El 1 de abril el 50% de los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales puede quedarse sin trabajo como consecuencia de dos decretos presidenciales. En vísperas de Semana Santa, cuando miles de personas aprovechan para conocer y relajarse en la naturaleza, hubo protestas en los principales Parques Nacionales del país y el jueves realizarán un paro nacional.
En Argentina existen 55 Parques Nacionales que protegen a millones de hectáreas y la biodiversidad que allí habita. Para proteger la tierra (o el mar), conservar la biodiversidad y cuidar los ecosistemas solamente hay 2.200 guardaparques nacionales repartidos en las diferentes reservas, es decir que, en promedio, hay un trabajador cada 8.000 hectáreas.
La mitad de la planta de la Administración de Parques Nacionales –APN- se encuentra con contratos temporales y precarios, además muchos cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo, un brigadista forestal está cobrando unos 420 mil pesos mensuales. Situación que ha suscitado reclamos a lo largo del tiempo, sin respuestas significativas por parte de los anteriores gobiernos, sean estos “populares” o “liberales”.
Más allá de que un gobierno destinaba más o menos presupuesto a los Parques Nacionales, había un consenso sociopolítico de mantener a las áreas protegidas, crear nuevas reservas y financiar su cuidado. Una premisa ratificada por el Estado en tratados internacionales, por lo tanto, un principio con valor constitucional.
Sin embargo, ese consenso cambió rotundamente con el nuevo gobierno, en campaña, la vicepresidenta Victoria Villaruel dijo que “cuando creás un Parque Nacional, en realidad, estás creando cargos públicos”, dejando en claro la posición del gobierno frente a los parques.
Ahora, como consecuencia de los decretos 70/23 y 84/23 (que entre otras cosas modifican el régimen de contratos estatales), más de 1.100 guardaparques, biólogos y técnicos corren riesgo de quedarse sin trabajo si no les renuevan el contrato antes del 31 de marzo. Esta situación ha despertado preocupación entre los trabajadores de Parques Nacionales, que advierten que en la APN “no sobra nadie” y que el despido de la mitad de la planta afectaría al correcto funcionamiento de las áreas protegidas.
La semana pasada hubo medidas de fuerza en el Parque Nacional El Palmar de Colón –Entre Ríos-, movilizaciones en el Nahuel Huapi –Río Negro- y reclamos en Quebrada del Condorito –Córdoba-, mientras que hoy el parque Lanín –Neuquén- fue el protagonista de las protestas de los trabajadores.
Esta tarde, en el Foro de Economistas Latinoamericanos, el presidente afirmó que “eliminamos 50 mil cargos públicos y ahora vamos a eliminar 20 mil más, hasta llegar a 70 mil”. En diferentes organismos estatales la situación es similar a la de Parques Nacionales, en el Servicio Meteorológico Nacional 671 trabajadores corren riesgo de quedar sin sus puestos laborales, en el Conicet muchos sufren la misma suerte y, en general, todos los organismos nacionales tendrán recortes en su planta de empleados.
“Reclamamos contra los despidos, contra la baja de los contratos. Queremos la continuidad laboral y por supuesto, seguimos exigiendo el pase a planta permanente de absolutamente todo el personal que se desempeña en Parques Nacionales”, explicó Gabriel Brizuela, guardaparques de Quebrada del Condorito y delegado gremial, en comunicación con La Nueva Mañana.
Otro de los inconvenientes que han generado inquietud es que el presupuesto de Parques Nacionales es el mismo que el de 2023, pese a la gran inflación y devaluación de la moneda, lo que se traduce en un fuerte recorte que pone en jaque a diversos proyectos de investigación, conservación o restauración ecológica.
Ante este panorama, el jueves realizarán un paro en los 55 Parques Nacionales reclamando por la difícil situación que enfrentan, la medida podría extenderse por el resto de semana santa si fuera necesario. “Es fundamental que los parques nacionales estén bajo resguardo del Estado porque en manos de privados, particulares, o el mercado como auspicia este tipo de políticas del Gobierno, lo que se pone por delante son los negocios, solo rentables”, sentencia Brizuela, quien advierte sobre los intereses que asechan a las áreas protegidas y los recursos que preservan.
EcoPress - Periodismo Ambiental 