EcoPress – Periodismo Ambiental

Desde hace más de un mes que la controversia en torno a la obra “Parque Acueducto Vulpiani” está presente en la agenda mediática puntana. El acampe obligó a que funcionarios y periodistas hablen del tema, lo que acarreo la difusión de mentiras y paparruchas –algunas por negligencia, otras con un propósito-.

Cuando uno se sumerge en la temática ambiental, uno de los primeros conceptos que aprende es el analfabetismo ambiental. Este concepto hace alusión a que la sociedad moderna tiene conocimientos muy vagos y banales sobre el ambiente, esto se ve reflejado en la actual crisis ecológica, la inactividad para revertirla, y en normativas que buscan cambiar esta situación, como la Ley de Educación Ambiental y la Ley Yolanda (capacitación ecológica para funcionarios).

Uno de los ejemplos más recientes del analfabetismo ambiental en el Gobierno de San Luis es el proyecto “Parque Acueducto Vulpiani”, una obra que pretendía construir edificios administrativos/comerciales, calles, plazas, parques exóticos, y un teatro al aire libre, en una zona protegida por la ley. La ejecución de la obra iba a desarrollarse en las adyacencias al Acueducto Vulpiani, y el anuncio del proyecto se dio en un acalorado ambiente electoral. Espero que esto responda al analfabetismo ambiental y no a la desidia y la corrupción.

La campaña hizo que el proyecto se haga a las apuradas, y que –por ende- su fundamentación ecológica tenga aberrantes errores, además de que la construcción inicio ilegalmente. En este texto no ahondaré en el meollo de la cuestión, desde abril hasta la fecha dedique 14 artículos/entrevistas profundizando sobre esta controversia, así que intentaré aclarar algunas falsedades que se difundieron en las últimas semanas.

El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en el marco de la ley:

La primera falsa información analizada proviene de personal del Gobierno, esta vez del ejecutivo. Pocos días después de iniciado el acampe, Lucas Caymes, jefe del Programa Obras de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, salió a los medios a asegurar que la obra fue aprobada en el marco de la ley. Sin embargo, el proceso de participación ciudadana fue opaco: se impusieron un montón de trabas al acceso a la Información Pública, se dilataron los plazos y se rechazó la solicitud de Audiencia Pública que la Asamblea había pedido para tratar una serie de irregularidades en el EsIA. Es más, se tuvo que firmar un decreto de “utilidad pública” para que la obra pueda construirse en una zona protegida por ley, decreto que se hizo antes de la aprobación ecológica, por lo que no tiene validez.

Caymes también dijo que el proyecto solo afectaría al 25% del bosque. Si bien esto es cierto, tiene una trampa: la obra fragmentaría todo el ecosistema, y fragmentar un bosque es sinónimo a destrozarlo, ya que perdería sus cualidades ecológicas y su equilibrio biológico, lo cual se agrava si tenemos en cuenta que en la zona confluyen dos arroyos y nace el río Chorrillos.

El más claro ejemplo de que la obra fue aprobada irregularmente es el fallo del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N°5, firmado por la Dra. Cynthia Fernández Paz, que suspende las obras por tres años. La sentencia es en respuesta a una medida cautelar presentada por la Asamblea, y –entre otros detalles- señala que la obra se suspende para re-evaluar la convencionalidad y legalidad del proyecto urbanístico.

Los ambientalistas impedían la libre circulación:

La segunda falacia analizada proviene de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado. Concretamente, procede de Hugo Scarso, abogado de la Fiscalía de Estado. Al ser entrevistado en Radio Universidad, el abogado dijo que el acampe de la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani impedía la libre circulación en el predio, y que el buscaba que el lugar vuelva a como era antes.

No obstante, la Asamblea no impedía la circulación de personas, al contrario: invitaba a la comunidad a disfrutar de la naturaleza del lugar. Únicamente cortaron un camino que no llega a ningún lugar, un camino que era el ingreso a una vivienda que fue expropiada para la construcción de la obra y que era la entrada para que las maquinas inicien con los desmontes.

La acusación contrasta con el Estudio de Impacto Ambiental –EsIA- de la obra, que detalla que para la construcción se iba a construir un cerco olímpico con púas galvanizadas con el objetivo de impedir el ingreso de cualquier persona ajena a la obra, el cerco quedaría una vez finalizada la obra.

Es más, la Asamblea denuncia que a raíz de la difusión de esta declaración mucha gente se acercó tímidamente al Acueducto preguntando si se podía pasar, razón por la cual tuvieron que aclararles que el espacio e público y que todos pueden disfrutar de él.  

Desoyeron una orden judicial / Están usurpando el predio:

Esta declaración proviene, otra vez, de la Fiscalía de Estado. El pasado lunes, luego de que el Tribunal de Impugnaciones tratará el pedido de desalojo del acampe, la Dra. Jennifer Corvalán –directora de la Sala Penal de la Fiscalia de Estado- fue a Canal 13 a hablar sobre esta controversia, Scarso también participo en el programa. Allí, a diferencia de la entrevista realizada en Radio Universidad (medio que entrevisto a todas las partes), los “periodistas” no retrucaron ninguna de las declaraciones, ni intentaron ir a la raíz del problema. La transmisión solo abarcó el pedido de desalojo del acampe, allí Corvalán dijo que la Asamblea incumplió una orden judicial.

