EcoPress – Periodismo Ambiental

Este 1 de octubre, un mes después de que el régimen ingresará a la Legislatura, la Cámara de Senadores de la provincia tratará el proyecto en el recinto para ratificar o contradecir la media sanción de Diputados. Desde la Interasamblearía convocan a la Legislatura a las 10:30 hs “para exigir que no aprueben el RIGI”, además critican a las autoridades legislativas por ignorar la solicitud de Audiencia Pública.

Este lunes, Senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales mantuvieron una reunión con representantes de la Agrupación de Asambleas Ambientales -que nuclea a organizaciones de diversas localidades sanluiseñas- y académicos de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL- para dialogar acerca del proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones –RIGI-. El régimen, incluido en la “Ley Bases”, fue presentado a principios de septiembre por el gobernador Claudio Poggi y, tan solo 15 días después, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, con 23 votos afirmativos y 16 negativos, tras una breve sesión en la que hablaron solo 3 de los 43 miembros de la Cámara.  

Una de las preocupaciones de las Asambleas es la rapidez con la que el proyecto avanza en el Poder Legislativo, sostienen que una iniciativa de estas características debería tratarse con más profundidad y mayor participación social, en ese sentido solicitaron una Audiencia Pública para “que se amplíen las voces y que todas las organizaciones puedan expresar su voz” al respecto. Juan Quiroga, de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani, considera que por la amplitud de temas que abarca el proyecto y los impactos socioambientales que podría acarrear “el debate debe ser mucho más amplio e involucrar a más actores sociales”.

Sin embargo, a pesar de que la solicitud se ampara en el Acuerdo Interamericano de Escazú, las autoridades ignoraron el pedido de Audiencia Pública y omitieron posicionarse al respecto. En respuesta, la semana pasada las Asambleas organizaron una Audiencia Popular frente a la legislatura en la que activistas, vecinos, académicos y artistas pudieron expresarse al respecto y advertir sobre los impactos ligados al RIGI; pero solo unos pocos legisladores se acercaron un ratito para escuchar a los disertantes.

La Agrupación plantea reparos al considerar que el régimen busca promover actividades de alto impacto ambiental y que, además, no exige medidas de prevención contra la degradación ecológica. El proyecto enviado por el ejecutivo buscaba explícitamente “promover el desarrollo de la minería” en San Luis, pero, tras los reclamos acerca de este punto, se le agregó un artículo que ratifica la vigencia de la Ley N° 0634, que regula la actividad megaminera en la provincia. Sin embargo, este ítem colisiona directamente con el Art 165 del RIGI, que indica que “cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título (…) será de nulidad absoluta” y la justicia deberá “impedir su aplicación”.

Sobre este apartado, las Asambleas y algunos legisladores opositores interpretan que las compañías beneficiadas podrían avasallar cualquier norma que obstaculice su actividad, mientras que desde el gobierno sostienen que este ítem solo aplica a leyes sancionadas en el futuro y aseguran que todas las normas locales seguirán vigentes. Asimismo, el ministro de Producción, Federico Trombotto, afirmó que, por el monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares, en San Luis “no tenemos oportunidad en minería”; pero si en energías renovables, ya que las condiciones climáticas de la provincia son propicias para la actividad, también vaticinó que con el desarrollo de las renovables la provincia podría producir hidrogeno verde en el futuro, omitiendo mencionar que la producción de este combustible consume tanta –o más- agua que una mina, ya que el elemento vital es su principal insumo.

Desde las Asambleas se preguntan ¿es necesario el RIGI para desarrollar las energías renovables?, recordemos que en diciembre pasado el DNU 70/23 derogó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida y los beneficios promocionales de la Ley Nacional de Fomento a la Generación de Energía Renovable N°27.424. Lo cierto es que la provincia ya recibe grandes inversiones en energía sin haber adherido al RIGI, en mayo pasado se inauguró el parque eólico “San Luis Norte”, un proyecto de PCR y Arcelor Mittal Acindar que requirió una inversión de 200 millones de dólares para instalar 25 aerogeneradores en una extensión de 2.100 hectáreas.

