineras exporten sin pagar un solo centavo de retenciones, en el marco de los beneficios otorgados por el gobierno de Milei, en abril pasado la minera canadiense anunció la extensión de la “vida útil” de Veladero hasta 2031.
Según denuncia La Política Online, uno de los asesores de Barrick en Argentina ejerce un fuerte lobby en el seno del gobierno para asegurar los intereses de la minera, se trata de Sergio Arbeleche, cercano al ministro de Economía e integrante del Estudio Bruchou & Funes de Rioja, señalado de participar en el diseño del DNU 70/23 y del primer texto de la Ley Bases, donde se encuentra el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones –RIGI-, un régimen que otorga grandes beneficios a empresas como Barrick, cede soberanía jurídica y blinda las operaciones mediante un esquema de estabilidad fiscal.
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