Ciertamente, apenas inicio el campamento, los manifestantes recibieron una intimación de desalojo firmada por la Fiscal de Instrucción N°4 María del Valle Duran; pero amparándose en la ley vigente los asambleístas decidieron continuar con la protesta, al tiempo que se rehusaron a ser identificados. Ante esta situación, Durán solicito una orden judicial para desalojar el campamento, medida que fue rechazada por el juez de Garantías N°3, Marcos Flores Leyes. Es decir, no hubo una orden judicial para desalojar el campamento, simplemente una intimación.

En otra arista, Corvalán dijo que el terreno es propiedad del Estado provincial, por lo que los asambleístas estaban usurpando el predio, lo cual –para ella- serían motivos suficientes para ordenar el desalojo del acampe. El abogado que representa la Asamblea, Gustavo Quiroga, entiende que el predio –al ser público- es de todos, y que como el campamento era una medida de protesta no existía usurpación o hecho ilícito.

La fiscal apeló la decisión del juez Leyes, por lo que el pedido de desalojo fue tratado en el Tribunal de Impugnaciones. La primera audiencia fue citada para el 24 de julio; pero se suspendió ese mismo día luego de que el abogado Quiroga evidenciara una serie de irregularidades, entonces la audiencia se reprogramó al 7 de agosto. Una vez celebrada la audiencia, en la que la Asamblea no participo porque –paradójicamente- no se encuentra denunciada, la causa paso a cuarto intermedio.

Finalmente, el tribunal rechazó la solicitud de desalojo. En su fundamentación, el tribunal expresa que en la causa “no se extraen mínimamente elementos que pudieren determinar la posible existencia de un delito, no pudiendo la apelante siquiera determinar con precisión de que delito se trataría, ni pudiendo alegar las conductas que consecuentemente se encontraran tipificadas”, entre otros detalles. Otra vez, es un fallo judicial la mejor prueba para desmentir estas falacias transmitidas en la TV estatal.

Los habitantes de Juana Koslay están a favor de la obra:

Esta afirmación tiene trampa, fue hecha por funcionarios, periodistas afines al poder, y políticos, por lo que no mencionaré a todos sus autores. Ciertamente, hay un sector de la sociedad que está a favor de la obra; pero hay otro sector que no. Argumentando que una parte de los vecinos aprueban el proyecto, tildaron a los asambleístas como ‘enemigos al desarrollo’. A decir verdad, los asambleístas solicitaron una Audiencia Pública para tratar el proyecto, quienes defienden el proyecto podrían haberlo expresado si el gobierno hubiese celebrado la Audiencia; pero eso no paso.

Además, más allá de algún posteo en redes sociales de algún vecino, no hubo un movimiento para pedir la ejecución de la obra. Mientras que la Asamblea articula desde hace tres meses, y ha recolectado unas 5.000 firmas para respaldar su postura y pedir que en el lugar se haga una Reserva Natural Municipal.

Hay una desinformación intencional por parte de la Asamblea:

No es que me haya ensañado con Scarso, pero la mayoría de falacias y paparruchas en torno a esta controversia salieron de su boca. En el programa emitido en el canal estatal el pasado lunes, Scarso dijo que “hay una mala información intencional de la otra parte”. No obstante, las declaraciones de funcionarios relacionadas a este hecho son contadas con los dedos de la mano, mientras que la Asamblea siempre estuvo predispuesta al dialogo con la comunidad y la prensa. Además, conseguir la información ecológica del proyecto fue una odisea que demoró unos 45 días (según la ley deberían haber sido menos de 10), y la Asamblea instaló una mesa informativa para eexplicarle a los interesados los detalles del proyecto y su impacto ambiental, en la mesa informativa la Asamblea tenía toda la documentación ecológica.

Siendo honestos, hubo algún error por parte de la Asamblea a la hora de explicar los detalles administrativos a la prensa; pero estos errores no fueron más que confundir definiciones técnicas y/o legales con otras definiciones similares, errores que no afectaron a la opinión pública. Teniendo en cuenta lo desmentido en este artículo, todo índica a que, si alguien intentó desinformar y manipular la opinión, la Asamblea no fue la responsable.

San Luis es vanguardia en materia ambiental:

Por último, desmentir esta aseveración que diferentes actores dependientes del Estado provincial y/o simpatizantes del gobernador repiten infundadamente. Para descalificar el reclamo de la Asamblea y ocultar las irregularidades legales en torno a esta obra, diversos actores (mediáticos, políticos, judiciales, etc) afirman que la Provincia de San Luis es vanguardia en materia ambiental. Esta afirmación no tiene sustento, ya que no hay estadísticas nacionales que den fe de ello. En todo caso, la provincia de Misiones (más allá de sus fracasos y políticas inútiles) se posicionaría a la vanguardia ambiental, ya que fue la primera provincia en crear un Ministerio de Ambiente (hace 33 años), y la

Para establecer cuál es la provincia más avanzada en materia ambiental se requiere de una investigación exhaustiva, además de viajar por los territorios, si lo hiciésemos veríamos que San Luis está muy lejos de ser vanguardia en ecología.

Foto de portada: La Bulla Comunicación Alternativa.