La Red Calisas trabaja colectivamente para brindar luz sobre la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina, las 60 cátedras distribuidas en todo el país analizan la situación y elaboran un informe anual sobre el tema disponible para todo el público. Recientemente presentaron su segundo informe en la Universidad Nacional de Jujuy.

En el plano internacional la Argentina es conocida como “el granero del mundo”, nuestra nación con tierras fértiles y una arraigada agricultura produce millones de toneladas de alimentos para sus habitantes y los ciudadanos del mundo. A pesar de ello, millones de argentinos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria y para muchos “comer es simplemente llenar la panza” con alimentos no necesariamente nutritivos.
En el país al menos 43 millones de personas viven en entornos urbanos, es decir que dependen de sus ingresos económicos para satisfacer sus necesidades nutritivas, situación que sumada a la vorágine inflacionaria repercute negativamente en cerca del 90% de la población. Argentina se encuentra en el octavo lugar de los países con mayor superficie cultivable disponible, con 39,2 millones de hectáreas, y se posiciona en el tercer lugar de exportaciones netas de alimentos, con 32.000 millones de dólares en 2020. También ocupa el tercer lugar de siembra de semillas transgénicas y sus respectivos agroquímicos, con más de 24 millones de hectáreas sembradas en 2019.
Las tierras de producción pecuaria y ganadera están cada vez más concentradas en menos manos y los alimentos se comercializan bajo la lógica del mercado internacional, que también demanda insumos alimenticios para la producción de agrocombustibles y deja de lado la necesidad nutritiva de millones de personas. La agricultura familiar y las pequeñas parcelas participan solo en el 24% de la superficie cultivada, situación que no les impide proveer el 59% de las verduras y hortalizas consumidas por los argentinos.
Ante este panorama, hace unas décadas el concepto de seguridad alimentaria evolucionó hacía la Soberanía Alimentaria, que según lo define la Vía Campesina: “es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”.
En nuestro país este concepto caló con fuerza con la crisis del 2001, en ese momento “muchas personas tenían dificultades para conseguir alimentos, y en el ámbito universitario nos encontrábamos con estudiantes, profesores e investigadores que manifestaban su preocupación por la realidad que se estaba viviendo”, ese fue el puntapié inicial para crear la primer Catedra Libre de Soberanía Alimentaria –Calisa- del país en la Universidad Nacional de La Plata –UNLP-, allá por el 2003, rememora el periodista Fernando Glenza en comunicación con EcoPress.
“Comenzamos abriendo las puertas, la estructura y el conocimiento que hay en la Universidad para compartirlo con la comunidad en cuestiones relacionadas con la autoproducción de alimentos, que en ese momento servía mucho para paliar la situación, y así se fue conformando un grupo grande con mucha participación donde abordábamos diferentes temáticas”, añade Glenza.
Con el paso del tiempo, el concepto fue ganando terreno en el país y en el mundo, “otras Universidades fueron tomando esta idea de la creación de Calisas” y hoy somos más de 60 cátedras distribuidas en todo el país, la Soberanía Alimentaría “inclusive penetró instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO-, y algunos países la han colocado en sus políticas públicas y en su legislación”, grafica el académico.
En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires –UBA- “tomamos la experiencia de la UNLP, modificamos algunas ideas y nos presentamos ante las autoridades de nuestra Facultad para tener una Catedra de Soberanía Alimentaría como la tenemos en la actualidad. En aquel momento, el actual Secretario de Bioeconomía, Alejandro Villela, era decano de la facultad, a él le presentamos la propuesta dos veces, pero nunca salió del cajón. Recién después de 8 años de insistir, otro decano nos aprobó la catedra y en 2011 creamos un equipo importante”, recuerda el Ing. Agrónomo Carlos Carballo, impulsor de la Calisa UBA.
“En la UBA hablamos de la alimentación de los cerdos, de las ovejas, de las vacas, del cuidado y la alimentación del suelo; pero el tema de la alimentación humana no aparecía para nada ¿Por qué? Nos preocupa el hambre en el mundo y estamos felices si exportamos más, pero no miramos que está pasando acá”, reflexiona Carballo.
En Capital Federal “tenemos el cordón hortícola más importante del país que produce el 70% de las verduras que se consumen en la ciudad y además exporta verduras al resto del país. Hicimos un gran esfuerzo para vincular la Facultad con ese núcleo de productores muy organizado, lo que nos permitió dar un salto importante en el conocimiento del problema”, y junto a los nutricionistas de la Facultad de Medicina trabajamos en forjar una realidad alimentaria soberana y sana.
“En nuestra facultad no estaba presente la agroecología, y creo que un resultado positivo de nuestro accionar es que se creó un área de agroecología y ahora hay una tecnicatura en agroecología. Hicimos un trabajo importante pero no alcanzamos a cambiar la dinámica interna de la facultad del agronegocio”, agrega el especialista.
Más allá del trabajo particular y local de cada Calisa, las 60 cátedras distribuidas alrededor de país trabajan en red para brindar luz sobre la situación de la Soberanía Alimentaría en Argentina y buscar soluciones a la realidad alimentaría y productiva que se vive en el país. La Red está dividida en foros regionales que abarcan la Patagonia, el Centro, Cuyo, la zona metropolitana de Buenos Aires, el noroeste y noreste argentino, las cátedras mantienen encuentros periódicos y trabajan de manera federal mediante reuniones virtuales. Las Calisas “son espacios de dialogo, de resistencia, de producción y fundamentalmente de propuestas para mejorar la situación alimentaria de nuestro pueblo”, explica Glenza.
Los integrantes de la red participan ad honorem de manera voluntaria, en algunas universidades brindan clases para los interesados, mientras que en otras se dedican exclusivamente a la investigación. Desde hace unos años la Red Calisas cuenta con el financiamiento de la Fundación Heinrich Boll Stiftung para realizar un informe anual sobre el tema, se trata de un trabajo de construcción colectiva realizado por los expertos de la Red en estrecho contacto con las organizaciones rurales.
“Muchas veces los relevamientos sobre la situación alimentaria de los países toman índices y estadísticas macro, sacan información de estadísticas sobre el PIB o de censos agropecuarios que brindan resultados parciales, y al final tenemos poca información de base sobre lo que realmente está ocurriendo en las localidades y el interior del país”, explica Glenza. Por eso es fundamental “abrirle las puertas a la opinión y al diagnóstico que puedan hacer los pueblos y las comunidades que viven y trabajan en el territorio y tienen una información mucho más acabada que todos estos índices macro”, esa es la relevancia de este tipo de trabajos colectivos.
Hace unas semanas presentaron ante el público el segundo Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaría en Argentina –IASSA- en la Universidad Nacional de Jujuy –UNJu-, elaborado en el transcurso del 2023. Para ello viajaron representantes de los distintos foros regionales, que aprovecharon para dialogar personalmente sobre la realidad que se vive en cada región y avanzar en la realización del tercer informe.

