Desde la sanción de la Ley de Bosques, en San Luis se deforestaron más de 154 mil hectáreas de monte nativo. A pesar de ser la sexta provincia con mayor cantidad de bosques, la implementación de la ley es baja e irregular.
San Luis cuenta con 3.1 millones de hectáreas de bosques reconocidos en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –OTBN-, constituyéndose como la sexta provincia con mayor cantidad de bosques, del total, el 77% son ecosistemas de alto y/o mediano valor de conservación. En el OTBN, los bosques se clasifican según su importancia ecológica y se dividen en zona roja, amarilla y verde: los desmontes en las áreas rojas están terminantemente prohibidos, mientras que en las zonas amarillas solo se permiten actividades de aprovechamiento sostenible o de investigación científica. Sin embargo, cerca de la mitad de los desmontes de la última década sucedieron en zona roja o amarilla.
Luego de la sanción de la Ley Nacional de Bosques N° 26.331, en diciembre del 2009 la provincia aprobó su ordenamiento territorial, con esta acción San Luis accedió al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos –FNECBN-, que otorga el 30% del presupuesto a la Secretaría de Ambiente y el 70% restante a financiar planes de conservación bajo compensación económica. No obstante, la Ley indica que el OTBN tiene que actualizarse cada cinco años y que su renovación debe tender a mejorar el estado de conservación.
En otras palabras, la categorización de bosques nativos de la provincia esta vencida hace exactamente 10 años, aunque se mantiene vigente hasta que se complete el proceso de actualización. En 2014, ante el vencimiento de los plazos, la Nación notificó a las provincias sobre la necesidad de actualizar el ordenamiento, pero solo Santiago del Estero lo actualizó en tiempo y forma. Según consta en la auditoria N° 05/2022 de la Red Federal de Control Público, en 2016 San Luis presentó un proyecto de actualización ante el –por entonces- Ministerio de Ambiente de la Nación, el cual fue devuelto para realizar correcciones técnicas, luego no se presentó ninguna otra propuesta.
En 2017, a raíz de los retrasos en la actualización del OTBN de la mayoría de las provincias, el Consejo Federal de Medio Ambiente –COFEMA- dictó la resolución 350/17 estableciendo una serie de pasos para facilitar el proceso de actualización, y en los años siguientes otras siete provincias culminaron la renovación de su ordenamiento territorial; San Luis no fue una de ellas. Asimismo, la auditoria anteriormente citada advierte que en la provincia “no se da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 26.331”, en consecuencia, entre el 2009 y el 2022 se deforestaron más de 154 mil hectáreas de bosques nativos, cerca de la mitad en zonas rojas y amarillas, denuncia un informe de la Fundación Vida Silvestre. Otra de las consecuencias de la baja implementación de la ley es que solo el 0,01% del bosque nativo de la provincia se encuentra bajo planes de manejo o conservación, en 2022 la provincia solo tenía 59 planes activos.
Actividades como la ganadería intensiva, la agricultura y la urbanización avanzan sobre los bosques nativos con el afán de obtener tierras explotables, en ese sentido en 2022 San Luis marcó un triste hito al posicionarse como la cuarta provincia más deforestada del país, solo por detrás de Santiago del Estero, Chaco y Formosa. Consecuentemente, especies como la mara, el conejo de los palos, la lampalagua, el venado de las pampas o el águila coronada se ven amenazadas por la perdida y fragmentación de su hábitat, además, la deforestación agrava la erosión del suelo y altera el equilibrio hídrico, afectando a miles de personas.
Ante esta realidad, queda en evidencia la necesidad urgente de actualizar el OTBN de la provincia y avanzar en la protección de los bosques nativos. Al ser consultados, desde la Secretaria de Ambiente de San Luis indican que una de las causas por las que el ordenamiento se encuentra desactualizado es la falta de personal técnico, quienes se encontraban abocados a otras tareas, y sostienen que “en la actualidad se está trabajando en convenios específicos para instrumentar con universidades e instituciones científicas la realización del proceso de actualización del OTBN”.
Finalmente, cabe destacar que San Luis fue de las pocas provincias que aceptó dócilmente la eliminación del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de Bosques Nativos, que administraba al FNECBN. Además, con la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones –RIGI-, los proyectos beneficiados podrán deforestar sobre zona amarilla o roja amparándose en los artículos 165 y 192 de la Ley Bases.
EcoPress - Periodismo Ambiental 