EcoPress – Periodismo Ambiental

Esta semana la Villa de Merlo celebró una Audiencia Pública en la que decenas de vecinos se expresaron sobre la gestión del agua en la villa turística. La audiencia responde a un proyecto de ordenanza presentado por el ejecutivo, que busca tercerizar el servicio de distribución de agua potable.

A principios de septiembre, el intendente de la Villa de Merlo, Juan Alvares Pinto, presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante para reestructurar la “gestión, administración y uso del agua potable”. El proyecto prevé tercerizar parcial o totalmente el servicio de agua potable, hoy en manos de la Cooperativa de Agua, a empresas privadas y también propone la creación de un ente regulador compuesto por miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, que tendría la potestad de fijar las tarifas del servicio.

La iniciativa generó gran rechazo en la comunidad merlina, que expresó su disconformidad al considerar que “detrás de este proyecto está la privatización del agua”. La Cooperativa de Agua fue una de las primeras entidades en criticar el proyecto y, a través de una nota, reprochó que el nuevo ente tenga la facultad de fijar las tarifas del agua, ya que estas podrían establecerse con fines políticos sin tener en cuenta las finalidades prácticas, también subrayó que actualmente la tarifa se decide en la asamblea de los socios de la Cooperativa, que, a su vez, son los usuarios. A su vez, destacó que el manejo cooperativo garantiza que todos los beneficios se reinviertan en el servicio.

Ante la controversia del proyecto, el Concejo propuso la realización de una Audiencia Pública para que todos los interesados puedan expresarse al respecto. La audiencia se desarrolló este lunes y martes en el Concejo Deliberante, con más de 60 expositores inscriptos, entre vecinos, militantes, funcionarios y representantes del sector privado. “La Audiencia Pública tuvo sus cosas positivas y negativas, esta es la segunda audiencia que se hace en la historia de la democracia merlina. Primero celebramos que se haya realizado la audiencia y destacamos que hubo bastante tiempo para inscribirse, pero vimos que faltó mayor difusión para que más personas puedan participar”, indicó Pamela Mackey, de la Asamblea por el Agua del Noreste, al ser consultada por EcoPress.

“También observamos algunos detalles en torno al tiempo de exposición, estaba previsto que los oradores hablen un máximo de 15 minutos, pero a algunos vecinos que cuestionaban el accionar del municipio les decían que ya no tenían más tiempo a los 8 minutos, mientras que otros hablaron casi media hora sin interrupción, existieron este tipo de irregularidades”, agregó.

“El primer punto que nos llamó la atención es que el proyecto no menciona a la Cooperativa de Agua en ningún momento y, en paralelo, habla de una tercerización parcial o total de la gestión del agua. Por lo tanto, muchas organizaciones coincidimos en que detrás de este proyecto está la privatización del agua”, advirtió.

También señala que“uno de los principales objetivos de la ordenanza tiene que ver con la habilitación de más loteos, hoy la Cooperativa no está otorgando factibilidad de nuevos loteos porque primero hay que analizar cuánta agua disponemos para planificar a cuantas personas podemos abastecer, es necesario hacer un ordenamiento territorial en base a los recursos”.

En esa sintonía, Mackey subraya la desigualdad existente en torno al acceso al agua potable: “mientras un country como el Chumamaya se adueñó de uno de los arroyos, hay barrios enteros que no tienen agua; y el country no le paga un peso a la Cooperativa de Agua porque hizo arreglos con San Luis Agua”. Por su parte, desde el sector inmobiliario proponen hacerse cargo de sus propios pozos en los nuevos loteos, pero esto acarrea dos situaciones preocupantes, primero agravaría la desigualdad en torno al acceso al elemento vital y, segundo, no habría forma de monitorear el consumo de estas nuevas urbanizaciones.

En ese sentido, la asamblea advierte que el mayor consumidor de agua de la zona es el sector agropecuario, que tiene más de 80 pivots de riego sobre el acuífero del Valle del Conlara. “Tenemos que pensar el acceso al agua para Merlo y la región haciendo una planificación que tenga como eje central el ecosistema completo del agua, y eso incluye controlar y analizar el acuífero”, opina la activista.

En tanto, desde la intendencia aseguraran que el servicio ya es privado. “El intendente estuvo presente la primera jornada y cuando empezamos a hablar de privatización, el intendente contestó diciendo que ellos querían una estatización. Sin embargo, la palabra ‘estatización’ no aparece en la ordenanza”, pero sí habla de tercerización, resalta Mackey. En la segunda jornada se expresó Bruno Mini, Jefe de Gabinete del Municipio, quien afirmo que “la gestión del agua en Merlo ya es privada”.

Ante tales afirmaciones, “tenemos que subrayar que una Cooperativa es una empresa de gestión democrática sin objetivos lucrativos, una cosa es una empresa privada que tiene el fin de lucrar y otra cosa es la gestión cooperativa del recurso. Si bien es cierto que la gestión del agua está concesionada, no queremos que quede en manos de una empresa privada. Por eso sostenemos que nuestro ente regulador es la asamblea de la Cooperativa, en la que los socios tenemos voz y voto y podemos incidir en la administración del agua, si lo manejará una empresa privada llamarías a un 0800 para reclamar”.

“A pesar de que la Cooperativa tuvo sus altos y sus bajos, estuvo bajo disputas políticas y asumiendo que hay cosas para mejorar, sigue siendo nuestra Cooperativa, sigue siendo un espacio donde la comunidad puede incidir, participar y aportar”, valora Mackey.

Sin embargo y a pesar de las diferencias, “hay una cuestión en la que todas las partes estamos de acuerdo: necesitamos actualizar el marco jurídico que regula el agua, sobre todo lo que tiene que ver con el vínculo entre la Cooperativa y el ejecutivo, porque a día de hoy el contrato de concesión está desactualizado, entonces también acercamos legislación macro para incorporar marcos jurídicos más grandes a este proyecto de ordenanza”.

Bajo esa premisa, “nosotros creemos que hay que actualizar el marco jurídico, reconociendo los 58 años de gestión de la Cooperativa de Agua Potable; pero no estamos de acuerdo con la creación de un nuevo ente regulador, si nos parece que hay que volver a llenar de contenido la Dirección de Gestión del Agua que ahora está acéfala”. “No queremos que desaparezca la Cooperativa y tampoco queremos que se privatice de manera parcial e incorporen a una nueva empresa privada para los nuevos loteos, queremos que siga siendo una gestión en manos de la Cooperativa”, sentencia Mackey.

Finalizada la audiencia, ahora el proyecto comenzará a analizarse en las diferentes comisiones del Concejo Deliberante. Si bien la audiencia no es vinculante, “cada uno de los expositores presentamos un escrito que, se supone, debería ser insumo para el tratamiento del proyecto, habrá que ver la voluntad política de incorporar lo dicho en la audiencia”.