A su turno, Sergio Guardia -Senador por el Departamento Junín- defendió el proyecto argumentando que el régimen abriría las puertas al mercado de carbono, ya que las energías renovables podrían emitir bonos de emisiones. En paralelo, el RIGI también aplica a proyectos de forestoindustria que podrían desembarcar en San Luis y dedicarse al mercado de carbono, pero estos proyectos, lejos de luchar contra el calentamiento global, agravan la crisis de la biodiversidad al deforestar el monte nativo para implantar monocultivos de especies exóticas de rápido crecimiento, que a su vez consumen más agua que las nativas.

Sobre este asunto, una de las mayores preocupaciones es que estos proyectos se instalen en zonas protegidas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos –OTBN- o por la Ley del Manejo del Fuego, ya que el Art 192 del régimen establece “la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que (…) impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido”. Vale recordar que el OTBN de la provincia esta vencido desde el 2014 y debe ser actualizado con urgencia, por tanto, es lícito preguntarse: ¿Los proyectos beneficiados por el régimen podrán violar el ordenamiento amparándose en los Art 165 y 192 del RIGI?

En cualquier caso, ante una posible disputa por la interpretación de la norma, el Art 221 establece que las empresas beneficiadas podrán llevar la discordia al arbitraje internacional, uno de los tribunales competentes sería el CIADI, un fuero del Banco Mundial donde Argentina perdió el 89% de los casos que enfrentó.

Al respecto, Adolfo Castro Luna -Senador por el Departamento Pedernera- argumentó que el proyecto busca otorgar seguridad jurídica para atraer inversiones, ya que, según él, uno de los mayores problemas del país es “el péndulo ideológico” y la inestabilidad. Por su parte, un documento facilitado a este medio por el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental –PITSA- de la UNSL indica que a Argentina no le ha faltado Inversión Extranjera Directa –IED-: solo en 2023 se invirtieron más de 23.800 millones de dólares, según la CEPAL, además el organismo internacional advierte que esta inversión no contribuyó a reducir la pobreza o achicar la desigualdad social.  

Por si los beneficios jurídicos no fueran suficientes, el régimen también concede grandes beneficios fiscales e impositivos: establece que los beneficiarios podrán importar sus insumos sin limitaciones ni impuestos y quedarán exentas de derechos de exportación luego de cuatro años de adherirse al programa. Asimismo, solo están obligados a desembolsar el 20% de su inversión total en proveedores locales, siempre y cuando estos se encuentren “en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Cabe preguntarse ¿Cómo un pequeño productor o una mediana empresa puede competir en precio y calidad con insumos importados sin restricciones? A su vez, todos estos beneficios están protegidos por un esquema de estabilidad fiscal de 30 años, es decir que no se puede modificar ninguna de las disposiciones del régimen.

A pesar de la amplitud del proyecto y la gran cantidad de temas que abarca, la iniciativa avanza rápidamente en la legislatura y este martes, un mes después de que ingresara al congreso, se tratará en el Senado para su posible sanción definitiva, luego de que este lunes recibiera el despacho legislativo. Ante esta situación, las Asambleas convocan a concentrarse frente a la legislatura a las 10:30 hs “para exigir que no aprueben el RIGI”.

Asimismo, subrayan que la “Campaña Provincial No al RIGI” ya cuenta con la adhesión de unas 50 organizaciones sociales y cerca de 11.800 firmas de sanluiseños que están en desacuerdo con la adhesión al régimen. En ese sentido, durante el fin de semana se desarrollaron actividades de protesta y visibilización en la Plaza Pringles de San Francisco del Monte de Oro, en la Plaza Sobremonte de la Villa de Merlo y en la rotonda del Vulpiani en Juana Koslay. Cabe destacar que hasta el propio Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, se posicionó en contra del RIGI en San Luis y se solidarizó con el reclamo de las Asambleas.