El documento fue presentado en Jujuy por la política federal de la Red y en reclamo a la reforma de la Carta Magna de aquella provincia, que el año pasado suscito multitudinarias manifestaciones en reclamo por la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, la privatización del agua y las limitaciones a la protesta social.
“Para nosotros fue un dolor muy fuerte la represión del año pasado, porque muchos compañeros quedaron muy golpeados, otros incluso perdieron la vista con balas de goma. Fue muy desolador, sentíamos que estábamos en una guerra de pobres contra pobres, porque fue la Policía de –Gerardo- Morales que avanzo sobre nosotros avasallando nuestros derechos. Para la policía no éramos campesinas, personas reclamando por sus derechos, sino que a sus ojos éramos todos unos delincuentes a los que había que correr con balas de goma, piedrazos y todo su aparato represivo”, recuerda Gloria Mamani, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de Vía Campesina Internacional, al ser consultada.
El informe se presentó estratégicamente el Día Internacional de la Lucha Campesina ante las autoridades de la UNJu, la prensa y los estudiantes de Ciencias Agrarias. En simultaneo se celebró una feria de productores campesinos de la agricultura familiar e indígena jujeña en las inmediaciones a la facultad.
“La situación es cada vez más compleja para nosotros los productores campesinos, es difícil hacer Soberanía Alimentaria y seguir produciendo alimentos sanos y ancestrales”, lamenta Mamani. “Más ahora que el Presidente va de la mano con los empresarios y avasalla sobre los derechos de los campesinos e indígenas. Por ejemplo, se desarmo el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena –INAFCI-, que si bien no era mucho, esa asistencia llegaba y nos aportaba a los productores de todo el país”, advierte la productora campesina.

“El cierre del INAFCI nos duele profundamente, es una señal más de las políticas que quiere desarrollar este gobierno, pero no hay que perder perspectiva de que en los últimos 40 años los sucesivos gobiernos nacionales no hicieron nada con la agricultura familiar, es un sector que se sigue achicando, tanto en cantidad de productores como en producción. No hubo ni un solo cambio estructural que facilitara esa tarea de resistencia en los territorios, y esa es una responsabilidad de la democracia argentina, y que ahora este gobierno tome estas medidas nos duele, pero no nos sorprende”, reflexiona Carballo al respecto.
A diferencia del primer informe, este segundo capítulo se centra en plasmar relatos como los de Mamani. Durante 2023, los foros regionales se reunieron en asambleas con la comunidad interesada en el tema para documentar las experiencias de las comunidades originarias, de los productores campesinos y de quienes de una u otra forma se dedican a la Soberanía Alimentaria.
El trabajo de la Red ha inspirado a muchas personas alrededor del país, “desde otras facultades nos preguntan cómo hacer para formar nuevas Calisas”, indica Glenza.
“Mirando en perspectiva no solo estamos convencidos de que vale la pena, sino de que dimos un salto importante en instalar la problemática. Aprendimos muchísimo y la catedra a nosotros nos hizo aprender cosas de la Soberanía Alimentaria que no habíamos pensado nunca y en eso fue fundamental el vínculo, el dialogo y el debate fraterno”, sentencia Carballo.
“Seguimos luchando por una Soberanía Alimentaria, por una reforma agraria donde haya muchas campesinas y campesinos con tierras y no que este concentrada en pocas manos: eso es lo que nosotros buscamos junto a otros compañeros”, anhela Mamani.
El informe de la Red está disponible para todo público en www.redcalisas.org, su distribución es libre y gratuita.

