EcoPress – Periodismo Ambiental

La Asamblea de Punilla denunció que cuatro policías encapuchados le dieron una golpiza al nieto de un vecino de 84 años que es “forzado al desalojo” para construir la Autovía de Punilla. La víctima está internada y tiene el pulmón perforado.

A pesar de la oposición de los vecinos, académicos y expertos en ambiente, la Autovía de Punilla avanza a la fuerza. La nueva autovía arrasará con parte del poco monte nativo que queda en la provincia más desmontada del país, esa es una de las razones de la oposición al proyecto. 

A pesar de que en la Audiencia Pública la amplia mayoría manifestó su rechazo a la Autovía de Punilla, por los impactos ambientales y sociales, el gobierno de Schiaretti está decidido en avanzar con la obra.  

La construcción de la obra no es posible sin avasallar los derechos de las Asambleas y los vecinos perjudicados: por eso se desalojaron violentamente los acampes sobre la ruta y se realizan prácticas de persuasión ilegales. 

El último hecho ocurrió el sábado a la noche cuando cuatro policías encapuchados le dieron una golpiza al nieto de Abel Mendez, un señor de 84 años que es “forzado” a abandonar su vivienda ya que las obras pasarán por su hogar. Abel no quiere abandonar su casa por diversas razones, entre ellas “porque no hay precisión sobre el monto de la expropiación”, relata la Asamblea de Punilla. 

Para “forzarlo” a abandonar su hogar, le cortaron la luz y el agua, denuncia la Asamblea. Además, el pasado sábado le dieron una golpiza a su nieto, Franco, él “fue al pueblo a cargar la batería de su celular -recordemos que les cortaron la luz-, y al regresar 4 policías conduciendo motos de la fuerza, uniformados, encapuchados y en plena oscuridad le dieron una paliza -a Franco-, dejándolo tirado en la tierra. Él pudo comunicarse y fue socorrido por un amigo”, denuncia la Asamblea. 

Luego “fue llevado por otros vecinos al Hospital Domingo Funes”, agrega la Asamblea y detalla que “tiene perforado el pulmón” por las patadas recibidas. Franco quedó internado y los vecinos fueron a la Unidad Judicial de Cosquín, donde realizaron la denuncia correspondiente. 

Según denunció Gabriela, una de las vecinas de Franco, un día antes habían sido reprimidos por intentar “resguardar un sitio de memoria ancestral”. Gabriela agrega que es intimidada por la empresa Roggio, y detalla que están en contacto con otras familias víctimas de intimidaciones y prácticas de persuasión ilegal, según declaraciones a la prensa local. 

Apoya al periodismo ambiental autogestivo aportando mediante Billetera Virtual al alias “Eco-Press”.